Laura Cucchi. Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente del departamento de Historia en la misma universidad. Becaria doctoral por el CONICET con el tema: "Los límites de la oposición: opinión pública, disenso y violencia política. Córdoba (1877—1880)". Miembro del proyecto UBACYT Estado, Política y Ciudadanía en la Argentina de la Segunda Mitad del Siglo XIX. Prácticas y Representaciones, dirigido por la doctora Hilda Sabato, del Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA), del Instituto Ravignani, de la UBA.
María José Navajas. Doctora en Historia por El Colegio de México y becaria posdoctoral por el CONICET—Instituto Ravignani. Su tema de investigación es "La política tucumana entre 1880 y 1893: trayectos desde el consenso al conflicto". Algunas de sus publicaciones relevantes son: "Prácticas electorales y cultura política: Tucumán (Argentina), segunda mitad del siglo XIX ", Estudios Políticos, núm. 22, 2003, pp. 227—263; "Las identidades políticas en la retórica de la prensa tucumana,
En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre el papel que desempeñó la prensa política en dos provincias argentinas (Córdoba y Tucumán) en el desarrollo de una coyuntura particularmente conflictiva: los años transcurridos entre la proclamación de la conciliación de los partidos en 1877 hasta las elecciones presidenciales de 1880. En ese contexto se produjo un intenso debate en el que diarios y periódicos ocuparon un lugar principal y en el que se articularon temas clave de la política decimonónica. Por consiguiente, aparece como un terreno rico para la exploración de prácticas y representaciones vinculadas al papel de la prensa como actor clave en la enunciación y divulgación de opiniones divergentes y, con ello, en la tramitación del conflicto político.
This paper reflects on the role played by the political press in two Argentinean provinces, Córdoba and Tucuman, in the development of a particularly conflictive moment: the years that elapsed between the proclamation of the conciliation of the parties in 1877 until the presidential elections of 1880. This context saw an intense debate in which newspapers played a leading role and key issues in 19th century policy were discussed. This is fertile ground for the exploration of practices and representations linked to the role of the press as a key actor in the expression and dissemination of divergent opinions and political conflict management.
El tema de la prensa y de la opinión pública en la América Latina decimonónica ha merecido particular atención en los últimos años. Trabajos provenientes de la historia política, así como aquellas miradas que incorporan las propuestas metodológicas de la denominada "nueva historia intelectual", han llamado la atención respecto del papel central que desempeñó la prensa en los escenarios políticos posrevolucionarios como espacio y herramienta primordial del debate público.1 En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la labor que ejerció la prensa política en dos provincias argentinas, Córdoba y Tucumán, en el desarrollo de una coyuntura particularmente conflictiva.2
El propósito es establecer de qué manera los diarios y periódicos funcionaron como un ámbito clave para la expresión de las polémicas y la definición de las disputas políticas que afectaban a los escenarios locales, pero que también tenían un estrecho vínculo con las cuestiones que se debatían a escala nacional. El interés por los escenarios estudiados surge de la gravitación política que ambas provincias detentaron durante la presidencia de Avellaneda (1874—1880), así como del protagonismo de sus dirigencias en la formación de un nuevo elenco político nacional.3
La etapa que delimitamos para analizar la prensa está signada por la política de "conciliación de los partidos", enunciada y promovida desde el ejecutivo nacional a mediados de 1877 para intentar encauzar los enfrentamientos derivados de la elección presidencial y, de esa manera, lograr disipar las turbulencias que se avizoraban para la sucesión. Aunque el objetivo principal de dicha propuesta era la supresión de los conflictos que amenazaban la estabilidad institucional, lo cierto es que su puesta en práctica suscitó diversas disputas y las elecciones presidenciales de 1880 fueron seguidas de un levantamiento armado de proporciones notables, liderado por el gobernador de Buenos Aires.
En los años transcurridos entre la proclamación de la conciliación hasta la insurrección, los avatares de la política definieron un contexto particularmente agitado, caracterizado por un intenso debate público en el que diarios y periódicos ocuparon un lugar principal. En tal sentido aparece como un terreno rico para la exploración de prácticas y representaciones vinculadas al ejercicio de la prensa como actor clave en la enunciación y divulgación de opiniones divergentes y, con ello, en la tramitación del conflicto político. Por otra parte, en tanto práctica comparativa de dos escenarios locales, puede contribuir a identificar problemas e itinerarios comunes, especialmente en lo que se refiere al funcionamiento de la prensa política y a la vinculación nación—provincias. Al mismo tiempo, será de utilidad para llamar la atención sobre las particularidades propias de cada caso.
El texto está organizado de la siguiente manera. En el primer apartado puntualizamos las principales cuestiones acerca del papel de la prensa y su vinculación con el tema de la opinión pública, subrayando las contribuciones que desde la historia política, así como desde la historia conceptual y de los lenguajes políticos, resultan más sugerentes para nuestro análisis. A continuación exponemos los detalles fundamentales de la propuesta de "conciliación de los partidos" y precisamos los desafíos y discrepancias que suscitó su aplicación. A partir de ese contexto, exploramos los conflictos que se produjeron en Córdoba y Tucumán como consecuencia de la proclamación de dicha política y que aparecen muy visibles en los debates periodísticos. Podrán advertirse ciertas paradojas que, si bien surgen de casos y coyunturas particulares, pueden considerarse propias de las representaciones y prácticas del liberalismo decimonónico. Justamente el análisis puntual de los diarios y periódicos nos permitirá comprobar tales paradojas en lo que se refiere a la prensa y a la opinión pública.
La prensa constituyó un ámbito medular del debate público y del accionar político a lo largo del siglo XIX. Durante la etapa de crisis de la monarquía española y desarrollo de los movimientos de emancipación se produjo un notable incremento de diarios y periódicos y, lo que es aún más importante, el papel mismo de estos medios sufrió una profunda transformación en función de la urgencia política posrevolucionaria de dotar al poder de nuevos principios de legitimidad. A partir de ese momento la prensa funcionó como una de las formas en que se materializó la figura elusiva de la opinión pública que, una vez fundadas las noveles repúblicas, se constituyó en uno de los pilares fundamentales en los que se asentaba la legitimidad de los gobiernos. Dentro del imaginario republicano, la noción de pueblo elector como sujeto soberano se complementaba con esa figura de la opinión pública que debía oficiar como instancia de control de los actos de gobierno.4 De allí la amplia libertad de prensa sancionada en los distintos escenarios revolucionarios. En el caso específico del Río de la Plata, se promulgó en 1821 una la ley de imprenta que reconocía su lugar central en el sistema político posrevolucionario y, más aún, en el proceso civilizatorio, como "vehículo y fábrica de la ilustración de los ciudadanos rioplatenses".5 Aunque pocos años más tarde esa libertad se vio seriamente recortada, la Constitución de 1853 volvió a sancionarla y, entre los derechos que se les reconocían a todos los habitantes de la Confederación Argentina, se estableció el de "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".6
A diferencia de otros ámbitos de intervención política como las milicias o las movilizaciones electorales, a lo largo del siglo la prensa se mantuvo como espacio vinculado mayormente a las dirigencias.7 Estas buscaron presentar allí sus polémicas y dirimir sus desacuerdos, como modo de constituir, a la vez que expresar, esa opinión pública que se invocaba como tribunal de todos los actos políticos. Por ello, las formas en que se pensó el papel de la prensa a lo largo del siglo no podían desvincularse del modo en que los contemporáneos concebían la figura de la opinión pública.8
Ese debate que la prensa articulaba y amplificaba entraba en contradicción con una imagen muy cara al liberalismo decimonónico en la que la unanimidad y la uniformidad de opiniones se presentaban como valores altamente deseables y como una precondición para el orden que pretendía establecerse. Ciertamente, la pretensión por establecer un campo de principios compartidos y unívocos suponía la exclusión tanto de ciertos temas que se buscaba mantener impermeables a las lealtades políticas,9 como de aquellas nociones y propuestas consideradas nocivas para la armonía y el progreso social. Esto planteó una cuestión prácticamente irresoluble para la efectiva vigencia de la libertad de opinión, ya que su completo acatamiento podía permitir —y de hecho lo hizo— la difusión de nociones contrarias a los preceptos fundamentales del pensamiento liberal o la promoción de acciones incompatibles con las necesidades de ordenamiento institucional que los distintos gobiernos ensayaban.10 En este sentido, se ha planteado la idea de un "cortocircuito" entre la proclamación principista de una libertad de prensa y las consecuencias prácticas que ello rápidamente generaba. 11 La bibliografía coincide en señalar que esta tensión se hizo más evidente en la segunda mitad del siglo XIX, momento en que se reveló más claramente que, más allá de los deseos de existencia de una opinión pública monolítica, la heterogeneidad de opiniones y la intensificación de las disputas se presentaban como hechos irremediables.12
En lo que se refiere a los territorios que luego integrarían la República Argentina, pueden advertirse cambios significativos a partir de la década de 1850. Durante el régimen rosista13 se habían establecido límites legales, así como otras restricciones prácticas y a menudo violentas, que coartaron seriamente el ejercicio de la libertad de imprenta y obligaron a muchos intelectuales y publicistas a emigrar. De esta manera se procuró consolidar un monopolio ideológico del discurso público, en el que progresivamente se fueron identificando el discurso institucional del Estado y el discurso partidario. La reformulación del esquema político e institucional que siguió a la derrota de los gobiernos rosistas generó el ámbito propicio para la multiplicación de las instancias de participación e intervención pública y la reactivación del debate.14 Uno de los datos más palpables de tales cambios es el número de impresos: a partir de ese momento comenzarían a proliferar publicaciones cuya suerte dependía, en la mayoría de los casos, de los avatares de los sectores políticos que habían impulsado su aparición, aunque su relación con ellos no estuviera libre de tensiones. Este crecimiento de la prensa era visto como un síntoma positivo en la experiencia republicana en curso. En sintonía con esas percepciones, la prensa se presentaba a sí misma como "el gran cronómetro político que marca el grado de libertad, civilización y progreso de los pueblos".15
Sin embargo, el cortocircuito al que hacíamos referencia volvía a presentarse en la medida en que esa multiplicación daba lugar al conflicto entre opiniones más que al acuerdo y desafiaba abiertamente a los gobiernos establecidos, promoviendo una intervención en el espacio público que no siempre se consideraba deseable en tanto iba asociada con métodos violentos. Esa falta de uniformidad en la opinión pública fue señalada por muchos como la causa de la inestabilidad política posCaseros y de las dificultades para la institucionalización de un régimen político nacional. De allí que, en varias coyunturas especialmente conflictivas, como la guerra del Paraguay (1865—1870) o el levantamiento mitrista de 1874, se buscara limitar la libertad de imprenta, llegando incluso a la clausura de periódicos.
Esa proliferación de las publicaciones y la intensificación de los debates formaban parte de un cambio aún más significativo del actuar de los medios en el escenario político. Por una parte, diarios y periódicos funcionaban como una herramienta clave para la divulgación de ideas y, por lo tanto, como un instrumento que se proponía persuadir y convencer a un público que intervenía en la política a través de distintos espacios: elecciones, mítines, asociaciones de variada índole, etc. Por otra parte, y esta sería la cuestión más decisiva, la prensa revelaba una notable "capacidad material para generar hechos políticos [...], sirviendo de base para los diversos intentos de articulación (o desarticulación) de redes políticas".16 Esto pone de relieve el papel de la prensa en la apelación, pero a la vez, en la definición de identidades colectivas donde la argumentación racional no tiene tanta importancia como los elementos de tipo emocional. Tales cambios aparecen íntimamente relacionados con las prácticas políticas que caracterizaron esta etapa, donde las disputas por el control de los comicios definieron una dinámica que semejaba una batalla, aunque con límites previamente establecidos.17
El vínculo entre esos dos espacios —la prensa y las elecciones— aparece como un trayecto de dos vías: los diarios partidarios promovían la participación de los electores, daban detalles acerca de la organización prevista por las dirigencias y les indicaban con toda precisión por quiénes debían votar. Todo esto definido por un discurso de antagonismos irreductibles en el que se confrontaba permanentemente con el adversario. Luego venía el día de los comicios que podía desarrollarse con cierto orden y tranquilidad o convertirse en un combate liso y llano. Esto era recogido por la prensa partidaria y representado con una discrecionalidad y parcialidad desembozada, reforzando, de esa manera, un relato de antinomias rígidas, con identidades claramente enfrentadas e incompatibles. En ese itinerario entre las palabras y las acciones los periódicos no sólo reproducían antagonismos preexistentes, sino que también desempeñaban un papel fundamental en la redefinición de los mismos y, de esta suerte, en la conformación de sentidos de comunidad.18
Como ya apuntamos en el primer apartado, la etapa aquí considerada se caracterizó por una intensa politización que afectó a varias provincias y que se expresó muy claramente a través de acaloradas polémicas en los espacios parlamentarios y en la prensa política, además de suscitar episodios violentos de diversa magnitud. Ese vigor en el debate y en las disputas electorales se inscribía en un contexto enmarañado por los realineamientos de los grupos políticos y la conformación de clubes y partidos con vistas a la carrera presidencial que debía definirse en abril de 1880. Aunque tales enfrentamientos no remitían a proyectos políticos claramente enunciados y diferenciados, deben señalarse dos conflictos que funcionaron como ejes del mencionado debate. En primer lugar aparecía un asunto que había quedado inconcluso desde la sanción de la Constitución nacional en 1853: la delimitación de un territorio federalizado que sirviera de asiento y estuviese bajo la jurisdicción exclusiva de las autoridades nacionales. A lo largo de décadas se habían esbozado varias leyes para establecer la sede del gobierno federal en Buenos Aires, pero aún no se había logrado una solución definitiva y las autoridades nacionales permanecían como "huéspedes" del gobierno porteño.19 En segundo lugar se planteó el tema que desencadenó el conflicto armado entre Buenos Aires y el gobierno nacional a mediados de 1880: cómo se distribuía y ejercía el atributo de la violencia legítima.20 Al respecto, las autoridades porteñas sostenían que el poder de coerción debía estar repartido entre un ejército profesional controlado por el gobierno federal y milicias ciudadanas que respondieran a los gobiernos de los estados. El ejecutivo nacional no admitía esta posibilidad; por el contrario, reclamaba el monopolio del poder de fuego y les negaba a los gobernadores toda potestad en la convocatoria y movilización de fuerzas.
Tales cuestiones se vincularon muy estrechamente con los enfrentamientos partidarios de esta etapa y con las polémicas acerca de la "libertad electoral" y las acusaciones reiteradas por el fraude y la manipulación de los votantes. Bajo esas expresiones se había producido una serie de levantamientos armados en septiembre de 1874 en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza y Corrientes para impugnar los comicios presidenciales realizados unos meses antes. Dicha elección había consagrado por una amplia mayoría la fórmula Avellaneda—Acosta, que cristalizaba el acuerdo entre el autonomismo porteño y las elites del Interior.21El gran derrotado en las urnas fue el Partido Nacionalista que había postulado a Bartolomé Mitre. Losnacionalistas, a través de sus órganos de prensa, cuestionaron la validez de las elecciones denunciando diversos mecanismos fraudulentos y reivindicando la legitimidad de la protesta armada contra un gobierno que, según este mismo argumento, violaba la libertad electoral y los preceptos fundamentales del régimen representativo consagrado por la Constitución. En tales condiciones la "revolución" era (invocada como) el único camino posible para restituirle al pueblo la soberanía que le había sido usurpada.22 De esa manera, los periódicos partidarios cumplieron un papel destacado en la articulación y difusión de la retórica revolucionaria, pregonando los atentados y fraudes sufridos y postulando el camino de las armas para derrocar a un gobierno que se presentaba como despótico.23 El objetivo concreto era ejercer presión sobre el gobierno nacional para forzar una negociación que permitiera a los nacionalistas reincorporarse al ámbito institucional. Pero las fuerzas rebeldes fueron derrotadas en dos batallas decisivas y se les impuso el criterio de rendición incondicional que reafirmaba el principio de autoridad del Estado nacional.
A pesar de ese desenlace, el escenario político resultante distaba de proporcionar orden y estabilidad. El partido derrotado sostenía la legitimidad de una estrategia que combinaba la abstención electoral con la protesta armada, lo cual suponía una amenaza permanente para el gobierno establecido.24 Desde la perspectiva del presidente Avellaneda, la solución radicaba en la reincorporación de la oposición al escenario institucional. Así, una vez sojuzgada la sublevación y sometidos sus partícipes al imperio de la ley, se propuso sustentar un mensaje de moderación y conciliación con los vencidos. En forma conjunta, se subrayó la necesidad de establecer dos reformas legislativas: la primera debía corregir los vicios de la práctica electoral y garantizar "la verdad del voto popular", mientras que la segunda debía atender aquellos "abusos de la prensa" no contemplados por el derecho común que sólo castigaba las calumnias e injurias.25 Si bien se reconocía explícitamente que no se podía dictar una ley que restringiera la libertad de la palabra, porque contrariaba el espíritu y las doctrinas constitucionales, esto no amparaba a aquellas publicaciones que promovían la sedición contra los gobiernos establecidos:
La Constitución ha organizado un gobierno con todas las facultades necesarias para su sostén, en la paz por las vías pacíficas de la justicia y en la guerra por las armas; y no es cierto que haya querido destruir su obra dejando a su frente otro gobierno antagonista —el gobierno de la procacidad anónima y de la demagogia altanera que levanta con ostentación su tribuna, o por mejor decir su pendón.26
Por otra parte, una serie de condiciones instó a la puesta en marcha de un proceso de negociación con la dirigencia nacionalista. A la inestabilidad que suponía la amenaza de levantamientos armados, se sumaban los conflictos suscitados en varias provincias que demandaban la utilización de una cantidad creciente de recursos para el mantenimiento y aprovisionamiento de tropas del ejército ocupadas en resolver dichas cuestiones. Esta situación se veía agravada por la crisis económica y por potenciales conflictos bélicos con Brasil y Chile, sucesivamente.27
Sin embargo, la puesta en práctica de las medidas acordadas con el Partido Nacionalista encontró importantes resistencias dentro de la heterogénea alianza que había respaldado el ascenso de Avellaneda a la primera magistratura. Gran parte de los sectores que integraban esa coalición consideraba que la marginación de losnacionalistas constituía un requisito indispensable para consolidar su predominio provincial o regional. Esto era particularmente evidente en el caso del autonomismo porteño, principal adversario de aquel en la disputa por el control de los cargos representativos y administrativos en Buenos Aires.28 Aun así, el lanzamiento formal de la política de conciliación se realizó en forma conjunta con el gobernador de dicha provincia. El paso final para completar las demandas del Partido Nacionalista consistía en levantar el estado de sitio y otorgar la amnistía para el general Arredondo que había dirigido la sublevación y estaba prófugo.29 Esta última medida generó numerosos cuestionamientos por parte del autonomismo, de la dirigencia militar y de grupos políticos de varias provincias.
Además de las discrepancias suscitadas en Buenos Aires, pronto se hicieron evidentes las resistencias en las demás provincias. El compromiso asumido por Avellaneda de garantizar la vigencia de su propuesta en el resto del país atentaba contra los acuerdos que sustentaban su gobierno en algunas provincias. Lo más preocupante era que sacudía las estructuras en una etapa en que empezaba a definirse la sucesión presidencial. La aplicación de la consigna de conciliación de los partidos suponía la reincorporación de los nacionalistas a los espacios de gobierno mediante la formación de listas mixtas —es decir, listas de candidatos con representantes de ambos grupos— en los comicios para la renovación de los cargos electivos: diputados provinciales y nacionales y electores. De esta manera, algunos grupos que habían accedido a dichos cargos a partir de la exclusión de los nacionalistas, formando parte de la coalición que había sustentado la candidatura de Avellaneda, resultarían desplazados con la puesta en práctica de la política delineada por el presidente. Por estos motivos, la consigna fue escasamente atendida o directamente ignorada en algunas provincias como Entre Ríos o Santa Fe. Pero en otras se pensó como una estrategia conveniente para subsanar conflictos previos entre la dirigencia local; esos frieron los casos de Tucumán y Mendoza. En definitiva puede decirse que desde un principio la conciliación fue juzgada de distinta manera por las dirigencias políticas y, sobre la base de esas diferencias, se plantearon líneas de acción divergentes. Mientras algunos entendían que perturbaría la vida política local, desestabilizando el escenario electoral; otros señalaban que podía ser un mecanismo eficaz para resolver la representación de un sector de la oposición en un marco legal que establecía la elección por mayoría simple de lista completa.30
Tales disidencias y las rivalidades ya mencionadas promovieron una enérgica politización en la coyuntura de fines de la década, cuya expresión más clara se advierte en la prensa, no sólo por la cantidad de diarios y periódicos establecidos en esos años, sino también por la intensidad del discurso y la virulencia del debate. A su vez, esto nos permite señalar que la prensa no sólo funcionó como manifestación del conflicto político, sino que también contribuyó de manera decisiva a su configuración y materialización. En los siguientes apartados, mediante el análisis de los periódicos de Córdoba y Tucumán y las circunstancias políticas de cada caso, podremos desarrollar las cuestiones mencionadas.
Córdoba se ubica en la zona central del territorio argentino y a lo largo del siglo XIX desempeñó un papel protagónico en las alternativas políticas del ex virreinato del Río de la Plata. Según el censo de 1869, su población ascendía a 210 508 habitantes, lo cual la convertía en la segunda provincia más poblada del territorio argentino y le otorgaba un peso bastante significativo en las elecciones presidenciales con 26 electores.31 En lo que se refiere a la prensa, también aparece en un lugar destacado con 35 periódicos a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Esto la ubicaba entre Buenos Aires, donde aparecieron 221 en el mismo periodo, y provincias como Santiago del Estero o Catamarca, que no registran publicaciones periódicas hasta promediar el siglo.32 El renacimiento de la vida política que siguió a Caseros modificó este panorama profundamente. Especialmente a partir de la década de 1860 tuvo lugar una significativa multiplicación de las publicaciones, en el marco de una renovada libertad de imprenta. Esta proliferación se produjo como resultado de las necesidades de organización e intervención política en el escenario posCaseros, donde las asociaciones de tipo político y la prensa ocuparon un lugar central. Pero, además, esta expansión era promovida por un discurso liberal que se fue organizando en torno a un punto de consenso básico entre los distintos sectores políticos locales. Este estaba dado por la percepción compartida del papel que le cabía desempeñar a la prensa en la modernización sociopolítica de la provincia que todos pregonaban como su principal anhelo. Desde ese discurso la organización de asociaciones políticas y la fundación de nuevos periódicos aparecían como las acciones necesarias para dar vida al espíritu público, formar ciudadanos y fomentar una participación más amplia en la vida pública.33
Sin embargo, conforme fueron apareciendo nuevos periódicos, comenzó a ser planteada una escisión entre las formas deseables y las formas efectivas de funcionamiento político. En ese marco, aunque no se impugnó el papel de la prensa, se presentaron algunas tribulaciones en relación con los efectos desestabilizadores que traía una multiplicación de voces que no parecían tender a uniformarse. Así, las opiniones cada vez más heterogéneas que veían la luz en la provincia eran presentadas como un claro síntoma negativo del nuevo teatro político.34 Según lo analizado por Chaves para el periodo, hubo dos cuestiones fundamentales sobre las que se produjo el debate.35 En primer lugar, las reformas secularizantes que, sobre finales de la década de los setenta, el gobierno provincial en manos de Antonio del Viso y círculos universitarios anticlericales proyectaban para la provincia. En segundo lugar, la cuestión electoral, tema que se planteaba de manera preferente en la sección editorial de los periódicos de la oposición, donde se denunciaban diversos mecanismos que el gobierno instrumentaba para coartar la libertad electoral.
El primer punto de disenso estaba vinculado con las tensiones entre el catolicismo y el liberalismo local. Constituye una peculiaridad cordobesa el poder que la Iglesia católica tuvo allí desde los tiempos de la colonia, y las formas en que esa presencia atravesaba todos los ámbitos de la vida política provincial. A lo largo de la década de 1870 tuvo lugar un conjunto de polémicas entre liberales y católicos locales, en virtud de una serie de medidas que los sucesivos gobiernos pusieron en ejecución para modernizar las estructuras administrativas de la provincia, terminando con el dominio que la Iglesia ejercía en algunos ámbitos: el registro de nacimientos y defunciones, la regulación de los matrimonios, el área educativa y los recursos de bienes de capellanías. Estas fricciones colocaron las cuestiones relativas a la separación de Estado e Iglesia en el centro de la discusión en la prensa.36 A partir de allí comenzó a delinearse un discurso católico claramente político,37 sobre todo a través de la transcripción de pastorales en El Eco de Córdoba. Este diario había sido fundado el 13 de septiembre 1862 por Ignacio Vélez, y aunque apoyó a distintos sectores políticos provinciales a lo largo de las dos décadas siguientes, en materia religiosa se mantuvo como la voz principal de los sectores católicos.38
La Iglesia local presentaba el avance del liberalismo cordobés sobre los espacios que tradicionalmente estaban bajo dominio eclesiástico como una ofensiva anticristiana proyectada desde Buenos Aires y ajena a los intereses del Interior. Los sectores ultraliberales de la provincia eran identificados, así, como enemigos de los intereses cordobeses que debían ser combatidos.39 El principal diario liberal local era El Progreso, fundado el 7 de septiembre de 1867 por Ramón Gil Navarro y con el objetivo de luchar "por una causa política que era la de la Constitución, por la extinción de esa filoxera social que se llama fanatismo religioso".40 A lo largo de la siguiente década fue el principal periódico de oposición. Esto se modificó en 1877 cuando de la mano del nuevo gobernador, Antonio del Viso, llegaron dos importantes figuras liberales de tendencias anticlericales —Miguel Juárez Celman y Carlos Bouquet— al ejecutivo provincial. A partir de allí, El Progreso se convirtió en el diario más cercano al oficialismo, tanto en función de sus simpatías políticas como por el vínculo financiero que pasó a tener con el gobierno provincial.41
Este diario presentaba estos conflictos con el catolicismo local en términos de oposición entre tradicionalismo y progreso:
Estamos presenciando esta grandiosa lucha empeñada entre poderosas tuerzas de la época auxiliadas por el espíritu progresista de nuestros actuales mandatarios y las viejas tradiciones del pasado, cuyo solo recuerdo basta para hacer enrojecer de vergüenza al más impasible de sus hijos. Estamos contemplando el terrible combate de las ideas nuevas y liberales con las ideas viejas y retrógradas. El liberalismo, sinónimo de progreso con las preocupaciones de la ignorancia, sinónimo de estancamiento y de retroceso.42
Estos fueron los dos periódicos principales en la provincia hasta 1880, pero existieron muchas otras hojas de vida más corta. En general la aparición de las mismas estuvo asociada a disputas electorales que, como mencionamos, constituyeron el segundo punto central de los debates en la prensa.
La política cordobesa estuvo dominada hasta 1877 por el Partido Liberal Nacionalista que a lo largo de esa década se encolumnó tras el apoyo a la gestión de Sarmiento, presidente entre 1868 y 1874, respaldando luego la elección de Avellaneda. Este sector contó con el apoyo del Partido Liberal Autonomista de la provincia. Ambos grupos acordaron una fórmula negociada para la elección de gobernador de 1877, donde el nacionalismo?43 que era el sector con más poder, colocó su candidato para gobernador. Mientras el autonomismo logró la vicegobernación para uno de sus hombres, el doctor Antonio del Viso. Pero la muerte del mandatario electo antes de su asunción, dejó a Del Viso al frente del ejecutivo provincial y, con él, jóvenes referentes de la juventud universitaria de Córdoba, que defendían posturas fuertemente anticlericales.
A pesar de las proclamaciones a favor de la política de la conciliación de todo el arco político de la provincia, a poco andar de este nuevo gobierno se conformó en las cámaras un sector de oposición liderado por hombres delnacionalismo, que se oponían a varias reformas impositivas y administrativas que el autonomismo buscaba llevar a cabo. Las polémicas del ámbito legislativo se manifestaron rápidamente en la prensa a través de la aparición de nuevos periódicos como Los Principios, El Nacionalista, El Pueblo Libre y El Jaspe. Estos se sumaron a las publicaciones opositoras de más vieja data como El Eco de Córdoba que mencionamos anteriormente, y La Carcajada, fundada en 1871 por Armengol Tecera, que si bien era claramente opositor alautonomismo, no por ello ahorraba críticas a los hombres del nacionalismo. Desde sus páginas se criticaba a toda la clase política y se presentaba, en tono "jocoserio", la situación local.
Como ya señalamos, el segundo punto más atendido por las publicaciones estaba dado por las disputas en torno a los comicios. Específicamente denunciaban la participación del gobierno en las urdimbres electorales para alejar al pueblo de las urnas. Las elecciones eran presentadas en ese sentido como el enfrentamiento entre el pueblo entero que buscaba hacer efectivo el sufragio, y las máquinas montadas por las fuerzas oficialistas que lo impedían. La oposición sostenía que la conciliación de los partidos proclamada desde Buenos Aires y "aceptada por la opinión" en el Interior constituía
el reconocimiento explícito de los derechos del pueblo por parte del poder elector, es el derecho a su ejercicio sin intervención de la fuerza, es el imperio de la Constitución en la realidad, es el respeto de los partidos, es la paz como consecuencia, es la armonía para perseguir un gran fin social.44
Con base en esto proclamaba que el avasallamiento de las libertades electorales por parte del oficialismo significaba su abandono de la política de conciliación. Conforme avanzaba el año 1878 y de cara a la renovación de las primeras magistraturas provincial y nacional entre fines de 1879 y comienzos de 1880, la prédica de la prensa contra el gobierno autonomista se recrudeció. Junto a las críticas dirigidas a Del Viso y su círculo, comenzaba a producirse también una impugnación de la figura de Roca, cuya candidatura a presidente comenzaba a esbozarse con bastante claridad en varias provincias.
El debate en la prensa se agudizó a lo largo de los meses siguientes. La oposición reinstaló los argumentos a favor del uso de la fuerza para defender los derechos y libertades que se consideraban vulnerados. En particular, denunció que se estaba atentando contra el derecho a reunión y a la libertad del sufragio y que, por consiguiente, no quedaba otro camino para expresarse que el "revolucionario"; opinión compartida por el diario que materializaba la voz católica, y afirmaba que en la medida en que las soluciones constitucionales se veían obturadas, la única salida para salvar las instituciones republicanas era la resistencia "con las armas en la mano".45
Frente a esto el gobierno buscó limitar este discurso opositor, restringiendo la libertad de prensa, primero de hecho —a través del empastelamiento de imprentas, la agresión física a periodistas o su prisión sin juicio previo—46 y luego a través de la reforma de la ley provincial de imprenta. El diario cercano al oficialismo —El Progreso— comenzó a publicar editoriales donde, sin negar la centralidad de la libertad de imprenta, presentaba lo que consideraba abusos cometidos en su nombre y justificaba en virtud de ellos las decisiones gubernamentales para "contenerlos":
Debido a la suma libertad de imprenta, tenemos en la provincia algunos pasquines que llevados por la fatal corriente que arrastra a sus mismos ídolos de barro, cometen el más grande de los crímenes instigando el pueblo a la revuelta, para lograr los descabellados propósitos de un partido que juega el todo por el todo, para treparse al poder. [... ] Todos los extremos son fatales, ni hay que discutirlo, porque es un axioma; la libertad de imprenta es necesaria, precisa, indispensable, sobre todo en un país democrático republicano, pero en la República Argentina y particularmente en Córdoba, los abusos que se cometen de esa libertad llegan precisamente a tocar los extremos, pues en vez de educar las masas, ciertas publicaciones las corrompen y es un sagrado deber del gobierno que ama a sus gobernados cortar cuanto antes tan graves abusos.47
En diciembre de 1879 se sancionó una nueva Ley de Imprenta48 que establecía que se sometería a juicio a todo periodista, o en su defecto al editor responsable, que "injuriase o calumniase" a "magistrados o personas públicas". Esta reglamentación consideraba esas acciones actos de rebeldía y establecía penas que iban desde multas —que podían ser ejecutadas sobre la propiedad de la imprenta— hasta 30 días de prisión. Esta ley fue aprobada sin dificultades por las Cámaras cordobesas, en las cuales los autonomistas contaban con mayoría absoluta. Dado que no siempre se podía establecer el autor de determinada publicación que debía ser juzgada, resultó muy importante la inclusión de un artículo que indicaba que todo periódico debía contar con un editor responsable, sobre el cual recaería la pena si no pudiese establecerse la identidad del periodista autor de la falta.49 Sancionada esta ley, se solicitó a los diarios enviar cuatro ejemplares de cada publicación y la lista de editores responsables, a lo cual los principales diarios opositores se negaron.50 A partir de entonces se sucedieron las denuncias a los diarios opositores (especialmente a El Pueblo Libre) y las multas se saldaron en más de una oportunidad con el arresto del periodista.51
Finalmente la elección de gobernador fue ganada por el oficialismo con la fórmula Juárez Celman—Tristán Malbrán, lo cual fue denunciado por la oposición como una violación de la voluntad del pueblo cordobés a través del fraude y la violencia del Estado provincial. Frente a esta situación los periódicos opositores justificaron el derecho de rebelión y convocaron a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias para defender sus derechos ultrajados.52 El 26 de febrero de 1880 un sector importante de la oposición, entre quienes se encontraban las principales figuras del Partido Liberal Nacionalista y los redactores de los diarios opositores, se reunió en la imprenta de El Pueblo Libre y avanzó armado de Remingtons en dirección a la casa de gobierno para exigir la renuncia del gobernador y el vice. Aunque apoyado por las fuerzas del la guardia provincial, este movimiento fue sofocado por las armas del ejército de línea53 y sus autores juzgados. A continuación de esto, fuerzas del oficialismo saquearon y destruyeron las imprentas de todos los diarios opositores y terminaron así con el último espacio en que el desacuerdo era expresado.54 En los siguientes meses sólo circuló el periódico oficialista El Progreso. El 18 de abril, cuando luego de haber adquirido nuevos tipos, La Carcajada pudo reaparecer, se apresuró a declarar en tono burlesco: "Lo que es ahora, ni por los mil demonios digo nada de Miguelito [...] Desde ahora me declaro roquista, juarista, avellanedista, y si mucho me apuran me he de declarar almonacidista."55
La provincia de Tucumán se ubica en el corazón de la región norte de la República Argentina, aunque su territorio de poco más de 20 000 km2 es el más reducido, durante todo el siglo XIX se presentaba como el más densamente poblado. De acuerdo con el censo de 1869 contaba con 108 953 habitantes, con lo cual se adjudicaba 14 votos para las elecciones presidenciales. Si bien ese número no representaba una cifra tan significativa como la de Córdoba, el protagonismo de la dirigencia tucumana en el contexto regional constituye un factor clave para entender su preponderancia en el escenario de la política nacional desde principios de la década de 1870.56
En Tucumán la consigna de conciliación fue considerada por una parte importante de la dirigencia como una oportunidad para subsanar conflictos que se arrastraban desde tiempo atrás. Incluso, antes del levantamiento de 1874, se habían producido disputas por la elección de los representantes provinciales al Congreso nacional que consolidaron la fractura del liberalismo tucumano. El sector entonces derrotado proclamó la abstención electoral y mantuvo cierta vinculación con el Partido Nacionalista, liderado por Mitre, aunque no lo secundó en la estrategia revolucionaria.57 Sin embargo, la situación que se planteaba en el escenario político provincial era compleja: la ausencia de los nacionalistas en las contiendas electorales promovía comicios ordenados y sin enfrentamientos, pero la concurrencia de votantes registraba niveles muy bajos que llegaban a extremos de inasistencia total. En tales circunstancias las elecciones no podían llevarse a cabo y debía realizarse una nueva convocatoria. A su vez, gravitaba de manera recurrente la amenaza de un levantamiento armado por parte de los grupos excluidos de la competencia electoral.58
En tales circunstancias, un sector de la clase gobernante local se comprometió con la consigna de conciliación expresada por el presidente. El compromiso se tradujo en la elección de Federico Helguera como gobernador en agosto de 1877. Pero, a los pocos meses, la aplicación de dicha consigna en el ámbito legislativo y administrativo suscitó el fraccionamiento del propio elenco gobernante. Al punto que el sector más intransigente retiró su apoyo a la política de conciliación y se negó a participar de la agrupación que sustentó el acuerdo electoral.
De esta manera, el panorama se presentaba bastante difícil: a la división suscitada por las elecciones nacionales, se sumaba el prematuro fraccionamiento del oficialismo provocado por la aplicación de la consigna promovida por el presidente. Estas escisiones se vieron reflejadas en un inusitado desarrollo de la prensa y en la conformación de un número notable de clubes políticos, ámbitos por los cuales se canalizó gran parte de la actividad electoral. Así, durante el periodo de vigencia de la conciliación, funcionaron cuatro periódicos políticos (tres de manera simultánea), a los que se sumaron tres semanarios de corte humorístico—satírico.59 Esta cantidad de publicaciones periódicas con una fuerte impronta política no registra antecedentes en la provincia. En las décadas previas lo habitual era la presencia de un único periódico cuya existencia dependía en gran medida de los recursos y/o subsidios gubernamentales. Esta situación se ponía de manifiesto en el posicionamiento político de la publicación y en el tipo de discurso en relación con el gobierno y los eventuales adversarios. En ocasiones, algún sector de la elite local enfrentado con el mandatario de turno reunía los recursos necesarios para establecer otro periódico que, desde el primer número, articulaba un permanente cuestionamiento al gobierno.60
No casualmente, en una de esas ocasiones, durante la década de 1860, se decidió promover una ley de imprenta para sancionar los eventuales "abusos", en particular aquellos que atentaban contra el honor de los sujetos. Así, la norma sancionada en 1866 establecía que los delitos de injuria eran competencia del juez del crimen y declaraba que, de no identificarse al autor del escrito, la condena debía recaer en el administrador o editor de la publicación. La pena, acorde a "la gravedad de la injuria", no podía exceder los 200 pesos plata o tres meses de arresto.61
Unos años más tarde, el gobernador exhortaba a los legisladores a que modificaran dicha ley con un argumento que no difería demasiado de lo planteado por el ejecutivo nacional, aunque menos explícito: "La libertad de la prensa, que es un hecho práctico por primera vez entre nosotros, [...] reclama urgente la reforma de la ley que rige para los juicios de imprenta."62 El mandatario no señalaba cuáles eran los motivos que justificaban su pedido, pero resulta claro que la vigencia efectiva de la "libertad" hacía necesaria su regulación. Sin embargo, la ley de 1866 no fue reformada y finalmente se resolvió su derogación el 13 de marzo de 1874. Por otra parte, es interesante notar que el Reglamento de Policía sancionado en 1877 abordaba el problema de los escritos anónimos e injuriosos y declaraba que, "en guarda de la moral pública y de las buenas costumbres", esa fuerza debía castigar severamente a los que "verifiquen exhibiciones obscenas, circularen pasquines o expendieren o distribuyeren cuadros u objetos de aquella clase".63 En definitiva, la perspectiva acerca de las restricciones que podían aplicarse a la libertad de prensa fue variando en el escenario tucumano, aunque constituyó un tema que con recurrencia aparecía en el horizonte de preocupaciones de la dirigencia política, las respuestas ensayadas frieron bastante disímiles. Si bien se mantuvo una serie de disposiciones que procuraban preservar el honor y la reputación de los sujetos, esto tuvo una aplicación bastante acotada y más centrada en la moral pública que en la política.64 Por el contrario, la prédica virulenta de la prensa y la reivindicación de la protesta armada aparecía como una preocupación recurrente de los gobernantes.
Ese tipo de discurso se reactivaba en las coyunturas de mayor politización, como es el caso que aquí analizamos. En lo que se refiere a la prensa tucumana entre 1877 y 1878, debemos partir de un dato básico: cada uno de los periódicos que entonces se publicaron funcionó, con mayor o menor fidelidad, como la voz de un grupo político más o menos definido. Así, mientras El Independiente era el diario vinculado al Club Unión y expresaba el discurso oficial, reivindicando los aciertos del gobierno y rebatiendo los cuestionamientos que recibía, El Cóndor —y luego su sucesor El Argentino— representaba al grupo que se identificaba como mitrista onacionalista y articulaba un discurso de crítica casi permanente a la política gubernamental, tanto local como nacional.65 En una posición especial se situaba el diario La Razón, no sólo por el discurso que sostuvo durante la etapa analizada, sino porque era la publicación más antigua de la provincia. A diferencia de los periódicos que mencionamos primero, los cuales habían comenzado a editarse entre 1877 y 1878, La Razón databa de 1872 y fue la primera publicación que en la provincia logró establecerse con una frecuencia diaria.66 Este impreso, si bien planteó una mirada reprobatoria con respecto al gobierno provincial, fue más indulgente frente al gobierno nacional. Dicho posicionamiento remite a las ya señaladas alternativas de la clase gobernante tucumana que, a raíz de disidencias propias acentuadas por la aplicación de la consigna de conciliación, había sufrido una fractura importante. De esta suerte el diario La Razón configuraba y manifestaba el discurso de un grupo que, alejado del mandatario provincial, procuraba mantener sus vínculos con la dirigencia nacional.
En estrecha relación con los posicionamientos políticos apuntados se fue delineando un debate en el que las identidades partidarias desempeñaron un papel central.67 Dentro de esa cuestión la prensa planteaba varios tópicos para definir el "nosotros" que se recortaba con claridad frente al "otro" que se tenía como adversario. Aquí nos interesa analizar qué componentes caracterizaban cada una de las identidades enfrentadas y de qué manera estas se fueron definiendo a través de la misma polémica. Obviamente no debemos soslayar que los participantes de dicha polémica seleccionaban los temas y argumentos en función de sus propios intereses y propósitos. Pero, dado que el repertorio de temas no podía ser ilimitado y la argumentación debía ser convincente y coherente, resulta útil prestarles atención para conocer las representaciones e imaginarios que enmarcaban ese combate retórico.68 Teniendo en cuenta tales premisas, examinamos cada uno de los periódicos de la época.
En relación con la prensa nacionalista puede advertirse la enunciación de un tópico fundamental para la definición de la identidad política propia: la filiación con el Partido de la Libertad. Este partido había desempeñado un papel clave en Buenos Aires durante los años que siguieron a la batalla de Caseros y paulatinamente supo obtener la adhesión de distintos grupos políticos en varias provincias.69 En el "programa político" publicado se declaraba expresamente:
el partido nacionalista como partido de principios confiesa como credo político las tradiciones históricas del gran partido de la libertad argentina, reconociendo su solidaridad con él en los trabajos que han hecho prácticos los derechos de todos y han consolidado la nacionalidad.70
La asignación al "partido de la libertad argentina" de una labor histórica encomiable —la organización definitiva de la nación— y la autoinclusión en dicha labor planteaba una clara pretensión de ocupar un lugar de privilegio en el escenario político provincial. Desde esta argumentación, el derecho a ocupar esa posición preponderante no se derivaba de una concesión otorgada por el gobierno, tal como sostenían sus adversarios, sino que resultaba del papel histórico desempeñado por ese mítico Partido de la Libertad.
También fue tema de polémica la trayectoria política inmediata de los integrantes de los clubes y la definición de los respectivos sectores. En relación con esto, los nacionalistas trataron de demostrar que su enfrentamiento con el oficialismo no derivaba de la elección presidencial de 1874, sino de un conflicto previo que había tenido lugar mientras se desarrollaban los comicios provinciales. De acuerdo con la versión de El Cóndor, en esa ocasión se produjo en la plaza principal una lucha "tan sangrienta como imprevista" y los nacionalistasresultaron derrotados. Luego, la elección de un senador nacional suscitó otra jornada virulenta y marcó la separación definitiva de aquellos y la decisión de abstenerse en los comicios subsiguientes. Este relato resultaba coherente con la prédica principal del partido referida a las prácticas electorales que exigía la implementación de medidas para evitar "la violencia, la coacción y el fraude y asegurar la libertad y la verdad del sufragio".71
A su vez, dicha prédica se vinculaba con un tema que recibió particular atención: la estrategia de "abstención—revolución" esgrimida por el Partido Nacionalista a partir de su levantamiento armado en 1874. Frente a las acusaciones de El Independiente, vocero del Club Unión, que calificaba a la abstención electoral como abandono de la lucha y renuncia voluntaria del derecho a participar del gobierno, los nacionalistas declaraban que la abstención era la lucha, es decir, el mecanismo por el cual habían obligado al gobierno a negociar y a reconocerles el lugar que les correspondía, entregando "al pueblo lo que le habían usurpado en beneficio de unos cuantos".72 A su vez, la "revolución", tan duramente cuestionada por el oficialismo como una rémora del pasado que obstaculizaba el progreso de la nación, no dejaba de ser legítima a pesar del acuerdo de conciliación, en tanto era "la última razón de los pueblos" y un derecho irrenunciable que preservaba a los ciudadanos de los gobiernos despóticos.73 Como puede advertirse, tales argumentos coincidían con los sostenidos por la prensa opositora cordobesa en la antesala del levantamiento armado llevado a cabo por el Partido Nacionalista en 1880 y remiten a una concepción republicana de la política.74
Del lado de los unionistas pueden notarse menos elementos para configurar una identidad política que los distinguiera de sus adversarios y legitimara su preeminencia en el gobierno provincial. Frente a la coherencia que parecía ostentar el club nacionalista en su trayectoria política reciente, los unionistas constituían una agrupación que representaba a una fracción minoritaria del comité que había respaldado la candidatura de Avellaneda. En virtud de tales circunstancias, la única referencia que podía aglutinar y darle cierra cohesión a este grupo era la consigna expresada en la conciliación de los partidos. Por consiguiente, haciendo de necesidad virtud, la prensa adepta destacaba como un mérito la falta de "compromisos preexistentes" y la independencia de "todo vínculo anterior".75
A su vez, los unionistas debieron replicar la filiación que sus antiguos aliados les endilgaban. La Razón utilizaba dos argumentos para desacreditar a aquellos: por una parte, describía al Club Unión como "partido de puras colas", formado por individuos que siempre habían figurado en segundo plano en la política local, y, por otra parte, afirmaba que varios de sus integrantes eran federales.76 Esto último representaba un agravio importante porque suponía una filiación directa con les regímenes rosistas derrocados a partir de Caseros y la participación en los crímenes que se les atribuían. La réplica para tal acusación insistía en desestimar todo vínculo que pudiera ligar a los partidos entonces organizados con tradiciones políticas que se consideraban caducas y sin ninguna razón de ser:
Los partidos de Tucumán, antes y después de Caseros, han sido, pues, partidos personales y como tales, no pueden ser considerados sino como agrupaciones de hombres que con sus diversos caudillos a la cabeza se disputaban el poder. Hoy esos partidos no existen y por eso hemos sostenido también que no había federales ni liberales. Y no existen porque cada partido es la expresión de las exigencias, necesidades, ideas y tendencias dominantes de su época. [...] Los partidos existentes hoy en la República son más o menos nuevos, y en cuanto a nosotros, somos un partido enteramente nuevo, nacido en la corriente de las ideas de esta nueva fórmula política de la conciliación, que es la expresión sintética más acabada de las necesidades, exigencias y tendencias naturales dominantes en esta época de aspiración sincera por la paz, el bienestar y prosperidad de nuestro país.77
Con este argumento no sólo se eximía al Club Unión de cualquier vínculo con la tradición federal, sino que se les negaba a los nacionalistas su principal referente de legitimidad, es decir la pertenencia al partido que se consideraba autor de la unidad nacional y de la organización definitiva del Estado argentino y que, en la provincia, se atribuía la destitución y destierro del último "caudillo" federal.78 Al mismo tiempo, la argumentación de El Independiente apelaba a una noción de partido que tenía plena vigencia en el contexto analizado. Es decir la idea de partido como organización circunstancial sujeta al ciclo electoral. Como contraparte se censuraba la propuesta de partidos permanentes porque promovían divisiones y enfrentamientos que eventualmente podían mutar en insurrecciones armadas.
Ese abanico de cuestiones que se dirimían en las contiendas verbales de la prensa definió un escenario bastante conflictivo para la mentada "conciliación".79 Aunque tal consigna implicaba la concertación de listas entre los partidos para suprimir la competencia en los comicios, es evidente que esto no supuso la inexistencia de disputas y polémicas. Al mismo tiempo que se debatía el tema de las identidades, se plantearon otras cuestiones más puntuales acerca de los alcances y sentidos de la conciliación. Así, la prensa nacionalista se ocupó de reclamar insistentemente por la organización política y administrativa de los poblados rurales, solicitando el nombramiento de nuevos jueces, comandantes y comisarios. Más allá de la cuestión relativa a los abusos y arbitrariedades que cometían dichas autoridades, lo cierto es que la única manera de consolidar un espacio de poder en el ámbito provincial era accediendo a puestos que resultaban clave para el control de los comicios. Para los unionistas tales exigencias no eran justas y por lo tanto no debían ser atendidas por el gobernador. A su vez, reprochaban a sus aliados por la falta de participación en las tareas de reclutamiento y organización de los partidarios para concurrir a la inscripción en el Registro Cívico.80
Finalmente, quisiéramos señalar lo que entendemos como una derivación importante de la actuación de la prensa en la coyuntura de la conciliación avellanedista. Como ya apuntamos, existía una vinculación formal y declarada entre los clubes y cada uno de los periódicos. En este sentido, la función más concreta de la prensa era la difusión de la actividad de los clubes y comités, informando sobre el horario y lugar de las reuniones, promoviendo la participación en los mítines y manifestaciones callejeras y exhortando al público para cumplir con su "deber cívico" en cada jornada electoral. Pero en las circunstancias específicas de la conciliación puede advertirse un efecto de apertura y publicidad en relación con la vida interna de las agrupaciones políticas que, para el caso tucumano, resultaba absolutamente novedoso. Así podemos encontrar en los periódicos varios relatos que, con cierto detalle, informaban sobre el desarrollo de reuniones en las que se resolvían temas importantes, como la composición de las listas de candidatos:
[El Comité Nacionalista] Tenía que designar un candidato para diputado a la legislatura y resultó elegido por mayoría de votos el señor Méndez, don Juan Manuel. Después de hecha la elección el doctor García (J. A.) presidente ad honorem del comité mitrista de artesanos que votó por el doctor Lobo, quiso fundar la original teoría de que a pesar de estar hecha la designación del candidato con los sufragios de los artesanos [...] se reunieran a la par el comité nacionalista y el de artesanos y que en esa asamblea votando en el mismo derecho Cossío, Méndez, Molina, Posse, etc. y que Manrique, Castro, Visuara, Godoy, Flores, hicieran la designación del verdadero candidato. No faltó, por cierto, quien contestara como era debido y pusiera las cosas en su lugar.81
Aquí se observa de qué manera, a través de las reglamentaciones internas y la dispar representación asignada a cada uno de los comités, la comisión directiva ejercía el papel rector, mientras que el vínculo establecido con los clubes de artesanos mostraba una marcada tendencia a la subordinación.82 Pero lo que nos resulta más importante de subrayar es la función que desempeñaba el periódico partidario, no sólo describiendo las alternativas de las reuniones, sino que expresando con toda claridad su posición sobre el asunto e indicando cómo debían desarrollarse tales instancias y qué papel correspondía a cada quien.
La conciliación de los partidos tuvo una vigencia limitada, no sólo por su dispar aplicación en las distintas provincias, sino también porque a los pocos meses de realizados los comicios llegó a su fin. La renuncia de dos ministros del gabinete —Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez, que pertenecían al Partido Nacionalista— significó un punto de inflexión en el acuerdo entre el presidente Avellaneda y el nacionalismo. Aunque se nombraron otros ministros identificados con ese partido, la dimisión de Elizalde y Gutiérrez fue percibida como una fractura decisiva. La prensa adepta decía: "no hay más que dos caminos, o los remingtons o la abstención".83 Así, la ruptura del acuerdo se expresaba en el periódico opositor a través de la reafirmación de un discurso que sostenía la legitimidad de la "revolución" en tanto atribución irrenunciable de los pueblos: "el derecho de la revolución, anterior y superior a toda ley escrita, no [lo] delegan jamás los pueblos, en quien reside la soberanía originaria, para combatir y dar en tierra con los tiranos".84 La recuperación de un discurso que el gobierno se había propuesto desarticular con la reincorporación del nacionalismo al ámbito institucional expresaba claramente el fracaso de la conciliación de los partidos. En ese discurso la vinculación del partido con el levantamiento armado se legitimaba en tanto ese partido hablaba en nombre del pueblo y el recurso de las armas se señalaba como el deber de los ciudadanos en defensa de su patria.
En Córdoba la disputa entre los partidos y las polémicas planteadas a través de la prensa también habían derivado en una recuperación del discurso que reivindicaba la vía armada. Pero a diferencia de lo ocurrido en la capital cordobesa, el conflicto político en Tucumán no motivó episodios de violencia. En el escenario tucumano la retórica de la prensa no se articuló con acciones virulentas ni con planes concretos para derrocar al gobierno. El conflicto quedó, en principio, acotado al ámbito de los periódicos, aunque unos meses más tarde condujo a un complicado enfrentamiento entre la legislatura y el gobernador que puso a la provincia en la antesala de una intervención federal. Entonces, la crisis política sólo logró desactivarse por la mediación del ejecutivo nacional.85
A partir de los casos presentados en las páginas previas hemos examinado el papel de la prensa como actor político clave en los escenarios provinciales definidos por la consigna de conciliación de los partidos a finales de la década de 1870. En esa coyuntura, la amenaza de levantamientos armados que pudiesen conmocionar el ordenamiento institucional aparecía como una hipótesis verosímil para los contemporáneos. Entonces, la principal preocupación radicaba en el desarrollo de los comicios, eje de los conflictos más importantes, frente a los cuales la estrategia de negociaciones y acuerdos preelectorales se consideraba una opción válida y efectiva.
Sin embargo, y tal como pudimos advertir, la puesta en práctica de tales acuerdos no garantizó la erradicación de las polémicas y disputas, poniendo de manifiesto las serias dificultades que involucraba la tramitación del conflicto político en el periodo.86 A lo largo de nuestro texto hemos procurado explorar una dimensión de ese problema, analizando la dinámica propia de la prensa política y destacando no sólo su función discursiva sino también su capacidad material para producir hechos políticos.
Como vimos, diarios y periódicos desempeñaban un papel indispensable en el desenvolvimiento político. Las dirigencias habían visto en el desarrollo de la prensa una de las herramientas esenciales para la conformación de la comunidad política que demandaba el proyecto de nación moderna expresado en el texto constitucional de 1853. En ese marco, pensaron y vieron la proliferación de publicaciones periódicas como una garantía del avance civilizatorio, al menos en dos dimensiones. Por una parte, como agente de ilustración de una ciudadanía en construcción y de fomento del espíritu público, por medio de la divulgación de ideas y a través de la convocatoria que la prensa realizaba en las coyunturas electorales. A su vez, este último aspecto ponía de relieve la importancia estratégica de la prensa para el propio quehacer político de las dirigencias. Por otra parte, la prensa se pensaba como espacio de expresión y construcción de la opinión pública y, por lo tanto, sostén primordial de los gobiernos republicanos.
Sin embargo, junto con estas representaciones que definían el papel deseable que la prensa estaba llamada a desempeñar, rápidamente se pusieron de manifiesto los inconvenientes y desafíos que la actuación concreta de diarios y periódicos generaba. Entre ellos, uno de los aspectos más graves se derivaba de la capacidad demostrada para amplificar los desacuerdos políticos, así como de proponer y ejecutar (tal como ocurrió en el caso de Córdoba) soluciones armadas. De esta manera se delineó un problema prácticamente irresoluble. Por una parte, la libertad de imprenta surgía como un precepto indiscutible del ideario liberal que legitimaba, desde su propio origen, a los gobiernos posrevolucionarios y por ello su prescripción se presentaba impensable. Pero, por la otra, su funcionamiento efectivo como uno de los principales espacios de configuración y expresión del desacuerdo político chocaba con los deseos manifiestos de lograr una uniformidad de opiniones que se consideraba un requisito para la consolidación del ordenamiento institucional y para el anhelado progreso. Tales cuestiones se volvían especialmente visibles en las coyunturas de mayor politización y se volvían urgentes al concertarse con amenazas ciertas de levantamientos armados.
En el contexto de la conciliación esa combinación de variables pudo advertirse con claridad. Si bien se presentó como una medida que promovía los acuerdos y la resolución de las disputas, lo cierto es que desde un principio generó diversos cuestionamientos y varios descontentos. A su vez, la acción de la prensa contribuyó de manera notable —tanto en el caso cordobés, como en el tucumano— a exacerbar las discrepancias y materializar el conflicto. Por una parte hay que subrayar el tipo de retórica empleada y los argumentos esgrimidos que planteaban la deslegitimación del adversario y configuraban antagonismos irreconciliables. Por otra parte, tales apelaciones verbales se enlazaban con exhortaciones al público a realizar acciones reñidas con el orden institucional que pretendía afianzarse.
En ambos escenarios un punto especialmente debatido era el de los límites de los espacios legítimos de expresión política. Diarios y periódicos denunciaban una efectiva inexistencia de libertades electorales, así como el despliegue de poder del ejecutivo de cada provincia en su búsqueda de control de los comicios. Se daban además, debates entre diferentes órganos de la prensa respecto de la legitimidad de estrategias abstencionistas o revolucionarias de intervención política.
En Córdoba, otro tema de fuertes polémicas estaba dado por el rechazo que los sectores católicos manifestaban respecto de las reformas secularizantes que el gobierno autonomista estaba llevando a cabo, mientras que en Tucumán los debates giraban más fuertemente respecto de la definición de las identidades políticas y, con ella, de la legitimidad de los contendientes. En ambos casos podemos advertir las dicotomías que nacían de esa configuración del conflicto entre un "nosotros" y un "otro". Aunque los apelativos eran diferentes y remitían a conflictos específicos de cada escenario provincial, en ambos casos se reproducía una retórica de antagonismos irreductibles y, por lo tanto, incompatible con las pretensiones de conciliación y acuerdo promovidas por el gobierno nacional.
Dada la capacidad de la prensa de producir hechos políticos concretos, esta amplificación del desacuerdo produjo situaciones que para los contemporáneos ponían en peligro la institucionalidad alcanzada. Esto fue señalado en varias circunstancias como un rasgo pernicioso y alarmante del quehacer político y en distintas oportunidades se consideró necesario coartar de manera drástica el accionar de la prensa.
Esas acciones coercitivas no fueron planteadas como una supresión de la libertad de imprenta. Los gobiernos ensayaron distintos mecanismos legales para reprimir lo que denunciaban como "abusos" de esa libertad, al tiempo que las acciones violentas contra imprentas para impedir la circulación de los diarios opositores en ningún caso aparecían como una medida promovida por las autoridades. La intensificación de los conflictos en Córdoba condujo al gobierno a sancionar una ley restrictiva, que contribuyó a estimular la participación de periodistas y editores de los diarios opositores en el alzamiento armado de 1880. A ese alzamiento siguió, como vimos, la destrucción de todos los periódicos opositores. En Tucumán los enfrentamientos no derivaron en acciones violentas, aunque unos meses más tarde la disputa por la renovación de la legislatura condujo a un fuerte conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo que puso a la provincia en la antesala de una intervención federal.87
En este sentido puede decirse que la prensa, aunque protagonista de la vida política decimonónica, fue muchas veces un actor incómodo en la medida en que sin ella era impensable la participación y movilización políticas, pero con ella se presentaba inalcanzable la realización de las formas deseables de desenvolvimiento político que se concebían fundadas en la uniformidad de opinión. La prensa encarnaba así una tensión irreductible entre la necesidad de espacios para la deliberación, y la voluntad manifiesta de lograr una convergencia en materia política como fundamento para un orden que se quería definitivo.88
Archivos
AGN Archivo General de la Nación.
AHC Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.
AHLC Archivo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Hemerografía
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La Carcajada, 1878—1880, Córdoba.
La Nación, 1879—1880, Buenos Aires.
La Razón, 1877—1878, Tucumán.
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1 Entre otros: Halperin, José, 1985; Duncan, "Prensa", 1980; Alonso, Construcciones, 2003; Goldman, "Libertad", 2000; "Formas", 2003, y Lenguaje, 200S; Myers, Orden, 1995, y "Paradojas", 2003; Palti, Política,1998, y Tiempo, 2007; Sabato, Política, 1998, y "Reacción", 2006; Jaksic, Political, 2002; Posada, "Libertad", 2003, y Picatto, "Jurados", 2003, y Tyranny, 2010.
2 El recorte temático del trabajo supone dejar de lado un universo de publicaciones cuyos propósitos no eran específicamente políticos, a saber: revistas literarias o científicas, periódicos de asociaciones culturales o étnicas, etc., que con cierra regularidad comenzaban a surgir.
3 Al respecto, Halperin, Nación, 2005.
4 En otras palabras, y muy esquemáticamente, podría decirse que mientras el "pueblo elector" aparecía como el sustento de la legitimidad de origen, la "opinión pública" se presentaba como un ámbito clave para la sanción de la legitimidad de ejercicio.
5 Myers, "Identidades", 2003, p. 45. Véanse, además, Alonso, Construcciones, 2003, p. S, y Goldman, "Libertad", 2000.
6 Artículo 14 de la Constitución de 1S53— El texto completo declara lo siguiente: "Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender".
7 Aunque contribuían a ampliar el debate político "más allá del estrecho círculo que conformaban la elite y sus portavoces", Rojkind, "Derecho", 2008, p. 139. Es importante señalar que el caso de Buenos Aires ofrece algunas excepciones a la afirmación realizada. Allí comenzarían a publicarse durante la década de 1870 diversos diarios y periódicos que buscaron "una creciente autonomía del poder", Sabaro, "Vida", 1999, p. 192.
8 Excede los límites de nuestro trabajo dar cuenta de las transformaciones en la concepción de "opinión pública" a lo largo del siglo XIX. Para este tema véanse especialmente Palti, Tiempo, 2007; Goldman, "Libertad", 2000, y Sabato, "Pueblo", 2009.
9 Como son las cuestiones relativas a los negocios, la cultura, la familia y los afectos privados y, por último, la estera "que abarca desde el marco ideológico más general para la vida pública hasta los debates en tomo a los grandes temas de reforma económica, fiscal o administrativa". Halperin, José, 1985, p. 168.
10 No desconocemos que bajo el rótulo liberal se engloba un abanico de conceptos, principios y valores heterogéneo, plural y problemático. Entendemos aquí al liberalismo como "una tradición de pensamiento que a lo largo del siglo XIX tuvo manifestaciones y momentos diferentes entre sí" y que constituyó "un lenguaje básicamente compartido por rodos los grupos políticos del periodo", Sabato, "Pueblo", 2009, pp. 12—13— Véanse también Botana, Tradición, 1997, y Roldán, "Question", 2005.
11 La idea de "cortocircuito" la propone Myers al analizar la política de reformas del gobierno de Buenos Aires en la década de 1820. La cuestión irresoluble que mencionamos arriba aparece muy claramente en la respuesta de ese gobierno a las críticas a su política eclesiástica sostenidas desde la prensa por el padre Castañeda. Aquel promovió la instrumentación de juicios de imprenta como una manera de censurar las posiciones que consideraba inaceptables. El argumento clave planteaba que "prohibir una opinión contraria a la libertad |en este caso, la de la Iglesia] no era reducir la libertad, sino incrementarla", Myers, "Paradojas", 2003, p. 93. Si bien en el periodo que analizamos los remas en discusión son bastante diferentes, nos resulta válida y sugerente la idea propuesta por Myers. Para una etapa posterior, véase Wasserman, "Libertad", 2009.
12 Palti, Tiempo, 2007, p. 1S6. Véanse también Fernández, "Opinión", 2002, p. 481, y Sabato, "Reacción", 2006.
13 La expresión "régimen rosista" refiere al movimiento político y al sistema de poder organizado bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, entre 1829 y 1852. Este ensayo de organización institucional y de definición constitucional de la situación de Buenos Aires y las Provincias Unidas se configuró sobre la base de un nuevo centro de autoridad en Buenos Aires, organizado a través de herramientas institucionales (como la acumulación de poder en el ejecutivo) y de prácticas tendentes a la eliminación o neutralización de los opositores. Ambos instrumentos contribuyeron a una progresiva monopolización de todas las instituciones públicas, lo cual, incluso antes de las restricciones legales a la prensa, significaron la exclusión de los discursos alternativos. Véanse especialmente Myers, Orden, 1995, y Halperin, Revolución, 2007.
14 El 3 de febrero de 1852, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Juan Manuel de Rosas fue derrotado por una coalición de fuerzas encabezada por Justo J. de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos. El propósito declarado de la alianza era el derrocamiento de Rosas, señalado como el principal obstáculo para la organización constitucional de los ex territorios del virreinato del Río de la Plata. El resultado de la batalla aparece en la historiografía como la instancia decisiva que permitió a los distintos estados provinciales articular la demanda por la organización constitucional, debatiendo y, finalmente, diseñando la estructura institucional que debía reemplazar el sistema de acuerdos que regía desde dos décadas atrás. Entre 1852 y 1S53 se sentaron las bases institucionales que definieron la integración de las catorce provincias en un Estado federal.
15 El Progreso, 13 de julio de 1879.
16 Palti, Tiempo, 2007, p. 192. Esto resulta clave para entender lo que el autor llama "el concepto estratégico de opinión pública". Según lo que él mismo argumenta, la opinión pública deja de ser considerada como un tribunal neutral que busca acceder a una "verdad" que permanece ajena a las polémicas y, en ese sentido, incuestionable. Por el contrario, lo que comienza a emerger es un concepto en el que la opinión pública funciona como una "suerte de campo de intervención y espacio de interacción agonal".
17 Al respecto señala Hilda Sabato: "el combate electoral tenía todos los ingredientes de una guerra: la movilización de huestes y su organización piramidal; la capacidad y disposición de estas para la violencia [...], la importancia que se otorgaba al control material del terreno; todo evoca la guerra. Era, sin embargo, una guerra limitada: el escenario era cerrado (el atrio), el objetivo era exclusivamente ganar y mantener una posición, [...] los participantes estaban definidos de antemano y todo se resolvía en un día". Sabato, Política,1998, p. 90.
18 Esto es lo que Palti señala como la dimensión preformativa, en el sentido de creativa, del tipo de discurso característico de la prensa en la segunda mitad del siglo XIX. Palti, Tiempo, 2007, p. 201.
19 Un breve repaso de las alternativas de este asunto desde la época virreinal en álvarez, Guerras, 2001, pp. 208—222. La designación de "huéspedes" había sido enunciada por el gobernador de Buenos Aires.
20 Como señala Hilda Sabato, la disputa acerca del poder militar del Estado, que plantearon por un lado el gobernador de Buenos Aires y por otro el ejecutivo nacional, no Ríe sólo un enfrentamiento coyuntural, sino que expresaba "dos concepciones sobre el Estado y su aparato de coerción que trascendían los alineamientos partidarios". Por otra parte, tampoco se trataba de una disputa nueva, en distintas coyunturas se habían producido debates acerca de ese asunto. Sabato, Buenos, 2008, p. 35.
21 Puntualmente la impugnación lúe dirigida a las elecciones para diputados nacionales realizadas en febrero de ese año que derivaron en la alianza mencionada.
El uso de las cursivas en lo que se refiere a los nombres de los grupos políticos supone que la denominación misma era un tema en debate y, que desde el punto de vista histórico, involucró diversos realineamientos y un pragmatismo que desmiente cualquier definición ideológica estricta. Esto, a su vez, guarda íntima relación con las características propias de los partidos políticos de esta etapa. Es decir, no se trataba de organizaciones formales ni establecidas, sino más bien de referencias identitarias que eventualmente se materializaban en una agrupación concreta con el propósito de intervenir en los comicios. Una vez finalizados los mismos, la agrupación muchas veces se disolvía, aunque la identificación con el "partido" permanecía como una cuestión central de las polémicas y enfrentamientos.
22 Como señala Hilda Sabato en un análisis sobre los distintos movimientos armados que protagonizó la ciudad de Buenos Aires entre 1852 y 1890: "el topos de la revolución como derecho y la figura del ciudadano en armas formaron parte de una concepción de la política fuertemente republicana en la que la violencia tenía reservado un lugar legítimo. [...] los protagonistas actuaban en nombre de la libertad y los derechos del pueblo, conculcados por un gobierno despótico". Sabato, "Ciudadano", 2003, p. 166.
23 Unos meses antes del levantamiento, el presidente Sarmiento denunciaba "el desafuero y la procacidad consentida a que han llegado cierras publicaciones periódicas", llegando al extremo de proclamar "la revolución sin recato alguno" y patrocinar "la resistencia a las autoridades constituidas, excitando contra ellas el desprecio o el odio y abogando por los rebeldes en armas". Según el mandatario, esto excedía claramente la libertad de imprenta y los tribunales federales debían aplicar las leyes correspondientes que castigaban el delito de sedición. Domingo Sarmiento, "Mensaje presidencial de mayo de 1874", en Mabragaña, Mensajes, 1910, pp. 373—374.
24 Refiriéndose a la provincia de Buenos Aires, base principal del Partido Nacionalista, el presidente Avellaneda subrayaba tales amenazas al tiempo que precisaba el papel de la prensa: "Hay en esta provincia un partido numeroso que se abstiene sin motivo de toda injerencia en la vida política, abandonando los comicios electorales, y que se recoge en una acritud que podría llamarse subversiva, si es que prestamos crédito a susórganos en la prensa." Avellaneda, "Mensaje presidencial del 1 de mayo de 1876", en Mabragaña, Mensajes,1910, p. 411.
25 Mensaje de Avellaneda al Congreso, 1 de mayo de 1876, en ibid., pp. 412 y 413. En las páginas previas apuntamos brevemente la vinculación de ambas cuestiones —las elecciones y la prensa— con el levantamiento atinado de 1874. No hemos localizado ningún trabajo dedicado a la actuación de la prensa en dicho acontecimiento.
26 Ibid., p.414.
27 Para una mirada general del periodo: Cortés y Gallo, Argentina, 2005. Un análisis puntual de la etapa de la conciliación en Letrieri, "Repensar", 1999.
28 Lettieri, "Repensar", 1999. Las denominaciones de los principales grupos políticos porteños ("nacionalistas" y "autonomistas") devienen del escenario político de inicios de la década de 1860. Entonces Mitre dirigía el ejecutivo nacional e impulsaba un proyecto de federalización que recortaba el territorio de Buenos Aires; el grupo opositor, liderado por Adolfo Alsina, logró trabar dicho proyecto y esto implicó una fractura decisiva. El sector que respaldó la propuesta de Mitre recibió el nombre de "nacionalistas", mientras que los que secundaron a Alsina Rieron denominados "autonomistas".
29 Estas medidas estuvieron precedidas por otras tendentes también a conseguir el acercamiento del mitrismo, como son la amnistía a los civiles que habían participado del alzamiento y a los soldados que no hubiesen estado bajo bandera, y el levantamiento de la clausura a la prensa partidaria.
El acuerdo definitivo se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1877 entre las dirigencias del Partido Nacionalista y del Partido Autonomista que pactaron el respaldo a la candidatura de Carlos Tejedor para la gobernación de Buenos Aires. Esta decisión Ríe posteriormente ratificada por los respectivos comités y por la prensa partidaria que convocó a la reorganización de los clubes parroquiales y a la realización de mítines y manifestaciones para celebrar la conciliación.
30 Es decir que no preveía la representación proporcional de minorías y que la elección podía resolverse hasta por la diferencia mínima de un voto. Véase Costa, Dos, 1927.
31 La provincia más poblada era Buenos Aires con casi 500 000 habitantes. Esto le otorgaba 56 electores para la designación del primer magistrado. Sin embargo, esto no siempre le garantizó un peso decisivo en las elecciones presidenciales. En relación con este tema, véase Borana, Orden, 199S, en especial cap. IV, pp. 85—115.
32 González, Civilidad, 2002, p. 172. En un escalón intermedio habría que ubicar el caso tucumano para el que se conocen unas siete publicaciones entre 1817 y 1850. García, Periodismo, 1972, pp. 11—14.
33 Véase Vagliente, "Explosión", 2004, pp. 259—276.
34 El Campesino, 8 de septiembre de 1878, citado por Chaves, Tradiciones, 1997, p. 76.
35 Ibid., pp. 75 y ss.
36 Tales cuestiones fueron objeto de intensas polémicas en la década siguiente, Borana y Gallo, República,1997. Por otra parte, y tal como se verá en el siguiente apartado, dicho debate estuvo ausente en el caso tucumano.
37 Roitenburd, Nacionalismo, 2000, p. 17.
38 Atiza, Archivo, 2002; Bischoff, Periodismo, 2004, p. 12. No debe pensarse, sin embargo, que los discursos de católicos y liberales fueron monolíticos o permanecieron inalterados a lo largo de la década. Al respecto, véase Roitenburd, Nacionalismo, 2000, pp. 31—32.
39 Roitenburd, Nacionalismo, 2000, p. 2S.
40 Citado en Bischoff, Periodismo, 2004, p. 16.
41 El diario obtenía una subvención a cambio de publicar los documentos oficiales. Véase Ibid., p. 20. Véase también Ramón Gil Navarro a Miguel Juárez Celman, 2 de julio de 1879, Archivo General de la Nación (en adelante AGN), sala VII, fondo Juárez Celman, leg. 1951.
42 Es importante aclarar que antes de 1880 esta disputa entre fuerzas laicistas e Iglesia no adquirió en Córdoba las dimensiones que registró a partir de la gobernación de Juárez, y que durante este periodo incluso los sectores más secularizantes de la elite política provincial buscaron no provocar una ruptura ideológica abierta con la Iglesia que terminara en una fractura de amplias dimensiones. Véase Chaves, Tradiciones, 1997, pp. 197 y ss. La cita es de El Campesino, 5 de mayo de 1S7S, Cruz del Eje, Córdoba, y fue Cornada del mismo libro, p. 151.
43 El Partido Liberal Nacionalista de Córdoba se había organizado a comienzos de la década de 1860 en estrecha vinculación con el mitrismo. Mantuvo esa alianza hasta finales de esa década, cuando volcó su apoyo a la candidatura de Sarmiento.
44 El Eco de Córdoba, 27 de septiembre de 1877.
45 El Eco de Córdoba, 18 de febrero de 1879, en Chaves, Tradiciones, 1997, p. 191.
46 El Pueblo Libre, 6 de junio de 1879, Córdoba, Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (en adelante AHC), Cámara del crimen de la ciudad capital, legs. 1879— 406—3. Véase también Diario de sesiones secretas, Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, sesión del 31 de octubre de 1879, f. 28, en Archivo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba (en adelante Al—ILC).
47 El Progreso, 13 de julio de 1879.
48 AHLC, Actas de sesiones de la Cámara de Senadores, vol. 7, fs. 459—462.
49 Este punto fue especialmente criticado por uno de los principales miembros de la oposición, Miguel ángel Angulo y García, redactor de El Pueblo Ubre y miembro del Partido Liberal Nacionalista, a quien Miguel Juárez Celman inició varios juicios de imprenta en estos meses. Véanse Miguel Juárez Celman a Julio A. Roca, 9 de agosto de 1879, en AGN, sala VII, fondo Julio Roca, leg. 1236, y Angulo, Homoousios, 1883.
50 Chaves, Tradiciones, 1997, pp. 79—80.
51 AHC, Cámara del crimen de la ciudad capital, leg. 1879—406—3/4/12.
52 La Carcajada, 22 de febrero de 1S80; El Pueblo Libre, 6 de junio de 1879, y El Eco de Córdoba, 18 de febrero de 1879, en Chaves, Tradiciones, 1997, p. 191.
53 "Contra los autores y cómplices del movimiento revolucionario de 26 de febrero de 1880", en AHC, Cámara del crimen de la ciudad capital, leg. 1880—419—7, f. 2; La Prensa, 28 de febrero de 1SS0; La Nación, 2 de marzo de 1880; Antonio del Viso a Dardo Rocha, 26 de febrero de 1880, en AGN, sala vil, fondo Dardo Rocha, leg. 2926.
54 La Nación, 2 de marzo de 1SSO; también en Díaz, Oligarquía, 1972, p. 237.
53 La Carcajada, 18 de abril de 1880. Con "Miguelito" y "juarista" se refiere al gobernador electo, Miguel Juárez Celman. Avellanedista y roquista remiten al presidente Nicolás Avellaneda, y al candidato a sucederlo, Julio A. Roca, mientras que con "almonacidista" hace referencia al gobernador de La Rioja, Vicente Almandos Almonacid. Por su parte, El Eco de Córdoba tardó algo más en volver a circular. Su primera edición posterior a la revolución es del 13 de septiembre de 1880. El Pueblo Libre no se recuperó del embate.
56 Por razones de espacio no desarrollamos más esta cuestión; para ello, remitimos a Navajas, "Actores", 2008.
57 Aunque no se puede hablar de grupos políticos estables y organizados, ya que periódicamente se producían cambios y realineamientos en las alianzas, en Tucumán se conformó un sector que mantuvo su identificación con el liberalismo mitrista hasta bien entrada la década de 1SS0. Dicho sector tuvo un acceso limitado y variable a los espacios de gobierno local y nacional. Por otta parte, aparecía el sector oficialista, bastante más heterogéneo y cambiante que secundó la candidatura de Avellaneda en 1874 y luego la de Roca en 1880, pero que luego se fracturó de manera decisiva en la renovación presidencial de 1886.
58 Al igual que en Buenos Aires, la estrategia se resumía en la consigna "abstención—revolución". El ministro de Gobierno, Pedro Uriburu, se refería a esa etapa en los siguientes términos: "en esos tiempos los sostenedores de las instituciones reñíamos que vivir con el arma bajo el brazo, para sofocar la revolución que fraguaba un partido, que no obstante todo su poder, jamás se ha atrevido a salir a la lucha sino con el apoyo de los gobernantes", La Razón, 17 de lebrero de 1878.
Por otra parce, las complicaciones del escenario político se agravaban por los efectos de la crisis internacional que se hacían sentir sobre las actividades productivas tradicionales y sobre las arcas provinciales. En relación con este rema, véase Guy, Política, 1981.
59 Lamentablemente de estos últimos no se han conservado ejemplares, sólo se conoce su existencia por referencias en los periódicos mencionados. Al respecto, García, Periodismo, 1972, pp. 89—97.
60 La única excepción al cuadro general que esbozamos se observa en el año 1869, donde circunstancias de la política local plantearon un escenario de violenta fragmentación dentro de la elite dirigente. Aunque no se han conservado los diarios, pudimos recomponer el contexto político a partir de otras fuentes documentales. En relación con esto, véase Navajas, "Actores", 2008, cap. II.
61 Cordeiro y Viale, Compilación, 1917, vol. III, p. 380. Es interésame anotar que el proyecto original establecía el juicio por jurado, pero esto fue modificado sin que hayan quedado registrados los motivos. Lamentablemente no se han realizado aún estudios sobre la aplicación de esta normativa que nos permitan avanzar aquí sobre esta cuestión.
62 Mensaje del gobernador Federico Helguera a la legislatura, 18 de febrero de 1873, en ¡bul., vol. V, p. 7.
63 "Reglamento General de Policía", sancionado el 11 de agosto de 1877, en ¡Ind., vol. VI, p. 358.
64 Es probable que esto refiera a una interrelación entre ambas dimensiones, más que a una separación tajante, La aplicación de tales disposiciones puede analizarse a partir de los juicios contra los periódicos con calumnias e injurias, tema que forma parte de una investigación en curso para el caso tucumano.
65 Un análisis más detallado acerca de la organización y funcionamiento de los clubes políticos puede consultarse en Navajas, "Clubes", 2009. Algunos puntos que se trataron en ese trabajo son retomados aquí en relación con la prensa partidaria.
66 A su vez, si observamos los años subsiguientes, sólo La Razón pudo sostenerse más allá de la coyuntura puntual de la conciliación, y, con algunas intermitencias, siguió publicándose hasta 1887. Véase García,Periodismo, 1972.
67 En Córdoba no se produjo un debate sobre la definición de identidades políticas con la magnitud que lo hizo en Tucumán. Sin embargo, también allí autonomistas y nacionalistas definieron en sus enfrentamientos ciertas características destinadas a delinear un "nosotros" y un "ellos", que en ocasiones remitían a apelativos como "liberales" contra "católicos", y otras a "pueblo" contra "gobierno". Cucchi, "Opinión", 2007.
68 Al respecto Skinner advierte "si bien los actores utilizan diferentes argumentos y conceptos para describir y legitimar su acción, no pueden utilizar cualquier argumento para legitimar cualquier acción, sino que están restringidos a un abanico de posibilidades determinado por normas y conceptos preexistentes. Así, el problema que enfrenta un actor no es el de una "adaptación instrumental de sus principios en función de sus proyectos; sino, en parte, es el problema de la adaptación de sus proyectos para que se enmarquen en un lenguaje preexistente de principios morales". Skinner, "Language", 1995, p. 22. La Traducción es nuestra.
69 Sobre el Parrido de la Libertad y el periodo mencionado hay abundante bibliografía. Aquí sólo mencionamos la que nos parece más pertinente para el tema del trabajo: Halperin, Nación, 2005; Sabato, Política, 199S; Lertteri, Construcción, 2006, y González, Civilidad, 2000.
70 El Cóndor, 3 de noviembre de 1S77.
71 El Cóndor, 3 de noviembre de 1877.
72 "Para nosotros la abstención es lucha. Dos largos años hemos luchado así, y los órganos del partido no han cesado un solo momento de combatir con el gobierno hasta que lo han vencido." El Cóndor, 10 de noviembre de 1877.
73 El Cóndor, 13 de noviembre de 1877.
74 En relación con esto último véase la nota 17.
75 El Independiente, 2 de noviembre de 1877.
76 La Razón, 16 de noviembre de 1877.
77 El Independiente, 12 de diciembre de 1877. Las cursivas son nuestras.
78 Con esto se aludía al gobernador Celedonio Gutiérrez que había ejercido ininterrumpidamente el cargo desde 1841. Sobre esto enfatizaba la prensa nacionalista "¿Quien volteó a Gutiérrez? ¿Quién deshizo a Varela? ¿Quién salvó al país del Chacho? ¿Quién inutilizó a su último caudillo y de dónde vino esa libertad a cuya sombra escalaron el poder, para sostenerse con la acción de influencias bástatelas?" El Cóndor, 1 de diciembre de 1877.
79 Otro tópico del debate se planteo en tomo a los clubes de artesanos que tanto nacionalistas como unionistaslograron instalar en la capital provincial. Al respecto, véase Navajas, "Clubes", 2009, pp. 26—29.
80 Luego de realizados los comicios, el debate se centró en la cantidad de votantes que había aporcado cada club: ambos se atribuían la gran mayoría del electorado y reclamaban al otro por sus escasos aportes en el desarrollo de la votación.
81 El Independiente, 22 de marzo de 1878. Cursivas en el original. Tenemos referencias de otras reuniones del mismo cipo, pero por una cuestión de espacio sólo incluimos una.
82 Del mismo modo puede advertirse la articulación con los comités formados en los departamentos rurales y con el denominado Club Monteagudo que reunía a la juventud nacionalista. Cada una de estas agrupaciones emitía su voto de maneta corporativa, es decir que contaban con un único voto para definir la composición de las listas de candidatos, mientras que los miembros de la comisión directiva votaban de manera individual.
83 El Argentino, 25 de abril de 1878.
84 Ibid, 27 de junio de 1878.
85 Entonces también la prensa tuvo una actuación destacada, pero el análisis de tales sucesos excede los límites de este artículo.
86 Dicha cuestión ha sido destacada por varios trabajos recientes: Alonso, "Política", 2003; Myers, Orden, 1995; Palti, Política, 1998, y Tiempo, 2007, y Sabato, Política, 1998, y Buenos, 2008.
87 Años más tarde, en 1887 y en estrecha vinculación con la renovación presidencial se produjo en Tucumán un levantamiento armado que derrocó al gobernador y logró la destitución de las cámaras legislativas. Allí el papel de la prensa Ríe decisivo en la configuración y desarrollo del conflicto, al respecto: Navajas, "Identidades", en prensa.
88 En las últimas décadas del siglo fue modificándose este modo de concebir la opinión pública en el marco de cambios más profundos en lenguajes políticos. Esto estuvo vinculado a la complejización de la sociedad civil que se produjo en el escenario de transformaciones estructurales que tuvo lugar en la Argentina a finales del siglo XIX. Palti, Tiempo, 2007, pp. 237 y ss., y Sabato, "Reacción", 2006.
1880—1887", aprobado para su publicación enTravesía, de la Universidad Nacional de Tucumán, en el dossier de Prensa y política del primer semestre de 2011, y "Los clubes políticos en Tucumán: discursos, representaciones y prácticas", Estudios Sociales,Universidad Nacional del Litoral, núm. 36, 2009, Santa Fe, pp. 9—35.