Problemática sanitaria y conflictos políticos en una ciudad del centro de Veracruz: la epidemia de cólera morbus de 1833 en Xalapa
Health Problems and Political Conflict in a City in the Center of Veracruz: the 1833 morbus cholera epidemic in Xalapa
Rogelio Jiménez Marce
Información sobre el autor:
Profesor-investigador dela Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Líneas de investigación: historia religiosa, historiografía, historia ambiental e historia cultural. Autor de los libros La palabra reprimida. El control social sobre el imaginario del más allá. Siglos xvii y xviii, Editora de Gobierno de Veracruz, México, 2010, y La pasión por la polémica. El debate sobre la historia en la época de Francisco Bulnes, Instituto Mora, México, 2003. Ha publicado varios artículos en revistas como Secuencia, Historias, Takwá, Contrapunto, Fronteras de la Historia y Memoria y Sociedad.
Resumen
El objetivo de este trabajo es mostrar las acciones que las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa realizaron, en materia de políticas sanitarias, para evitar que el cólera morbus provocara graves daños en la ciudad. El que el Cabildo tomara en sus manos el control de la política sanitaria preventiva evidenciaba una nueva visión de la sociedad, en la que el Estado buscaba convertirse en el eje rector de las acciones. Antes de la llegada de la enfermedad, las autoridades municipales dispusieron una serie de medidas tendentes a preservar la salubridad pública, como la publicación de bandos y la formación de comisiones tendentes a preservar la tranquilidad pública, pero una de ellas, su decisión de cambiar la ubicación de los hospitales entre ellos el militar, les generaría conflictos con las autoridades castrenses. La disputa por la posesión del Cuartel Grande, que tanto unos como otros consideraban propio, evidenciaba una lucha de poder, pues las autoridades civiles buscaban imponer sus decisiones sobre las militares.
Palabras clave: Cólera morbus; Xalapa; métodos curativos; disposiciones sanitarias; hospitales.
About the author:
Research professor at the “Alfonso Vélez Pliego” Institute of Social Sciences and Humanities of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lines of research: religious history, historiography, environmental history and cultural history. He is the author of the books La palabra reprimida. El control social sobre el imaginario del más allá. Siglos xvii y xviii, Editora de Gobierno de Veracruz, Mexico, 2010, and La pasión por la polémica. El debate sobre la historia en la época de Francisco Bulnes, Instituto Mora, Mexico, 2003. Jiménez has published several articles in journals such as Secuencia, Historias, Takwá, Contrapunto, Fronteras de la Historia and Memoria y Sociedad.
Abstract
This paper studies the health policy measures taken by the local government of Xalapa to prevent cholera morbus from causing serious harm in the city. The fact that Cabildo assumed control of preventative sanitary policy was evidence of a new vision of society, in which the State sought to take a leading role in actions. Before the outbreak of the disease, the municipal authorities implemented a series of measures designed to preserve public health, such as public announcements and the creation of commissions to preserve public order. However one of these - the decision to change the location of the hospitals, including the military one - led to conflicts with the military authorities. The dispute over the possession of the Military Headquarters, which many groups considered their own, revealed a power struggle, as the civil authorities sought to impose their decisions on the military.
Key words: Morbus cholera; Xalapa; healing methods; health measures; hospitals.
Fecha de recepción: agosto de 2013 Fecha de aceptación: noviembre de 2013
Final submission: August 2013 Acceptance: November 2013
El cólera morbus fue una de las enfermedades que mayor impacto tuvieron en el siglo xix, motivo por el cual se le ha considerado como uno de los padecimientos “más dramáticos de la historia de la humanidad”, pues las investigaciones han mostrado que causó uno de los mayores índices de mortandad en el mundo durante esa centuria (Márquez, 1994, p. 269; Velasco, 1992, p. 98; Alcalá, 2012, p. 128; Tovar y Bustamante, 2000, p. 178; Zavala, 2007, p. 41; Machuca, 2006, p. 141; Cuenya, 2006, p. 4; Lafuente, Villela, Serrano, González y Bruni, 2006, pp. 10-11).[1] El cólera salió de su medio natural en la planicie del Ganges en mayo de 1817 y se extendió por diversos países de Asia, África y Europa. Una segunda oleada se produciría en 1826 y llegó a Europa en 1830, lugar desde el que pasó al continente americano en junio de 1832. Las primeras ciudades afectadas fueron Quebec y Montreal. Siguió su camino a Nueva York y se expandió por la costa atlántica de Estados Unidos hasta llegar en noviembre a Nueva Orleans (Carbajal, 2011, pp. 2026-2027; Alcalá et al, 2012, pp. 115 y 120; Rivera, 1978, p. 213; Netzahualcoyotzi, 2011, p. 31). En el caso de México, el cólera ingresó por dos caminos: Tampico y Campeche, lugares desde los que se desplazaría al resto del país, situación que evidenciaba una alteración del esquema de propagación cuyo origen se situaba, por lo regular, en el puerto de Veracruz (Escobedo, 1833, p. 3; Alcalá et al, 2012, pp. 116 y 120; Carbajal, 2011, pp. 2030 y 2061; Márquez, 1992, p. 77; Tovar y Bustamante, 2000, p. 179; González, 2004, pp. 56-57, y Malvido, 1994, p. 220).[2] El impacto del cólera dejaría su huella en los testimonios de la época. Por ejemplo, Manuel Rivera Cambas (1978, p. 214) indicaba que en Monclova y Nuevo León se había enfermado la mayor parte de la población, en tanto que en Perote no se presentó ningún caso. El viajero ruso Ferdinand Wrángel (1975, p. 64) refería, por ejemplo, que en Tepic murieron 960 personas, pero el puerto de San Blas se mantuvo libre de la enfermedad. El francés Mathieu de Fossey (1994, p. 58) indicaba que en el puerto de Veracruz murieron 3 000 personas, cifra que mostraba, desde la perspectiva del viajero, que las autoridades no lograron detener el contagio a pesar de, como lo indicaba el comerciante alemán C. C. Becher (1959, p. 228), la imposición de una cuarentena a los barcos procedentes de Europa, lugar en el cual, se decía, “señoreaba el cólera” (Carbajal, 2011, p. 237; Rubio y Tzuc, 1995, p. 104, y García, 2002, pp. 97 y ss.). [3]
Esta disposición le causó “asombro” y disgusto” al alemán, pues no comprendía el porqué tenía que seguir las disposiciones sanitarias de las autoridades mexicanas. El cólera, tanto en su manifestación de 1833 como en la de 1850, ha sido una de las enfermedades que mayor atención ha recibido por parte de los estudiosos (Alcalá, 2012, pp. 116-119).[4] En el caso del estado de Veracruz, existen diversos trabajos que permiten vislumbrar lo acontecido en 1833 en varias poblaciones de la entidad,[5] pero para el caso particular de Xalapa sólo se encuentran referencias generales sobre este asunto. Así, por ejemplo, Leonardo Pasquel (1978, p. 38) se limita a enfatizar el papel de Francisco Lerdo de Tejada como el principal promotor de la lucha contra el cólera o que en uno de los mejores libros sobre Xalapa, el de Carmen Blázquez (1992, p. 121), se menciona escuetamente que el cólera “causó estragos” en la ciudad, empero, como se expondrá a continuación, la situación fue distinta. El objetivo de esta investigación es mostrar las acciones que las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa realizaron, en materia de políticas sanitarias (Zavala, 2007, p. 41),[6] para evitar que el cólera morbus provocara graves daños en una ciudad que, en la década de 1830, era la cabecera del cantón del mismo nombre. De acuerdo con los informes estadísticos, Xalapa cabecera contaba con 10 628 habitantes y mientras que el cantón de Xalapa tenía 42 704 habitantes (Blázquez, 1992, p. 40, y Solís, 1998, p. 390).
Así, en este trabajo se busca mostrar, en primer lugar, la manera en la que el Ayuntamiento de Xalapa tomó en sus manos el control de la política sanitaria preventiva, situación que no resultaba excepcional sino que formaba parte de una nueva visión de la sociedad, en la cual el estado buscaba convertirse en el eje rector de las acciones. Como lo han mostrado varios autores, la aparición del cólera sería determinante pues obligó a las autoridades seculares, influidas por las modernas corrientes médicas europeas, a imponer una nueva concepción del espacio urbano y social regida por el orden, lo cual no sólo significaba sacar los hospitales, mercados y cementerios de los centros para evitar enfermedades, sino que la salubridad de los ciudadanos se convertiría en una responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales, con el consiguiente desplazamiento de la Iglesia en esa materia (Malvido y Cuenya, 1994, p. 221; Cuenya, 2006, pp. 5, 9; Cuenya y Contreras, 2005, pp. 43, 56, y Castillo, 2012, p. 112). Antes de la llegada de la enfermedad, las autoridades municipales dispusieron una serie de medidas tendentes a preservar la salubridad pública, como la publicación de bandos y la formación de comisiones tendentes a preservar la tranquilidad pública, pero una de ellas, su decisión de cambiar la ubicación de los hospitales entre ellos el militar, les generaría conflictos con las autoridades castrenses, materia que ocupara nuestra atención, como segundo objetivo, sobre todo porque entró en disputa la posesión de un edificio que tanto unos como otros consideraban propio y, por lo mismo, buscaban darle una utilización adecuada a sus intereses, aunque en el fondo se ocultaba una lucha de poder pues las autoridades civiles buscaban imponer sus decisiones sobre las militares.
Un tercer aspecto del que se ocupa la investigación es la identificación de los costos de la epidemia. En primer lugar, se pondrá atención en los recursos erogados por la administración, tanto municipal como estatal, para detener el contagio. En este punto, resulta de interés determinar si las medidas fueron efectivas o no. En segundo lugar, se mostraran las consecuencias políticas del conflicto suscitado por la posesión del hospital militar, mismo que, como se observara, generó una división entre las autoridades civiles y militares y cuya disputa concluiría a finales del siglo xix. Con lo expuesto se busca destacar que un asunto de salud pública, como la manifestación de la epidemia del cólera, pondría de manifiesto un conflicto político preexistente cuya manifestación última sería la querella por un edificio.
Los amagos de una epidemia: medidas preventivas
El 21 de enero de 1833, el gobernador de Veracruz, Antonio Juillet, comunicó al Ayuntamiento de Xalapa,[7] por medio del jefe del departamento Francisco Díaz y Herrera, que se habían recibido noticias provenientes de la ciudad de México y firmadas por el presidente Manuel Gómez Pedraza, en las que advertía de la presencia del cólera morbus en el estado de Chiapas, motivo por el cual se ordenó a la Junta de Sanidad que dictara las medidas necesarias para evitar su propagación;[8] asimismo, se solicitó al regidor juez de policía que pusiera atención en el aseo de las calles, plazas y basureros(Método, 1833, p. 8; Escobedo, 1833, p. 6, y Marín, 1833, p. 3).[9] El Cabildo obedeció los mandatos del gobernador, pero la enfermedad no se manifestó en la ciudad. El 6 de marzo de 1833 se recibieron informes, por parte de un militar asentado en Chiapas, de que Guatemala había sido atacada por la dolencia y se habían manifestado algunos brotes en Comitán, razón por la cual la corporación determinó que se volvieran a poner en práctica las disposiciones estipuladas en enero, pero advertía que se debía poner especial atención en la vigilancia de la cárcel y los hospitales. Estas medidas fueron aplaudidas por los legisladores locales pues decían que era necesario redoblar los esfuerzos, sobre todo después de que enteraron que el cólera había causado estragos en La Habana (Carbajal, 2011, p. 2029; Tovar y Bustamante, 2000, p. 180),[10] motivo por el cual resultaba indispensable aumentar la vigilancia en las costas. Respecto a la cárcel, se tomó la determinación de limpiarla y de pintar su interior de blanco; en tanto que en el segundo caso, el municipio solicitó que los dos hospitales ubicados en el centro de la población, el Militar y el de Caridad, se trasladaran al Cuartel Chico. La disposición no fue bien recibida por el comandante militar Gregorio Gómez, quien pidió que no se hiciera la mudanza sino sólo se procediera a pintarlo de blanco (Rivera, 1978, p. 213).[11]
El Ayuntamiento no sólo accedió a la petición sino que también decidió asumir los gastos de la pintura, situación explicable por el hecho de que en 1832 se buscó hacer el traslado, pero se encontró con la oposición de los militares y para evitar una nueva confrontación, resultaba mejor transigir en ese momento (Camacho, 1986, p. 337, y Castillo, 2012, p. 109).[12] No sucedió lo mismo con el gobernador, quien ordenó, el 13 de mayo de 1833, que los hospitales debían cambiarse al Cuartel Chico. Si el mandatario tomó esta determinación, se debió a la presión ejercida por el Congreso que avalaba la propuesta del Ayuntamiento por considerarla pertinente. Como el Cuartel Chico pertenecía a la federación, el mandatario ordenó que el Cabildo lo tuviera bajo su custodia mientras se resolvía el problema sanitario. A regañadientes, la Jefatura de Armas entregó las llaves del edificio al municipio, pero se les hizo la advertencia de que éste pertenecía a la federación. Como la corporación quería evitar un conflicto con los militares, pidió al gobernador que se devolvieran las llaves y que los hospitales se reubicaran en el edificio del Cuartel Grande, el cual era propiedad de la ciudad. El municipio solicitaba que se ocupara ese inmueble, debido a que fue ocupado por las tropas de la federación quienes, a decir de los regidores, no pagaban ningún tipo de renta. Así, se aprovechó el asunto de la epidemia para tratar de desalojar a los militares de una manera cordial. Ante la posibilidad de que el cólera llegara, se prefirió continuar con la disposición de ubicar a los hospitales en el Cuartel Chico pero se advirtió que cuando pasaran las complicaciones, se buscaría la mudanza al Cuartel Grande pues le pertenecía al municipio. Por tal motivo, se formó una comisión, integrada por el regidor Francisco Peña y el contralor militar, quienes informaron, el 19 de junio, que no era posible trasladar los hospitales por varias razones: se carecía de fondos, el edificio era estrecho, carecía de ventilación y los hospitales tanto el de hombres como el de mujeres quedarían unidos.[13]
Por las anteriores razones proponían la utilización de la Casa de Recogidas para instalar los hospitales. Después de escuchar los argumentos, el Ayuntamiento determinó adecuar una parte del Cuartel Chico para ubicar a los hospitales, pues la inminente llegada del cólera no daba tiempo para tomar otras medidas. No se debe pensar que los motivos esbozados por los regidores tenían la intención de acabar de una vez por todas con el debate, sino más bien reflejaba que la situación sanitaria se podía tornar complicada y antes de ahondar el problema de la propiedad del edificio, las autoridades civiles prefirieron ocuparse de la epidemia. De hecho, Francisco Lerdo presentó un proyecto de bando de policía para el aseo de calles y casas, asimismo se nombró una comisión, integrada por Francisco González, Manuel Hidalgo, Bernardo Sayago y el médico Jorge Ojeda, quienes tenían la misión de recorrer las tiendas y panaderías para hacer evaluaciones de los alimentos y bebidas expendidas, a fin de inutilizar las que “por su mala calidad” fueran perjudiciales a la salud pública. Otras de las atribuciones de la comisión era vigilar el cumplimiento de la limpieza de las calles por parte de los particulares, tarea en las que los ayudaría el regidor de policía, quien, a su vez, también debía realizar el desagüe de las aguas estancadas. Al mismo tiempo, se pidió a los médicos residentes en Xalapa la elaboración de un método curativo contra el cólera, y que evaluaran los que se habían formulado en otros lugares para saber si eran aplicables a una ciudad que contaba con un clima distinto y con una población cuyos habitantes tenían cierto “tipo de costumbres”.
La demanda de las autoridades era explicable, pues de acuerdo con Rivera Cambas (1978) no se había podido señalar las razones por las cuales la enfermedad se produjo (Netzahualcoyotzi, 2011, pp. 24-25),[14] motivo por el que aparecieron numerosos preservativos y métodos curativos cuyos resultados no habían sido satisfactorios. Entre los métodos empleados se encontraban los llamados “polaco”, “austriaco”, “excitante”, “refrescante” y “draforético”. Otros tenían como base la nuez vómica, el amoniaco y una combinación de bismuto con opio. Rivera Cambas (1978) consideraba que los más adecuados eran los propuestos en las cartillas publicadas en San Luis Potosí, Guatemala, Veracruz y París.[15] Las cartillas mencionadas no fueron las únicas difundidas en ese momento, pues en diversos estados se propusieron diversos métodos que se consideraban como los más adecuados.[16] Los munícipes estipularon que cuando se conocieran los métodos presentados por los facultativos, se buscaría probarlos para verificar sus resultados y, en ese caso, se procedería a repartirlos de forma impresa entre la población. Los únicos galenos que respondieron a la invitación fueron José María Pérez y Jorge Ojeda, quienes acordaron proponer un método curativo así como algunos medios para prevenir el contagio o para actuar de manera inmediata en caso de haberlo contraído. El 27 de junio de 1833, la comisión inspectora informó que, en una primera revisión de los alimentos y bebidas expendidos en las tiendas de la ciudad, encontraron semillas y media barrica de sardinas en estado de descomposición, lo cual motivó su confiscación.[17]
Como la epidemia seguía sin manifestarse en la ciudad, el Cabildo propuso varias medidas preventivas: en primer lugar, se sugirió prohibir la entrada de carne de oveja, cabra y chivo (Escobedo, 1833, p. 6; Marín, 1833, p. 5, y Método, 1833, p. 2).[18] En segundo lugar se crearon tres comisiones: la primera, formada por los regidores Lerdo y Sayago, debía apresurar el traslado de los hospitales al Cuartel Chico; la segunda, integrada por los regidores Lerdo y Peña, investigaría en dónde había quedado el dinero recolectado con la intención de ayudar a las mujeres de los soldados que enfermaron en Veracruz, asimismo debía organizar una suscripción pública para socorrer a los enfermos de cólera (Alcalá, 2009, p. 237,[19] y la tercera, encabezada por los regidores Lerdo, Bonilla y el encargado de la Junta de Sanidad, elaboraría un bando de policía en el cual se integrarían las medidas sanitarias necesarias para combatir la enfermedad, además se permitiría a los vecinos de la ciudad que cortaran maderas resinosas de los montes cercanos para realizar fumigaciones. En tercer lugar, y ante la indiferencia mostrada por los médicos de Xalapa para proponer métodos curativos de la enfermedad, el gobernador de Veracruz, general Ciriaco Vázquez, solicitó al de Puebla el traslado de tres facultativos con experiencia en el tratamiento de la enfermedad. Los designados por la Junta de Sanidad de Puebla fueron Manuel Camargo, José María Molina y Manuel Ortiz.[20] Como las autoridades de la ciudad solicitaron que los galenos presentaran sus títulos, estos contestaron que no los tenía por causa de la premura de su salida. Sin embargo, Vázquez ordenó que se les otorgara el permiso de trabajo, un hecho excepcional pues en Xalapa no se le permitía a ningún médico ejercer, si no contaba con el aval de la comisión dictaminadora.
Pese a la disposición, se les advirtió a los facultativos que pidieran por correo sus títulos para “asegurar la confianza del público”.[21] Resulta significativo el caso de los médicos poblanos, pues el cólera se manifestó en la ciudad de Puebla el 23 de agosto, es decir, unos días antes de que hiciera la petición el gobernador veracruzano, pero lo más sorprendente es que se les haya otorgado el permiso, pues en Puebla sólo existían 26 médicos para atender a una población cercana a los 40 000 habitantes (Malvido y Cuenya, 1994, pp. 223-224).[22] También se tomaron las siguientes providencias: las campanas de las iglesias no tocarían dobles y agonías, así como tampoco se debía utilizar la campanilla del viático y los cantos lúgubres, acciones que buscaban impedir la difusión del “terror” y de la “consternación pública” en la ciudad (Método, 1833, pp. 8; Escobedo, 1833, p. 4; Marín, 1833, pp. 3, 11; Esposición, 1833, p. 11; Febles, 1833, pp. 3 y 12; Rivera, 1978, p. 214; Zavala, 2007, p. 50; González, 2004, p. 58, y Carbajal, 2010, p. 139);[23] asimismo se pidió la presencia de los sacerdotes en las sacristías de las parroquias San José y el Calvario, a fin de que los feligreses tuvieran los “auxilios espirituales” cuando lo requiriesen (Malvido y Cuenya, 1994, p. 223, y Cuenya, 2006, p. 5).[24] Al mismo tiempo se estipuló que el alcalde realizara una inspección en las boticas de Joaquín Ruiz, Manuel Reyes y Félix Quiroz para evitar la alteración del precio de las medicinas. Tras las visitas se acordó amonestar a Félix Quiroz, dueño de la botica de la calle de Belén, debido a que no sólo ejercía su profesión de farmacéutico, sino también la de médico y cirujano, asimismo se le pidió evitar que sus criados o “personas faltas de inteligencia” despacharan medicinas, abuso del cual tenían noticia. Los regidores pidieron que los facultativos residentes se reunieran con José María Pérez, a fin de determinar si se podía elaborar un método curativo acorde con las circunstancias particulares de la población, el cual debía acabar con la “incertidumbre” vivida en la ciudad pues existían varias recetas y métodos curativos cuya eficacia no había sido comprobada.
El Cabildo consideró pedir al gobernador que los presos menos peligrosos se destinaran a las obras públicas durante la epidemia, lo cual evitaría que permanecieran encerrados en un lugar “estrecho e incómodo” y en el caso de que no se autorizara la propuesta, se debía sugerir la repartición de los delincuentes en dos locales para evitar que su concentración en un solo sitio propiciara la aparición de la enfermedad. Para enfrentar la problemática sanitaria con mayor libertad, el Ayuntamiento decidió otorgarse facultades extraordinarias al Ayuntamiento y se determinó que sesionaran dos veces por semana, lunes y viernes, mientras persistiera la enfermedad.[25] Asimismo, se formó una comisión, integrada por Miguel Palacios, Bernardo Sayago, el vicegobernador Javier Echeverría y Francisco Fernández Agudo, con una triple intención: averiguar en dónde había quedado el dinero recolectado para auxiliar a las mujeres de los soldados enfermos de Veracruz; solicitar a los donantes que ese dinero se destinara a los enfermos de cólera; y promover una suscripción popular. Como la Jefatura de Armas consideraba que la elaboración del bando de policía era un asunto prioritario, se conminó al Cabildo a concluirlo en el menor tiempo posible, situación que evidenciaba la persistencia del conflicto de intereses entre las dos instituciones. El 28 de agosto se presentó una primera versión que sería aprobada en lo general y que seguía, en buena medida, los lineamientos del redactado en 1830.[26] El bando constaba de once puntos que conminaban a los vecinos a barrer su calle antes de las ocho de la mañana y evitarían regar el suelo con agua proveniente de los caños, medida que también se debía llevar a cabo en las casas desocupadas. En caso de que no se cumpliera con la disposición se aplicaría una multa de cuatro reales a dos pesos o de tres a ocho días de trabajo en las obras públicas (primer punto). Los dueños de “tiendas mestizas”, tocinerías y carnicerías debían mantener limpios sus comercios y si desobedecían la orden, se les aplicaría una multa de cuatro reales a cinco pesos (segundo punto).
Se debía realizar una “rigurosa” limpieza de los cuarteles, mesones, establecimientos públicos y privados, casas particulares, cuartos interiores, accesorias, corrales de ganado y caballerizas. En caso de no hacerlo se pagaría una multa de uno a diez pesos o de cuatro a quince días de obras públicas (tercer punto). Los sacos de basura e inmundicia no se debían colocar en las banquetas y en caso de incumplimiento, la multa sería de cuatro reales a dos pesos o de dos a cuatro días de trabajo en las obras públicas (cuarto punto). Se prohibía que los cadáveres permanecieran descubiertos en su tránsito al cementerio. La desobediencia implicaría una sanción de dos a 25 pesos (quinto punto). Se suprimía la venta de cerveza, tepache, vinos, aguardientes y licores. Sólo en casos de “absoluta necesidad” se autorizaría aunque debían ser conducidos en botellas. Los que infringieran la orden recibirían una multa de diez a 25 pesos para el caso de cerveza y tepache, de cinco a diez para vinos, aguardientes y licores, y se cerraría el establecimiento en caso de reincidencia (sexto punto) (Método, 1833, p. 8; Escobedo, 1833, p. 6; Marín, 1833, pp. 6-7, y Esposición, 1833, p. 11).[27] Se prohibía la venta de carne fresca de puerco, chivo, oveja, tejón, mono y armadillo, así como la salada, la de pescado salpreso, el queso y la mantequilla (séptimo punto). Se prohibía la venta de frutas, verduras y legumbres a excepción del arroz, maíz, habas, papas y garbanzos (Método, 1833, p. 8; Escobedo, 1833, p. 6; Marín, 1833, pp. 3, 6, y Esposición, 1833, p. 10).[28] En caso de incumplimiento se impondría una multa de cuatro reales a diez pesos o de dos a quince días de trabajo en las obras públicas (octavo punto). La alteración de los precios en los artículos de primera necesidad, tanto de alimentos como de medicinas, sería castigada con una multa de diez a 50 pesos o de uno a dos meses de prisión (noveno punto).
Los médicos estaban obligados a atender a los enfermos, sin importar la hora o el lugar. En caso de que no cumplieran con la disposición se les impondría una multa de 25 a 100 pesos por la primera vez, de 50 a 200 por la segunda y si reincidía, se le privaría de su derecho de ejercer en la ciudad (décimo punto). Los boticarios debían surtir las recetas de los médicos sin importar la hora en que se requirieran, y si no lo hacían se les impondrían las mismas penas que a los galenos (undécimo punto). En el bando no se tomaron en cuenta algunas disposiciones propuestas por el jefe del departamento, entre las cuales se encontraban la destrucción de los basureros, el nombramiento de un ayudante del regidor jefe de cuartel que vigilaría el aseo de las casas, y la formación de una comisión que evitaría la especulación de alimentos, la cual pondría especial atención en el frijol que no sólo constituía el principal sustento de la “gente pobre”, sino también era uno de los alimentos que no causaba indigestión (Velasco, 1992, p. 127).[29] Tras la promulgación del bando de policía, los regidores jefes de cuartel convocaron a los jefes de manzana para informarles sobre el contenido del bando y pedirles su cumplimiento, pues en caso de omisión se les impondría una multa de cuatro reales a cinco pesos. Los regidores solicitaron un informe al médico José María Pérez respecto a la manera en la que se auxiliaría a las personas cuando mostraran los primeros síntomas de la enfermedad, el cual se imprimiría y repartiría en la ciudad.[30] También se propuso la formación de dos comisiones cuya misión sería, en el caso de la primera, integrada por los regidores Aparicio y Bonilla así como el médico en turno, realizar una inspección de los lugares en los cuales se expendían comestibles; y en lo que se refiere a la segunda, conformada por los regidores Lerdo, Caballero y Sayago, asignar precios a los artículos de primera necesidad.
Los miembros de la segunda comisión propusieron que se autorizara la venta de frijol, pese a que algunos médicos lo prohibían, pues constituía el principal alimento de los pobres y no resultaba dañino cuando se le cocía con tequesquite. La comisión encargada de la vigilancia de las boticas notificó que la de Félix Quiroz mostraba numerosas transgresiones: pesos y medidas incompletas, píldoras caducas, carencia de medicinas, desaseo y abandono del establecimiento, motivo por el cual pedían que realizara las modificaciones necesarias y si no hacía caso de las recomendaciones, se procedería al cierre de su negocio. El informe de la comisión sería objetado por Quiroz, quien mencionó que eran falsas las aseveraciones imputadas y fruto de un “informe siniestro”, pues sólo proporcionaba “remedios caseros” que no causaban ningún tipo de daño y le resultaba incomprensible que se le buscara castigar, cuando uno de los miembros del Ayuntamiento había ejercido la medicina sin autorización y no existía ninguna partera que contara con título. Como la mayoría de los cargos eran “maliciosos”, solicitaba que las autoridades los desecharan.[31] Por su parte, la comisión encargada de la vigilancia de los precios notificó que la medida podría resultar contraproducente, pues no existían suficientes reservas de alimentos en Xalapa y sugerían que la Jefatura de Armas permitiera la entrada de productos, pues la abundancia ayudaría a bajar los precios.
Algunos miembros del Ayuntamiento sugirieron que se estableciera un lazareto para disminuir el impacto de la epidemia, pero a causa de sus problemas económicos decidieron solicitar ayuda pecuniaria del gobernador, quien contestó que no podía extender la ayuda a título personal, por lo cual el Cabildo debía solicitar un préstamo de las arcas del estado y comprometerse a pagarlo cuando concluyera la “peste”. Ante tal situación, el municipio solicitó un empréstito de 3 000 pesos, pero el gobernador sólo autorizó que el administrador de la Aduana les entregara 1 500 pesos en varias partidas (Quiroz, 1986, pp. 200, 386, 388 y 390, y Florescano, 1992, pp. 79 y 81).[32] La corporación acordó que el vicegobernador Javier Echeverría sería el depositario del dinero. Al asumir la administración del dinero, Echeverría informó que en 1832 se había realizado una colecta para ampliar el hospital de mujeres, de la cual se obtuvieron 391 pesos que se gastaron en su totalidad. Por tal motivo, inició una recaudación que logró reunir 100 pesos gracias a las donaciones de once personas y pensaba solicitar en donación el reunido en 1829 con la intención de ayudar a los gastos en la guerra contra la invasión española.[33] Ante la carencia de dinero, se le pidió un reporte al regidor Peña sobre el número de camas de los hospitales y de la cantidad requerida para elaborar nuevas. El regidor informó que faltaban frazadas pero no mencionó nada de las camas. El 6 de septiembre, el Ayuntamiento recibió de la Junta de Facultativos el método curativo que, según creían, era el más adecuado para aplicarse a las condiciones de la ciudad. Ellos estipulaban que su método podía aplicarlo cualquier vecino de “regular razón” y habían integrado varios puntos referentes a la higiene.
Por tal motivo, el Cabildo determinó imprimir “suficientes ejemplares” que se entregarían a los párrocos, jefes de cuartel, facultativos y capitulares, quienes debían distribuirlos en la ciudad y en los pueblos del cantón.[34] La comisión encargada de vigilar los alimentos informó que habían encontrado algunos tercios de harina y varios productos, entre los cuales se contaban jamón frescal y pescado salpreso, en malas condiciones, por lo que ordenaron su confiscación mientras pasaba el peligro.
La epidemia recorre las calles de Xalapa
A pesar de las previsiones tomadas por los miembros del Cabildo, los primeros casos de cólera se manifestaron entre el 6 y el 10 de septiembre. La epidemia llegó al estado de Veracruz vía la ciudad de México, es decir, siguió la ruta comercial que pasaba por Perote hacia Xalapa, situación que evidenciaba la carencia de una regulación estricta en el tránsito de los portadores de gérmenes (Netzahualcoyotzi, 2011, p. 111, y Womack, 1994, p. 33).[35] Con el arribo de la enfermedad, el regidor Peña informó que se contaban con pocas camas en los hospitales y que se requerían diez pesos para fabricar nuevas, por lo cual la corporación determinó que lerdo y sayago solicitaran, al comandante militar, el préstamo de las camas y los utensilios médicos que no se ocupaban en el Hospital Militar, los cuales servirían para habilitar los hospitales de caridad en los que se atendería a los enfermos pobres. Se aclaraba que los materiales prestados serían devueltos cuando acabara la epidemia y se repondrían los que se perdieran o inutilizaran. La petición de la comisión sería aprobada por el comandante y se prestaron 686 camas con sus respectivos utensilios. Los munícipes también estipularon que el regidor jefe de cuartel debía nombrar dos ayudantes, quienes lo ayudarían a llevar un censo de los enfermos que requirieran alimentos y medicinas. Para que se les entregaran las medicinas en las boticas, los facultativos debían especificar que los contagiados eran pobres y debía llevar la firma del regidor jefe y de uno de los comisionados (Rubio, 1995, p. 105).[36] También se especificó que sólo se recibirían en los hospitales a las personas que no podían ser atendidas en sus casas.[37]
Los regidores jefes de cuartel y los comisionados podían solicitar al vicegobernador que les prestara las cantidades que se requirieran para la atención de los enfermos, para lo cual debían entregar una boleta en las que se registraría el nombre de la familia, el número de personas atendidas y la ayuda otorgada. Los jefes de manzana debían entregar diariamente una relación de los enfermos y muertos a los regidores jefes de cuartel, quienes a su vez debían remitirlos a la jefatura. Se estipuló que las medicinas serían surtidas en la botica de Joaquín Ruiz, a quien se le entregaría, al igual que al vicegobernador, una relación de firmas de las personas que autorizarían las recetas. También se determinó que se designaría a un médico para cada cuartel y si este se ausentaba, los demás podían asistir al que lo solicitara. Como los galenos se mostraron en desacuerdo, con el argumento de la insuficiencia de médicos para atender las necesidades del vecindario, el Ayuntamiento les pidió su solidaridad en la atención de los enfermos pobres. Como medida adicional, se imprimieron un mayor número de cuartillas para repartirlas entre los habitantes de la ciudad y de las poblaciones cercanas, pues la primera tirada, consistente en 150 ejemplares, había resultado insuficiente. La nueva publicación sería financiada por Juan F. Bárcena y Bernardo Sayago. Con la intención de colaborar con esta “buena obra”, el diputado Ramón María Terán negoció con su hermano, quien era dueño de una imprenta, que hiciera la impresión, pero el 15 de septiembre decidió retirar su apoyo pues decía que Cristóbal Rajadel vendía los ejemplares a medio real, acción que no sólo ponía en duda el “buen crédito” de la corporación.[38]
El regidor Peña informó a Terán que su apreciación era falsa, pues Rajadel había mandado imprimir 500 ejemplares de la cartilla, los cuales vendió para solventar el costo de tiraje. No obstante, la carencia de ejemplares de la cartilla había ocasionado que se maximizaran los recursos. Así, por ejemplo, se les pidió a los párrocos que los feligreses compartieran la información relativa a los métodos curativos. Al sacerdote Campomanes también se le solicitó que notificara sobre la distribución de los eclesiásticos en la ciudad, a fin de que se entregara esa información a los regidores jefes de cuartel y a los jefes de manzana. José Manuel Casas, en nombre de Campomanes, indicó que dos sacerdotes se ocuparían del auxilio de los feligreses residentes entre las calles de Rocha y las garitas de arriba, dos más atenderían desde el callejón de Techacapa hasta la casa de Miguel Carara, otros dos lo harían en la jurisdicción de la vicaria de San José, y dos estaban dispuestos a atender casa por casa, labor en la cual también estarían involucrados los franciscanos. El Ayuntamiento solicitó al vicegobernador que, como depositario del préstamo, pagara el costo de las boletas que se les entregarían a los regidores jefes de cuartel, a los comisionados y a los médicos, prevención cuyo objetivo era evitar la falsificación de los documentos. Como medida adicional, los boticarios tendrían una lista con las firmas de los jefes de cuartel quienes, a su vez, debían remitir una lista diaria de los enfermos. Sólo en los casos graves se autorizaría el expendio de medicinas, sin que las boletas llevaran las firmas autorizadas pero sí la de alguno de los médicos “antiguos” (José María Pérez, Joaquín García, Jorge Ojeda y Juan Ignacio Bonilla) y se incluiría su nombre, estado social y cuartel en el que residía.[39]
Para ayudar a las labores de auxilio de los enfermos, el vicegobernador donó tres camillas que se entregaron a los hospitales de caridad. Ante la cantidad de enfermos ingresados a los nosocomios, el regidor Peña solicitó la contratación de un practicante destinado al auxilio del hospital de caridad para mujeres, circunstancia aprovechada por Agustín Díaz, quien se desempeñaba como segundo ayudante del Cuerpo de Sanidad Militar, para pedir el otorgamiento del puesto. La gravedad de la situación ocasionó un mayor involucramiento de las autoridades militares y eclesiásticas. Así, el comandante militar, coronel Gregorio Gómez, autorizó el préstamo de más camas y utensilios para los hospitales de caridad; en tanto que el presbítero José Manuel Casas, quien era el encargado del curato de la ciudad, comunicó que se había hecho una nueva distribución de los párrocos para evitar que la población careciera de “auxilios espirituales”, lo cual fue notificado a los jefes de cuartel. Por su parte, el gobernador pidió que se le remitiera un informe del estado de las cosechas de maíz, pues temía que la epidemia generara su carencia. Las noticias remitidas por las autoridades municipales resultaron alentadoras, pues se esperaba obtener una regular cosecha (Oliver, 2010, p. 49, y Reina, 1999, p. 175).[40] Como las autoridades municipales consideraban que no se había logrado detener la propagación de la enfermedad, determinaron que se pusieran en práctica otras medidas. En primer lugar, se buscó que el jefe político autorizara el establecimiento de un depósito de cadáveres en el cuartel de San José, pues resultaba “perjudicial” que permanecieran en las casas particulares durante 24 horas (Velasco, 1992, p. 127).[41]
El cuartel se consideraba el lugar más adecuado para tal asunto, debido a que se encontraba en las afueras de la ciudad y cerca del cementerio general, lo cual permitiría el traslado de los muertos por calles alejadas del público. En segundo lugar, se exhortó a las autoridades de los pueblos y de las rancherías del cantón que enterraran a una profundidad conveniente a los muertos, pues de esa manera se evitarían mayores trastornos a causa de los “miasmas” que desprendían los cuerpos en descomposición. En tercer lugar, para evitar la rápida descomposición de los cuerpos se cubrirían con cal, por lo cual se emplearía la destinada para la construcción del nuevo mercado. En cuarto lugar, los regidores jefes de cuartel y los comisionados tratarían de convencer a los pobladores de evitar la realización de funerales y reuniones, pues de esa manera se propagaban los miasmas productores de la enfermedad. En quinto lugar, se pidió a los regidores Lerdo y Sayago que buscaran un sitio para establecer un cementerio provisional, en caso de que no fuera suficiente el que se encontraba en funcionamiento. En sexto lugar, se volvió a insistir que los médicos asistieran a los enfermos sin importar el cuartel de residencia, pues se tenían noticias de que algunos contagiados no habían recibido auxilio oportuno. En séptimo lugar, se exhortó a los regidores jefes de cuartel que observaran el cumplimiento del bando de policía, pues se sabía que ninguno lo hacía. De hecho, y para mostrar que no sólo era una recomendación, se hizo la revocación del regidor jefe del octavo cuartel, cargo que se encomendó a Pascual Caballero en tanto se nombraba a un sucesor.[42]
La petición de instalar un depósito de cadáveres en el cuartel de San José no fue autorizada por el comandante militar, debido a que, según la opinión de José María Pérez, quien fungía como inspector de los hospitales militares del estado, resultaría perjudicial la reunión de los cadáveres y de los enfermos en un mismo lugar, pues se corría el riesgo de crear una “atmósfera corrompida” que provocaría la expansión de la enfermedad. Por tal motivo, el regidor Lerdo propuso rentar una de las casas cercanas al camposanto. El dueño de la casa elegido se negó a prestarla, pero ofreció venderla en 250 pesos. Como la vivienda debía acondicionarse, el regidor presidente manifestó que se utilizaría, de manera momentánea, el hospital de mujeres para resguardo de los cadáveres. Sin embargo, el inmueble no se adquirió por carencia de fondos, pues se decía que tan sólo en un mes se habían destinado 276 pesos para el hospital de hombres y 250 pesos para el de mujeres, dinero que, en su mayor parte, se destinó a la compra de frazadas. Ante tal hecho, Lerdo sugirió que se consiguiera una de menor valor y cercana al cementerio, situación urgente en virtud de que los médicos buscaban sacar a los fallecidos de los hospitales.[43] Respecto al asunto del nuevo cementerio, Lerdo y Sayago manifestaron, el 14 de octubre, que no habían encontrado un terreno adecuado, por lo cual sugerían abrir zanjas profundas para enterrar a los muertos. La escasez de espacio era producto, según los regidores, de que la inhumación de los fallecidos de las rancherías de Soncautla y Yerbabuena se realizaba en el cementerio de la ciudad, razón por la cual solicitaron que el gobernador dictara órdenes para evitar este tipo de acciones.[44]
Como se temía que los boticarios cometían abusos, se pidió a Lerdo realizar una inspección de los establecimientos para constatar que las boletas contaran con las firmas de los galenos autorizados. El regidor notificó que Félix Quiroz había infringido varias de las disposiciones del bando de policía, razón por la cual se le impuso una multa aunque después se le condonó por haberse estipulado ciertas excepciones en la materia. Quiroz no fue el único implicado en actos deshonestos, pues el jefe del cuarto cuartel informó de la aplicación de varias multas. La muerte de uno de los practicantes del hospital para hombres provocó que Francisco Moreno solicitara la plaza, pero los munícipes determinaron que el regidor Peña propusiera a la persona más adecuada, quien informó que Francisco no era el único que aspiraba a la plaza, pues también se habían postulado Santiago León y José Benítez.[45] Después de analizar los expedientes y con la premura de las circunstancias, Peña eligió a Moreno, mientras que León y Benítez servirían como interinos en el mismo lugar aunque debían obedecer las órdenes del primero. La resolución no fue del agrado de los dos últimos que se negaron a trabajar como interinos, motivo por el cual se determinó evaluar sus expedientes para destinar a uno de ellos al hospital de mujeres. Peña consideraba que Benítez era adecuado para el puesto, pero los médicos comisionados eligieron a Francisco Moreno.
En los primeros días de noviembre se percibió una disminución en el número de infectados por el cólera, motivo por el cual el gobierno del estado solicitó al Ayuntamiento la elaboración de tres informes: el primero debía mencionar el número de enfermos y muertos durante la epidemia; el segundo debía consignar los “ramos de la riqueza pública” afectados; y el tercero debía proponer soluciones para remediar la situación provocada por la epidemia. Respecto al primer punto, y de acuerdo con los datos recopilados por los regidores jefes de cuartel, 853 personas sufrieron la enfermedad y 162 fueron las que fallecieron, aunque no se especificaba, en ninguno de los dos casos, el sexo o la edad.[46] El comportamiento en los cuarteles mostraría notables diferencias, tal como se aprecia en el cuadro 1. A las cantidades reportadas por los regidores jefes de cuartel, se les debe sumar los informes de los médicos residentes aunque es de advertir que no todos lo entregaron, pese a que el Ayuntamiento se los solicitó en varias ocasiones. Los únicos médicos que cumplieron su labor fueron Joaquín García y Jorge Ojeda.
Joaquín García indicaba que entre el 6 de septiembre y el 21 de octubre había atendido 138 casos, de los cuales sólo nueve habían resultado fatídicos. Es importante mencionar que el médico se ocupó del primer cuartel, es decir, del corazón de la ciudad. Como se puede apreciar en el cuadro 1, existían variaciones en las cifras presentadas por el médico y el regidor jefe, quien reportó 133 enfermos, es decir, García reportaba cinco enfermos más pero también un menor número de muertos, nueve por catorce del jefe de cuartel, diferencia que resulta significativa sobre todo en el caso de los muertos, pues su reducido número significaba, en última instancia, que el impacto de la enfermedad había sido de menor gravedad en ese cuartel. A diferencia de los regidores jefes de cuartel, García desglosaba el número de enfermos por calle, de tal manera que la de Los Últimos Asientos había sido la más afectada pues se reportaron 22 casos, después la del Molino con diez y seguían 30 calles en las cuales se notificaban diferentes números de enfermos: tres con ocho, dos con siete, dos con seis, cuatro con cuatro, nueve con tres, siete con dos y tres con un caso. De los fallecidos atendidos por García, había cinco hombres y cuatro mujeres. Las edades variaban: dos eran menores de quince años, tres oscilaban entre los 20 y 40 años, y tres eran mayores de 50 años, sólo en un caso no se reportó la edad por ser un “hombre desconocido”. En total, Ojeda atendió a 213 enfermos de los cuales seis murieron, pero no mencionó el periodo en el que lo hizo, el cuartel que le correspondía vigilar, las edades y su sexo. Las cifras presentadas por Ojeda no concordaban con ninguna de las presentadas por los regidores jefes, por lo cual es de suponerse que se ocupó de dos o más cuarteles, o bien exageró las cantidades para mostrar que había tenido una activa participación.[47]
Es probable que la segunda opción sea la más viable, pues resulta insignificante el número de muertos en función de los casos atendidos y sólo en uno de los cuarteles, el número 5, se encontró casi la misma cantidad de fallecidos aunque el total de enfermos era menor. La sumatoria de las cantidades proporcionadas por los regidores jefes de cuartel mostraba que habían sido 853 enfermos y 162 muertos. Estas cifras evidenciaban que 19% de los contagiados había fallecido. Resultan significativas las diferencias entre las cifras aportadas por los regidores jefes de cuartel y los médicos, pues los datos de los últimos rebasaban a los de los primeros. Sin embargo, la comparación de las dos cifras permite dar cuenta que fueron 1 204 enfermos y 177 muertos, cifras que evidenciaban que sólo 14% de los contagiados feneció. Respecto a la población total de la ciudad, las cifras muestran que 11% se infectó, pero sólo 0.016% murió por esa causa. Como a los boticarios no se les pidió que hicieran una lista de las recetas que tuvieron que surtir, no existe forma de comprobar cuáles eran las cantidades más cercanas a la realidad y, de esa manera, determinar el impacto de la epidemia en la ciudad.[48] Sobre la evaluación de la situación económica no se presentó ningún informe, al igual que tampoco se propusieron soluciones a las problemáticas que se padecían. Los regidores argumentaron que su silencio era consecuencia de que el “cuidado de la salud pública” había ocupado la mayor parte de su atención, pero como la epidemia comenzaba a ceder podían realizar una evaluación de los ramos que incrementaban el “bien público”, así como efectuar un padrón de individuos cuyas edades oscilaran entre los 18 y 50 años.
Un problema que tuvo que enfrentar el Ayuntamiento fue la petición de los médicos Jorge Ojeda, Manuel Ortiz, José María Molina y Manuel Camargo de que se les pagara por los servicios prestados durante la contingencia. El primero aducía que requería pagar el alquiler de la casa utilizada para atender a los dolientes, mientras que los otros pedían una compensación por su trabajo profesional. Los regidores reconocieron que se les había prometido sufragar la atención proporcionada, pero las arcas municipales carecían de fondos pues en octubre habían pagado 772 pesos por gastos de los hospitales.[49] Resulta interesante mencionar que los miembros del Ayuntamiento, encabezados por el regidor Francisco Lerdo, aprovecharon el asunto de la epidemia para remitir una representación al Congreso estatal en la que solicitaban que el gobierno se trasladara de Veracruz a la ciudad de Xalapa, a fin de que, desde este lugar, se pudieran tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del mal. La propuesta no tuvo respuesta, aunque evidenciaba la situación política que se vivía pues se buscaba que la capital de nueva cuenta estuviera en Xalapa. Las autoridades municipales advertían, el 11 de noviembre, que la epidemia casi había desaparecido, motivo por el cual pidieron la derogación de la prohibición de introducir carne salada, pues se tenía conocimiento de que se vendía de manera clandestina y no generaba, por lo mismo, ningún dividendo a las arcas de la ciudad. Quince días después, el regidor León solicitó que se derogara el bando de policía emitido en agosto, debido a que había aumentado el consumo de frutas y verduras, circunstancia que sólo beneficiaba a los “comerciantes clandestinos”, pues la ciudad no podía cobrar los respectivos impuestos.
El Cabildo también determinó darles las gracias a los médicos poblanos que habían ayudado en la atención de los contagiados. Como uno de ellos, Manuel Ortiz, decidió permanecer en la ciudad, los regidores le pidieron entregar su título para continuar con su ejercicio.[50]
Conflictos de jurisdicción entre el Ayuntamiento y la Jefatura de Armas
Concluido el problema de salud, el municipio decidió retomar el asunto del lugar en el cual se debían ubicar los hospitales, situación derivada del hecho de que la jefatura militar había trasladado su nosocomio al edificio en el que se encontraba antes de la manifestación de la epidemia, movimiento realizado sin pedir autorización de la corporación. Ante tal situación, se formó una comisión, integrada por Lerdo, Aparicio y Sayago, que se evaluaría el acto efectuado por los militares y le explicarían al jefe del departamento, el teniente coronel José Antonio Guzmán que también era comandante militar,[51] lo perjudicial de la medida pues, según decían, se habían presentado algunos casos de cólera después de la reinstalación del hospital militar en el centro de la ciudad. El jefe del departamento les indicó a los comisionados que tenía órdenes de desocupar el cuartel de San José, situación que había obligado al traslado del hospital militar a su antiguo local, pero les pedía que eligieran el punto más adecuado para instalarlo. Tras discutir el asunto, el Ayuntamiento acordó que los hospitales, tanto el militar como los de caridad, se situaran en el Cuartel Grande. Sin embargo, el jefe de departamento no autorizó el traslado y, por el contrario, ordenó que el de caridad desocupara el Cuartel de San José, pues, según decía, estaba enterado que su préstamo era provisional y se requería para albergar a las tropas que llegarían a la ciudad. También se debía tomar en cuenta que la epidemia había acabado y ya no se requería la reubicación de los hospitales. Para finalizar, el jefe de departamento decía que el Cuartel Grande requería numerosas reparaciones, pues no se podía permitir que los enfermos estuvieran expuestos al “desabrigo” y a la “peor asistencia”.
La determinación no fue del agrado del Cabildo, quien respondió que se había acordado que el municipio determinaría el mejor lugar para ubicar a los hospitales y las nuevas órdenes sólo contribuían a poner en peligro la salubridad de la población, motivo por el cual pedían que se les entregara el Cuartel Grande para emplazar los hospitales militar y de caridad. Los regidores consideraban que de no hacerse la entrega del edificio, su autoridad se ponía en entredicho y por lo mismo, exigieron que se llevara a cabo como una forma de devolverle el “decoro” al cuerpo.[52] El Ayuntamiento manifestaba que si el jefe de departamento no otorgaba una respuesta satisfactoria, acudirían con el presidente de la república y publicarían las notas de contestación en el periódico, a fin de que el vecindario se diera cuenta de quiénes eran los culpables del retorno de la epidemia. Como la jefatura, según el Cabildo, respondió de manera ofensiva, se determinó, en un primer momento, contestar de la misma manera, pero después se acordó que se hiciese caso omiso del documento y no se guardaría en el archivo del Ayuntamiento. Para nuestra fortuna la carta se preservó y muestra que el cuerpo exageraba en su posición, pues la jefatura proponía que se trasladaran los dos hospitales al antiguo convento de San Juan de Dios. Guzmán advertía que en el fondo del asunto, más bien, se encontraba el dilucidar a quién pertenecía el Cuartel Grande, pues el Ayuntamiento trataba de quedarse con un edificio que pertenecía a la federación. Bajo estos argumentos, la vía legal se presentaba como la única manera de resolver la disputa entre las autoridades estatales y las federales.
Como el 8 de diciembre Guzmán entregó la jefatura a Ángel Ochoa, el Cabildo pensó, en un primer momento, no contestar las imputaciones pero después decidió hacerlo, pues consideraba que se lesionaban sus intereses, sobre todo por la existencia de nuevos casos de cólera y por el hecho de que se presentó al municipio como un organismo que manejaba una “política oscura” y “escabrosa”.[53] Ante los dimes y diretes generados entre los militares y el Ayuntamiento, el gobernador decidió intervenir e informó que existía un documento del virrey Pedro de Garibay, fechado el 1 de mayo de 1809, en el cual se manifestaba que el Cuartel Grande pertenecía a la corporación. El mandatario recordaba que su antecesor había preguntado al Ministerio de Hacienda, en junio de 1831, si estaba dispuesto a pagar por el alquiler o si lo compraría por las dos terceras partes de su valor, pero no obtuvo ninguna respuesta. Ante tal situación, en agosto del mismo año se planteó la compra del edificio por la módica cantidad de 100 pesos, misma que se pagaría en abonos de 20 pesos mensuales. La oferta del gobernador tenía la intención de que el erario federal se beneficiara con la adquisición de un inmueble “cómodo” que podría destinar para el servicio militar. El ofrecimiento tampoco encontró eco entre las autoridades castrenses, pese a que lo reiteró en dos ocasiones. Ante este hecho, el mandatario pidió al presidente de la república la entrega del Cuartel Grande al municipio, pues se requería para instalar los hospitales en virtud de que, según los informes de la Comisaría Subalterna, la salubridad pública se encontraba en peligro a causa de la reaparición de la epidemia del cólera.
La acción sería elogiada por la corporación, misma que le solicitó al gobernador que mientras no se daba la resolución, se le permitiera preservar el hospital de Caridad en el cuartel de San José, pues los militares habían trasladado su hospital a un edificio que no era de su propiedad.[54] El mandatario contestó de manera afirmativa a la petición, al mismo tiempo pidió al municipio que le informara acerca de la manera en la cual se destinó el dinero para el auxilio de los enfermos, informe que se entregó hasta noviembre de 1834.[55] La atención prodigada por el gobernador al Ayuntamiento ocasionó el enojo de la jefatura, la cual remitió una nota a la corporación para manifestarle que el mandatario buscaba encontrar una solución adecuada al problema del uso del Cuartel Grande. En este contexto, solicitaba el cese de las comunicaciones, con “carácter odioso”, que se dirigían unos a otros. La propagación de noticias referentes a la aparición de nuevos casos de cólera, tanto en la ciudad como en la cercana congregación del molino de San Roque, provocó que el Ayuntamiento pidiera a los regidores jefes de cuartel que hicieran recorridos en sus respectivas demarcaciones, a fin de tener noticias exactas del hecho. La información recabada por los regidores jefes de cuartel evidenciaba que se habían presentado cinco casos, tres en el primero, uno en el sexto y uno en el séptimo. Ante esta situación, el gobernador decidió revocar su decisión de que el hospital de Caridad permaneciera en el de San José y dispuso que se trasladara al antiguo convento de San Juan de Dios. La resolución no fue del agrado de los munícipes que enviaron a un médico a la congregación para verificar los casos y en virtud de su gravedad, auxiliar a los enfermos con medicinas.
En un primer momento se pensó en entregar frazadas a los enfermos, pero la orden se suspendió el 17 de enero de 1834 por la disminución en el número de contagiados. No obstante, se creó una comisión para vigilar los alimentos que se vendían a la población. La desaparición de la epidemia de cólera y el haber rentado una parte del convento para realizar funciones teatrales, sirvieron de argumentos para que el Ayuntamiento buscara evitar el traslado del hospital de hombres a ese lugar.[56] Sin embargo, el mandatario no aprobó la instalación del teatro e insistió en que el hospital se estableciera en el convento, disposición que adquirió mayor fuerza cuando el comandante militar solicitó la entrega de un edificio para alojar a la milicia cívica. Ante tal situación, el presidente del Ayuntamiento, José María Palacio, pidió la asistencia del jefe del departamento a la sesión extraordinaria del 8 de febrero de 1834, en la que se debatiría sobre la posibilidad de que los hospitales y el teatro ocuparan el mismo espacio. De acuerdo con la comisión encargada del punto existían dos inconvenientes: el primero consistía en determinar si había suficiente distancia entre los enfermos y el lugar en el que se desarrollarían las funciones; y el segundo es que se debía estudiar si los “miasmas pútridos” no ocasionarían problemas de higiene pública. El jefe del departamento opinó que los hospitales de hombres y mujeres se trasladaran al convento, decisión que, desde su perspectiva, generaría tres consecuencias: el alejamiento de los nosocomios del centro, el aumento de las utilidades de la corporación pues se podría arrendar el edificio desocupado, y se podría reducir el personal que atendía los dos lugares.
El razonamiento del jefe no fue aceptado por todos los munícipes; de hecho, el síndico Rivera propuso, unos días después, que el edificio del convento fuera ocupado por la milicia cívica y que el hospital de hombres se instalara en otro lugar. Al final, la corporación no sólo logró que su proposición fuera aceptada, sino además consiguió que el gobernador ordenara el desalojo del hospital militar.[57] Por tal motivo, el comisario militar pidió se le indicara en qué lugar se debía ubicar el nosocomio y el Cabildo contestó que debía trasladarse al cuartel de San José, lugar con buenas condiciones pues se encontraba aislado, no existían vientos dominantes y existía un departamento separado del resto del edificio. Sin embargo, el gobernador llegó a la conclusión que no se podía hacer el cambio por carecer de fondos y por las malas condiciones del edificio.[58] En los primeros días de junio de 1834 se recibieron informes de que en la vecina población de Coatepec se habían presentado algunos casos de enfermos de cólera. Ante tal circunstancia, el cuerpo solicitó que la Junta de Sanidad le remitiera información sobre este punto, se ordenó el cuidado del aseo de la ciudad y se prohibió la venta de frutas “inmaduras” y “podridas”. La Junta de Sanidad notificó que no había casos de cólera en Coatepec, sino unas “irritaciones gástricas agudas” complicadas a causa del “abandono o desorden” de los pobladores, quienes utilizaban medicinas inadecuadas que agravaron sus síntomas o les produjeron la muerte. Para impedir el progreso de la enfermedad, se debía evitar la venta de medicinas que no fueran expedidas por médicos autorizados, se debía prohibir la venta de frutas “inmaduras o podridas”, se debían limpiar las calles y las casas, la población debía abstenerse de las “comidas indigestas” y evitar los baños con agua fría.[59]
La carencia de fondos del Ayuntamiento provocó la venta de la casa que se utilizó para depósito de cadáveres, medida que podría parecer contradictoria si se toma en cuenta que no había certeza de la desaparición del cólera. Si bien el 1 de julio la Junta de Sanidad determinó que no había cólera en la ciudad, no por ello se relajaron las medidas y se estipuló que la población debía abstenerse de tomar “licores espirituosos”; debía observar moderación en la comida; debía asear sus habitaciones y personas; no se debían vender frutas inmaduras o podridas; se debía evitar que los cadáveres permanecieran mucho tiempo en las casas; se formó una comisión, integrada por los regidores Campillo, Camacho y Franco, para recolectar dinero con la intención de auxiliar con medicinas a los enfermos pobres; se nombrarían comisiones para repartir las medicinas que se proponían en la receta de Amozoc y verificar si tenía resultados fehacientes; se establecería un hospital provisional en el cuartel de San José, y se pidió a los sacerdotes que ayudaran a los contagiados y omitieran los toques de las campanas. El informe de la Junta de Sanidad sería cuestionado por la Junta de Facultativos, conformada por Jorge Ojeda, J. V. Donel, José Manuel Camargo, Juan Ignacio Bonilla, Joaquín García y Andrés Hurtado, quienes consideraban que sí se había producido un nuevo brote de cólera en la ciudad, por lo que era necesario cambiar algunas de las disposiciones propuestas por la Junta de Sanidad, tal como la de la prohibición de la venta de frutas y verduras pues no había surtido ningún efecto el año anterior y sólo generó abusos, por lo cual sugerían que no se vendieran las “inmaduras” y se retiraran los puestos de comida “condimentada” e “indigesta” ubicados en la plaza principal y el portal.[60]
También se debía remover los basureros de las inmediaciones de la población o en su defecto, evitar que aumentaran su volumen. Cuando no se pudiera eliminar los basureros, se debía cubrir con cal para destruir los “miasmas pútridos”. En las casas en las que se produjeran muertes a causa de la epidemia, se debía proceder a su fumigación con cloro, vinagre con sal o cal. Por último, recomendaba la redacción de un método curativo con un tiraje de 500 ejemplares. Por su parte, el Cabildo solicitó que los médicos atendieran a los enfermos sin importar la hora o el lugar, pues habían recibido noticias de que algunas personas murieron por no recibir atención oportuna.[61] Para el 11 de agosto, el nuevo brote de cólera había desaparecido por lo cual el encargado de hospitales informó al Ayuntamiento que, entre mayo y julio, se habían recibido doce contagiados en el hospital de hombres y 17 en el de mujeres, de los que murieron ocho hombres y siete mujeres. Estas cifras difieren de otro informe entregado al Cabildo en el cual se decía que enfermaron diez hombres y diez mujeres, de los cuales fallecieron cuatro hombres y todas las mujeres. El encargado de hospitales indicaba que los hombres estuvieron internados 68 días, mientras que las mujeres permanecieron 102. La atención de los contagiados había importado 85 pesos, mismos que el Cabildo determinó pagar con el dinero recolectado por la comisión en el vecindario. Joaquín Ruiz informó, a su vez, un adeudo de 350 pesos por las recetas que surtió a los enfermos pobres, pero el Ayuntamiento no logró solventarlo, en ese momento, por carecer de dinero.
Una situación similar se vivió en el caso del hospital militar, mismo que había sido alquilado para atender a los contagiados y cuya cuenta ascendía a 697 pesos. Esta situación resulta contradictoria si se toma en cuenta que el cuerpo devolvió parte del dinero obtenido en la colecta. Para resolver la situación del hospital, se propuso que el gobernador prestara el dinero o que el comisario general expidiera un certificado en el cual se estipularía un plazo para la liquidación de la deuda. Al final se decidió que para satisfacer el adeudo se debía tomar dinero de los derechos directos e indirectos. Por su parte, Javier Echeverría indicó que contaba con 291 pesos de la colecta que realizó en 1833, mismos que puso a disposición del municipio para sufragar el costo de las medicinas,[62] aunque no tenemos certeza de que los munícipes hayan utilizado el dinero pues no existen documentos que prueben su recepción y a qué fines lo destinaron.
A manera de conclusión
La epidemia de cólera morbus mostró la intensa actividad de las autoridades municipales y sanitarias de Xalapa tendente a evitar que la enfermedad se propagara por la ciudad y causara un número importante de muertes, tal como sucedió en otros puntos de la república que resultaron más afectados. Así, por ejemplo, en la ciudad de México fallecieron 9 606 personas, 6 156 en Campeche, 4 283 en Mérida, 4 366 en San Luis Potosí, 4 433 en Teabo, 3 292 en Guadalajara, 3 049 en Puebla, 1 600 en Oaxaca, 1 244 en Guanajuato, 1 200 en Tampico, 700 en Zamora, 689 en Tlaxcala, 608 en Monterrey, 604 en Frontera, Tabasco, más de 600 en Zinapécuaro, 458 en Monclova, 300 en Tajimaroa y 63 en Morelia. Para el estado de Querétaro se mencionaban más de 10 000 muertes y en Uruapan se produjeron, según las fuentes, 33 defunciones diarias aunque no se especificaba por cuánto tiempo (Carbajal, 2011, pp. 2030-2036 y 2046; Alcalá, 2012, pp. 120 y 135; Tovar y Bustamante, 2000, p. 181; Zavala, 2007, p. 55; Oliver, 2005, pp. 27 y 32; Machuca, 2006, p. 144; González, 2004, p. 59; Netzahualcoyotzi, 2011, p. 7; Alcalá, 2009, p. 240; Rubio y Tzuc, 1995, p. 107; Laviada, Laviada y Puga, 1993, pp. 44-45; Prieto, Jiménez, Guerrero y Mora, 2012, p. 372).[63] En el caso particular del estado de Veracruz, el gobernador Juillet informó que murieron 17 000 personas, cifra que es difícil de comprobar pues no existen muchos estudios que puedan aportar datos al respecto. No obstante, se sabe que en Orizaba fallecieron 1 800 individuos, en el puerto de Veracruz 511, en Córdoba 208 y en Ixhuatlán 66 (Lozano, 2000, pp. 21-22, y Florescano, 1992, pp. 80-82). De acuerdo con las anteriores cifras, los 177 muertos en Xalapa la ubicaban como una población con una mortalidad menor, pese a que el número de infectados alcanzó 11% del total de habitantes. El cólera se manifestó en tres ocasiones en Xalapa y sus alrededores: la primera tuvo una duración de tres meses, de septiembre a noviembre de 1833, en tanto que las otras dos fueron de corta duración, pues la segunda sólo se presentó en enero de 1834 y la tercera entre junio y julio de 1834.
Es probable que el número de muertos fuera limitado debido, en buena medida, a las políticas establecidas por el Ayuntamiento y las autoridades sanitarias, situación que no debe sorprender pues Machuca ha mostrado que las estrictas medidas aplicadas en el pueblo de Bolonchenticul, en Campeche, impidieron que la epidemia afectara a la población y evidenciaba que las medidas concretas en materia sanitaria podían funcionar (Machuca, 2006, p. 145). Aunque también se debe tener en cuenta que en las otras dos manifestaciones de la enfermedad no se realizó un seguimiento pormenorizado de los contagiados, situación explicable por el hecho de que se creía que el cólera había sido desterrado de tierras xalapeñas y que los pacientes habían confundido los síntomas. Es pertinente mencionar que el cólera fue una enfermedad que afectó, en términos generales, a indígenas y personas de escasos recursos, aunque los sectores sociales altos también sufrieron sus consecuencias, como se puede apreciar en el caso de Puebla entre cuyas primera víctimas se contó al gobernador, al hermano del gobernador, al deán de la catedral y al obispo de Chiapas que se encontraba de visita, misma situación se observó en Orizaba donde también murieron varias personas notables, lo cual muestra que el cólera no respetó diferencias sociales o étnicas pero los resultados eran diferenciales en cada grupo social, es decir, sufrieron mayores estragos los que carecían de recursos y se encontraban en condiciones higiénicas lamentables. Los datos presentados en el texto evidencian que no se puede aseverar que este padecimiento generó una catástrofe demográfica en el país, sino más bien se debe tener en cuenta que los impactos fueron diferenciados: mientras en algunos lugares murió más de la tercera parte de su población, en otros no se presentó ningún caso, situación que, sin duda, requiere ser analizada para tratar de entender el comportamiento de la enfermedad (Alcalá, 2012, p. 119; Márquez, 1994, pp. 274 y ss; Márquez, 1992, p. 92; Netzahualcoyotzi, 2011, p. 369; Malvido y Cuenya, 1994, pp. 223-224; Cuenya, 2006, pp. 4-5, y Florescano, 1992, p. 82).
Como se mencionó antes, el cólera no ingresó por el puerto de Veracruz, sino por Tampico de donde se desplazó a San Luis Potosí, Querétaro, la ciudad de México y llegó al estado de Veracruz a través de Tlaxcala o de Puebla, entidades en las que se había manifestado a mediados de agosto. Las políticas sanitarias en Xalapa se manifestaron a través de la publicación de bandos, decretos y la divulgación de métodos curativos, mismos que evidenciaban el papel que las autoridades civiles cumplieron en ese momento de crisis sanitaria, pues no sólo encabezaron las acciones de prevención y tratamiento de los enfermos, sino que dictaron una serie de medidas tendentes a poner a sus órdenes a la Iglesia y a la jefatura militar. Aunque la Iglesia se mostró dispuesta a cooperar con el Ayuntamiento, no sucedió lo mismo con los militares que no estuvieron de acuerdo en que se les quitara la posesión del Cuartel Grande, conflicto resuelto a favor del Ayuntamiento en los primeros años del siglo xx.[64] La pugna existente entre el Cabildo y la jefatura militar no constituyó un obstáculo para que estos actuaran de manera conjunta en la erradicación de la enfermedad. Así, por ejemplo, los militares facilitaron diversos materiales que el Cabildo les solicitó con la intención de acondicionar los hospitales que dependían del municipio, mismos que, a decir de las autoridades civiles, tenían numerosas carencias de mobiliario, de utensilios y de personal dedicado al cuidado de los enfermos. Es importante mencionar que la disputa por el Cuartel Grande daba cuenta de las rivalidades que se generaban en la vida política de la población, pues nunca se habló de trasladar el hospital ubicado en San Juan de Dios, el cual se encontraba, al igual que los otros nosocomios, en el centro de la ciudad.
Así, el Cuartel Grande se convirtió en un pretexto para que la corporación buscara quitarle poder a una institución que había acompañado el nacimiento y consolidación de la ciudad (Womack, 1994, p. 33, y Castillo, 2012, p. 102).[65] En este sentido, la incautación del edificio significaba, de cierta forma, el triunfo de la esfera civil sobre la militar. Resulta curioso mencionar que en la población campechana de Bolonchenticul, al igual que en Xalapa, la enfermedad sirvió como un pretexto para sacar a la luz los conflictos políticos que existían en el interior de las poblaciones. En los dos casos, los contendientes unieron esfuerzos para detener el avance de la enfermedad, pero en cuanto pasó la crisis volvieron a resurgir los conflictos en torno a los espacios de poder.
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Notas
[1] El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria vibrio cholerae, la cual se caracteriza por la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos que provoca la muerte con una rapidez inusitada. Por este hecho, en Yucatán se le conoció como el “temible mal devorador”. Se han producido ocho pandemias de cólera: 1817, 1826 a 1837, 1854, 1863, 1883, 1899, 1970 y 1992. La de 1826 tenía la peculiaridad de que fue la primera enfermedad infecciosa globalizada, debido, entre otras cosas, a las movilizaciones militares y al incremento del comercio. Una caracterización general de la enfermedad se puede consultar en Flores (1990, pp. 212 y ss.)
[2] La epidemia llegó a Tampico vía Nueva Orleans el 24 de mayo y a Campeche el 21 de junio, lugar del que se propagó a Mérida el 10 de julio. Aunque Nueva Orleans era un puerto de segunda, tenía la particularidad de que controlaba el comercio del Golfo de México y de las Antillas. Es probable que la enfermedad no entrara por el puerto de Veracruz, debido a que, al saberse de la presencia de la enfermedad en Tampico y Campeche, se impuso una cuarentena a los barcos provenientes de La Habana y de otros lugares infectados, mismos que permanecían en la isla de Sacrificios y cuando pasaba el periodo, las mercancías se rociaban con cloro, nitrato nitroso o sulfuroso, o vinagre. La dolencia llegó al puerto de Veracruz en agosto de 1833 vía la ciudad de México.
[3] La cuarentena impuesta a los barcos provenientes de Europa fue dictada por el presidente Anastasio Bustamante. El puerto de Veracruz no fue el único que aplicó la cuarentena, sino que también se realizó en Campeche. La efectividad de las cuarentenas se puede constatar en el caso de Perú, país en el cual se decretó el 22 de octubre de 1833 que se aplicaría a los barcos provenientes de México y Centroamérica, disposición que ayudó a que la enfermedad no penetrara en esa nación. Uriel García (2002) considera que la cuarentena marítima propuesta por el gobierno peruano debe considerarse “una primicia en el contexto mundial”, afirmación un tanto exagerada pues en otros puntos del planeta ya se practicaba.
[4] Alcalá (2012) ha realizado una revisión de lo escrito sobre este tema, de tal manera que menciona que autores como Cecil Hutchinson, María del Pilar Velasco, Lourdes Márquez Morfín y Donald Stevens estudian el impacto de la enfermedad en la ciudad de México; Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya en Puebla, Lilia Olivier y David Carbajal en Guadalajara; Carmen Zavala en Michoacán; María Concepción Lugo en Cuauhtitlán; Manuel Rubio y Lizbeth Tzuc, Jorge Castillo, Laura Machuca y Carlos Alcalá en la península de Yucatán. Otros estudios que no fueron mencionados por Alcalá son los de Rogelio Vargas Olvera (1993) y Concepción Lugo y Elsa Malvido (1984) para la ciudad de México; los de Raquel Oliver (1982) y Sergio Emilio Prieto (2012) para Guadalajara; los de Fernando Laviada, Eduardo Laviada y Álvaro Puga (1993, 1994) para Yucatán; el de Miguel Ángel Cuenya y Carlos Contreras (2005) para Puebla; el de María del Carmen Zavala (2007) para Michoacán; el de Marciano Netzahualcoyotzi (2011); los de Elsa Malvido y Miguel Ángel Cuenya (1992), Bernardo Martínez Ortega (1992) y Elsa Malvido y María Elena Morales (2004) sobre el cólera en general; y los de Salvador Rueda (1992) y María del Pilar Iracheta (1998) sobre la epidemia de cólera de 1850. Son numerosos los estudios sobre el cólera a nivel mundial. Para el caso español se pueden consultar los de Esteban Rodríguez Ocaña (1981), Pilar Rodríguez y Pilar Antona (1997), David Alberto Delante (2003), José Jesús Hernández Palomo (2004), Gregorio García (2004), Manuel Jesús Fernández (2004) y Francisco Feo (2009). Para Cuba los de Manuel Salvador Vázquez (2004) y Letier Pérez y Ramón Madrigal (2010). Para Perú el de Ciro Maguiña (2010) y para Brasil el de Tania Salgado (2011), sólo por citar algunos.
[5] El caso de Córdoba-Orizaba es estudiado por Florescano (1992) y por Herrera (1973); el de Tlacotalpan por Molinari (1991); el del puerto de Veracruz por González (2004) y Cruz (1999); y el de Ixhuatlán por Lozano (2000).Una de las más importantes estudiosas de las epidemias y la demografía en Xalapa es Silvia Méndez Maín, quien ha publicado sus resultados en tres trabajos (2006; 2010, y 2011).
[6] Por políticas sanitarias se entiende las decisiones tomadas por los gobiernos y respaldadas por las instituciones médicas del estado, a fin de atender a la población en cuestiones de salud y enfermedad.
[7] El Cabildo estaba integrado por Juan Francisco de Bárcena, Miguel Palacio, Pascual Caballero, Miguel Valle, Francisco Lerdo de Tejada, Francisco Peña, Rafael Pensado, Manuel Hidalgo, Francisco Rivera y Bernardo Sayago.
[8] Existen versiones contradictorias sobre la aparición del cólera en Chiapas. Zavala (2007, p. 48) aduce que los primeros casos se presentaron el 9 de enero de 1833, pero Carbajal (2011, pp. 2028-2029 y 2061) niega que se hayan producido y, más bien, asegura que las noticias difundidas daban cuenta de la angustia que se sentía ante la posibilidad de la aparición de la enfermedad. El pánico que causaba el cólera era fruto de tres factores: la novedad de la afección, el desconocimiento de los medios para combatirla y la intensidad con la cual la bacteria causaba estragos.
[9] En las cartillas escritas para evitar la propagación del cólera, se sugería mantener limpias las calles, bañarse, respirar aire puro, evitar la humedad, fumigar las habitaciones, evitar los hospitales, iglesias, cementerios y cárceles, habitar, en la medida de las posibilidades, en lugares altos y bien ventilados o si se podía, en el campo .
[10] El cólera llegó a la isla el 25 de febrero de 1833 proveniente de España.
[11] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 21 de enero de 1833, f. 7; sesión del 11 de marzo de 1833, ff. 21-22; sesión del 1 de abril de 1833, p. 28; sesión del 22 de abril de 1833, p. 38; sesión del 22 de abril de 1833, p. 38; sesión del 27 de abril de 1833, p. 40; sesión del 13 de mayo de 1833, p. 44; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 128, 140, 191-193, 210-213, 241, 251. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (en adelante ahmx), México.
[12] Desde la década de 1820, y con motivo de la discusión que se presentó acerca de la creación de un nuevo cementerio, el cura de la parroquia del Calvario cuestionaba la permanencia de los hospitales en el Centro de la ciudad, pues decía que estos despedían “miasmas”. En 1832 se volvió a insistir en la reubicación de los hospitales, pero el gobernador Sebastián Camacho adujo que no se podía sacar el Hospital Militar, debido a que la federación no había resuelto nada respecto a su ubicación en un edificio distinto.
[13] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 10 de junio de 1833, p. 53; sesión del 15 de junio de 1833, p. 56; sesión extraordinaria del 19 de junio de 1833, p. 57; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 179, 252-253, 269-270, 298-299, 304, 378. ahmx, México.
[14] El relator de la Comisión Central y del Consejo Superior de Sanidad francés Alex Moreau (1832, pp. ii y 41) indicaba que resultaba difícil determinar las características patológicas del cólera, sus condiciones de existencia y propagación, las circunstancias que favorecían su transmisión y los métodos curativos necesarios para detenerla; motivo por el cual sugería que se llevaran a cabo dos acciones: el aislamiento y el alejamiento, aunque aclaraba que estas sólo la detendrían mas no la curarían. Por su parte, Febles (1833, pp. 3 y 6) mencionaba que se desconocía la causa primitiva del cólera, aunque algunos la ubicaban en la atmósfera. Decía que el tipo de daño causado en el cuerpo variaba de acuerdo a si se tragaba con los alimentos o si lo aspiraba el pulmón. Este médico consideraba que existían seis tipos de cólera: aguda, desentérica, vomitoria, espasmódica, seca e inflamatoria. Esta observación resulta de particular interés, pues después del descubrimiento de la bacteria que produce la enfermedad, en 1883, diversos médicos mencionaron que existían seis manifestaciones del cólera, además de dos de un tipo que llamaban “colerina”.
[15] Las cartillas a las que se hacía referencia eran: Método preservativo y curativo de la cólera morbus epidémica (1833); Tratado del cólera morbus (1832). Para Guatemala se encontraron dos: Molina (1832), y Método por L. P. (1833). Para París se localizaron tres: Instrucción popular (1833); Historia de la epidemia (1833), Broussais. (1833).
[16] Ejemplos de cartillas que circularon en diferentes lugares del país son las siguientes: Hordas (1832); J. L. Chavert, 1833; Consejos (1833); Dictamen de la Junta General (1832); Dictamen de la Junta de Sanidad (1833); Febles (1833a); Febles (1833b); Esposición (1833); Marín (1833); Escobedo (1833); Método preservativo de curación (1833). En cada una de las cartillas se puede observar la amplia gama de métodos curativos que se proponían, aunque la mayoría incidía en la necesidad de tomar diversos tipos de tés, diferentes tipos de medicinas, lavativas, linimientos, friegas en el cuerpo, sangrías, nieves y limonadas frías, y en algunos casos se debía recurrir al fuego para purificar el aire. Una amplia recopilación de los métodos curativos de diferentes países se encuentra en Moreau (1833, pp. 22-39); Marín (1833, p. ii); Zavala (2007, p. 54), y Laviada, Laviada y Puga (1993, p. 96). Algunos médicos europeos sugerían el uso de piezas de cobre en el epigástrico, pero Marín (1833) rechazaba esa propuesta pues decía que resultaba dañino por las sales y óxidos de metales. Por su parte, los alemanes proponían usar planchas de cobre sobre el cutis como medida preventiva. Resulta paradójico, para Malvido y Cuenya (1994, p. 223), que en México se tradujeran los métodos curativos extranjeros y se distribuyeran en una población mayoritariamente analfabeta.
[17] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión extraordinaria del 20 de junio de 1833, p. 57-58; sesión del 25 de junio de 1833, pp. 59-60; sesión del 5 de julio de 1833, p. 63; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 306-309, 640-641. ahmx, México.
[18] En diversas cartillas se mencionaba que se debían evitar las carnes saladas y se debía preferir las carnes tiernas y jugosas. También se prohibía las carnes de pescado, conejo, pato y puerco, así como el chicharrón, la longaniza, la leche y los quesos “viejos salados”.
[19] En Campeche también se formó una Junta de Auxilios cuya misión era recaudar fondos para ayudar a los enfermos.
[20] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 19 de agosto de 1833, pp. 79-80; sesión del 26 de agosto de 1833, pp. 82-83; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 324, 832, 849-850. ahmx, México.
[21] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 26 de agosto de 1833, pp. 83; sesión del 31 de agosto de 1833, p. 87; sesión del 2 de septiembre de 1833, p. 89; sesión del 30 de septiembre de 1833, p. 98; sesión del 14 de octubre de 1833, p. 100; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 434-435, 832, 851-854, 872. ahmx, México. Igual postura asumirían en el caso de Andrés Hurtado, segundo ayudante del Cuerpo de Sanidad y cirujano del Segundo Batallón Permanente, cuando solicitó que se le permitiera trabajar en la ciudad pero se le advirtió que se le otorgaría el permiso cuando su documentación fuera validada por las autoridades competentes. Como el 30 de septiembre de 1833 se le contestó a Hurtado que no se le otorgaría el permiso para ejercer, este solicitó que se nombrara un cuerpo de médicos que lo examinara pero el Ayuntamiento no lo autorizó. La resolución no significó el final del pleito, pues el 14 de octubre Hurtado informó al Cabildo que el jefe político le autorizó la licencia, pero los munícipes le contestaron que mientras no presentara sus títulos, no se le permitiría que sus recetas fueran surtidas en las boticas. Resulta extraño el empecinamiento de la corporación, pues se le negaba la autorización al médico cuando la epidemia se encontraba en pleno auge, pero a la vez daba cuenta del estricto control mantenido en materia sanitaria.
[22] A Puebla llegó a través de Oaxaca.
[23] Los autores de las cartillas recomendaban que no se tocaran las campanas, pues causaban cambios en los estados de ánimo lo que, desde su perspectiva, podía propiciar la enfermedad, motivo por el cual recomendaban que se tratara de reprimir el miedo, el terror, el espanto, la ira, la cólera, el abatimiento, la desesperación, las “fuertes meditaciones”, las cavilaciones, la falta de ejercicio, la exposición al sol fuerte, los viajes largos, los desvelos, el trabajo inmoderado, el estudio tenaz, la embriaguez, los enfriamientos, los “placeres vivos” y todo “género de intemperancia”. En este sentido, se pedía observar una buena conducta, buen aseo personal, “tranquilidad de espíritu”, suficiente abrigo y templanza. Recurrir a este tipo de propuesta evidenciaba que los médicos se afiliaban a la visión no contagionista de la enfermedad, pues se subrayaban los factores físicos y psicológicos. Lo contrario sucedió en el puerto de Veracruz en donde se realizaron procesiones y plegarias tendientes a invocar el favor divino. Resulta interesante mencionar que el periódico El Oriente, en 1826, cuestionó los constantes tañidos de campanas, pues se aducía que era un “sonido molestísimo” por lo cual pedía su moderación o eliminación.
[24] Una medida similar se realizó en la ciudad de Puebla, en donde el Ayuntamiento se encargó de realizar el nombramiento de los médicos que atenderían a los enfermos y se le pidió al obispo hacer lo mismo para el caso de los sacerdotes.
[25] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 31 de agosto de 1833, p. 87; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 301, 398-399, 649, 674-675, 855. ahmx, México.
[26] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 26 de agosto de 1833, pp. 84; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, p. 389. ahmx, México.
[27] Similares medidas se tomaron en otros lugares. Escobedo (1833) indicaba que se debían evitar las cervezas, las sidras, el champaña, los vinos “generosos”, los licores dulces y bebidas fermentadas como la chicha, el charape, el sendechó, el tepache y el pulque compuesto. Marín (1833) sugería que sólo se tomara agua y esta se debía hervir si provenía de un jagüey o de un aljibe. Al agua hervida se debía agregar un carbón bofo. El autor de la Esposición (1833) advertía que las autoridades debían comprometerse a mantener la pureza de las aguas para consumo de la población.
[28] Las cartillas mostraban notables diferencias respecto a los alimentos recomendables para comer. Por ejemplo, la de San Luis Potosí indicaba que se podía consumir chile y frijoles aunque se debía evitar las “legumbres menos jugosas”. La de Pedro Escobedo (1833) pedía evitar los guisados con salsas compuestas, las ensaladas, las yerbas “húmedas y ventosas” como los ejotes, las coles, los nabos, las lechugas, los chícharos, los quelites, las verdolagas, las espinacas y los nopales. En el caso de las frutas no se debían consumir las peras, las manzanas, los duraznos, los chabacanos, los higos, los zapotes, las tunas, los plátanos, los aguacates, los capulines y las guindas. Marín (1833) proponía comer “alimentos de fácil digestión” como los cocidos de carne y ternera, pan, huevo, leche, queso fresco, pollo, vegetales “harinosos”, todos los “preparados” del maíz, los frijoles y las habas, pero se debía evitar el chile, las especias, ciertos tipos de legumbres y frutas “húmedas o cargadas de azúcar” como el melón, la chirimoya, el mamey y todas las que provenían de Tierra Caliente. Las frutas sólo se podían comer cuando estaban maduras o se debían cocer. Para el autor de la Esposición (1833) el huevo y el queso eran alimentos indigestos por lo cual sugería que no se consumieran.
[29] La prohibición de introducir ciertos tipos de carnes, verduras y frutas provocaron abusos de los comerciantes en la ciudad de México, situación que, al parecer, no se produjo de la misma manera en Xalapa donde se logró tener un mayor control.
[30] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 28 de agosto de 1833, p. 85; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 294-295, 383-385. ahmx, México.
[31] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 28 de agosto de 1833, pp. 85-86; sesión del 2 de septiembre de 1833, pp. 88-89; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 386, 856-859. ahmx, México.
[32] Es probable que el gobernador no haya aprobado el monto solicitado por el Ayuntamiento, debido al incremento en los gastos del rubro de “Calamidades públicas”. Por ejemplo, entre enero y mayo de 1831 se destinaron 200 pesos, entre julio de 1831 y mayo de 1832 aumentó a 500 pesos, de junio de 1832 a mayo de 1833 se dispusieron 1 588 pesos y de junio de 1833 a mayo de 1834, fechas en las cuales se presentó el cólera en el Estado, se gastaron 9 277 pesos, aunque de esa cantidad 7 485 correspondieron a las medidas contra la enfermedad. El cantón de Córdoba también solicitó apoyo al gobernador, pero sólo se le autorizó un préstamo de 1 000 pesos.
[33] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 2 de septiembre de 1833, p. 90; sesión del 9 de septiembre de 1833, p. 90-91; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 396, 400-402, 644-645, 653-658, 797. ahmx, México. El vicegobernador mencionaba que fueron 25 donantes: uno de 100 pesos (los Echeverría); uno de 40 pesos (J. F. Barcena); dos de 30 pesos (Juan Francisco y M. M. Pérez), tres de 25 pesos (Dionisio Camacho, Francisco Lerdo y Francisco Fernández); uno de 20 pesos (Agustín Rodríguez); uno de quince pesos (Manuel Orduña); cuatro de diez pesos (Juan Cano y Valles, Juan N. Vanegas, Diego Briceño y Mariano Pasquel), dos de ocho pesos (Camilo Campero y Agustín Priceni), siete de seis pesos (Manuel María Medina, Nicolás Castorena, Bernardo Sayago, Jorge de la Serna, José María Bonilla, Joaquín Ruiz y José María Herrera); uno de cinco pesos (Vicente Segura) y dos de cuatro pesos (Alonso Feriz de Feriz y Miguel Palacios). Las cantidades donadas sumaban 421 pesos pero Echeverría indicaba que se tuvieron que descontar 30 pesos, lo cual daba 391 pesos de los que 150 se entregaron a Francisco Rivadeneyra, 221 se le abonaron a J. F. Barcena por compra de cobertores, telas y catres, dos pesos se le pagaron al contralor y catorce se repartieron a varios pobres.
[34] Actas de Cabildo. Libro 44, Anexo de documentos de Cabildo de 1833, p. 642. La Junta de Facultativos estaba conformada por José María Pérez, Joaquín García, Jorge Ojeda, José María de Molina, Manuel Ortiz, José Manuel Camargo, Juan B. de Orduña y Bonilla. ahmx, México.
[35] En 1796 se establecería un nuevo camino real entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México que tenía como punto central a la villa de Xalapa, pues en ese lugar se realizaban las “ferias anuales”.
[36] En Campeche se determinó que los pobres sólo recibirían la medicina cuando contaran con el aval del facultativo de su departamento.
[37] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 9 de septiembre de 1833, p. 91; sesión extraordinaria del 12 de septiembre de 1833, p. 92; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 629, 647-648, 659-661, 805, 807-808. ahmx, México. Los regidores jefes de cuartel eran: Rafael Pensado (primer cuartel), José María Aparicio (segundo), Francisco Rivera (tercero), José María Ruiz (cuarto), Francisco Lerdo (quinto), Joaquín García (sexto), José María Rebolledo (séptimo) y Antonio J. Peredo (octavo). Los comisionados nombrados para tal efecto fueron: Miguel Molina y Ramón Álvarez (primer cuartel), Mariano Rincón y Dionisio Camacho (segundo), Manuel Lleren y Francisco Rosas (tercero), Juan Franco y Tadeo Díaz (cuarto), Juan Oliva y Manuel Díaz (quinto), Elías López y Andrés Semeria (sexto), José María Córdova y Juan Luna (séptimo) y Miguel Contreras y Francisco Campos (octavo).
[38] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión extraordinaria del 12 de septiembre de 1833, p. 92-93; sesión del 17 de septiembre de 1833, p. 94-95; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 406, 410-411, 646, 650, 672, 679-681. ahmx, México.
[39] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 17 de septiembre de 1833, p. 94-95; sesión del 23 de septiembre de 1833, p. 96; sesión del 30 de septiembre de 1833, p. 98; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 414, 419, 643, 673, 676-678, 681, 909. ahmx, México.
[40] El temor de las autoridades era fundado, pues las epidemias podían generar crisis agrícolas que alteraban los comportamientos sociales. Así, la vida de la sociedad y la producción agrícola estaba determinada por las inclemencias del clima, los trastornos naturales y las enfermedades.
[41] En la ciudad de México también se emitió una disposición similar, aunque Velasco (1992) no menciona si se llevó a cabo la propuesta.
[42] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 23 de septiembre de 1833, pp. 96-97; sesión del 30 de septiembre de 1833, p. 97; sesión del 23 de diciembre de 1833, p. 120; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 421-422, 424-425. ahmx, México. Francisco Lerdo informó el 23 de diciembre de 1833 que para cubrir los cuerpos se habían gastado 87 arrobas de cal (una tonelada).
[43] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 30 de septiembre de 1833, p. 99; sesión del 14 de octubre de 1833, pp. 99-101; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 412-413, 430-433, 439-440, 651, 677. ahmx, México.
[44]Estas dos poblaciones se ubicaban entre Chiltoyac y Tlalnehuayocan.
[45] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 14 de octubre de 1833, p. 100-101; sesión del 17 de octubre de 1833, p. 102; sesión del 21 de octubre de 1833, pp. 103; sesión del 29 de octubre de 1833, p. 104; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, p. 436. ahmx, México.
[46] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 4 de noviembre de 1833, p. 105; sesión del 11 de noviembre de 1833, pp. 106-107; sesión del 18 de noviembre de 1833, p. 109; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 449-451. ahmx, México.
[47] Actas de Cabildo. Libro 44, Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 441, 501, 517-518, 677, 682-683. ahmx, México.
[48] La carencia de datos respecto al número de habitantes por cuartel impide establecer un comparativo para conocer cuál fue el más afectado en función del número de enfermos y de muertos.
[49] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 4 de noviembre de 1833, libro 44, f. 105; sesión del 18 de noviembre de 1833, p. 109; sesión del 30 de noviembre de 1833, p. 113; sesión del 9 de diciembre de 1833, pp. 116-117; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 456, 459, 685-686, 689-690; Libro 45, sesión del 3 de enero de 1834, p. 3; sesión del 7 de enero de 1834, p. 5; sesión del 20 de enero de 1834, p. 9; sesión del 27 de enero de 1834, p. 11; sesión del 25 de abril de 1834, p. 47; sesión del 5 de mayo de 1834, p. 47; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 160-161, 163, 233, 813. ahmx, México. Como Ojeda insistía en que se le pagara 108 pesos por la atención a los enfermos, el Ayuntamiento le informó, el 19 de diciembre, que no se le podía dar ningún tipo de gratificación, comunicación con la cual daba por concluido el asunto. Sin embargo, Ojeda y los otros tres médicos se quejaron con la jefatura, situación por la cual el Cabildo aclaró, el 3 de enero de 1834, que a los galenos poblanos sí se les habían asignado un pago de diez pesos diarios y el resto de sus ingresos provenía de las gratificaciones de los enfermos. Para finiquitar el asunto, se tomó la decisión de formar una comisión que estudiara el caso de Ojeda y esta determinó pagarle el dinero exigido a causa de su “pobreza”. Es de interés mencionar que Félix Quiroz solicitó que se le pagaran 64 pesos seis reales por las recetas surtidas a los pobres, aunque su pretensión, a diferencia de la de los médicos, la realizó hasta abril de 1834. El Cabildo le respondió que para solventar los gastos era necesario que mostrara la orden que recibió del cuerpo para entregar medicinas, pues el único autorizado para tal efecto era Joaquín Ruiz.
[50] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 11 de noviembre de 1833, p. 107; sesión del 25 de noviembre de 1833, p. 111; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 465-467, 492. ahmx, México.
[51] Actas de Cabildo. Libro 44, Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 443-447. ahmx, México. El 26 de octubre de 1833, Francisco Díaz remitió un escrito al Ayuntamiento en el que protestaba por la manera en la cual se había producido su destitución, pues la consideraba improcedente en función de que el gobernador había violado las leyes para reemplazarlo. El Cabildo no le otorgó importancia a la nota de Díaz, quizá por el hecho de que no estaba de acuerdo con su proceder anterior a la manifestación de la epidemia. Guzmán tomó posesión del puesto el 27 de octubre.
[52] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 5 de diciembre de 1833, p. 114; sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 1833, p. 115; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 126, 521-522, 524-525. ahmx, México.
[53] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 9 de diciembre de 1833, p. 116; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 526-529, 533-534. ahmx, México.
[54] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 23 de diciembre de 1833, p. 120; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 544-548. ahmx, México.
[55] Actas de Cabildo. Libro 145, sesión del 14 de noviembre de 1834, p. 128. ahmx, México. En el informe de Javier Echeverría se evidenciaba que no había recibido 1 500 pesos, tal como lo ordenó el gobernador, sino 1 102 pesos cuatro reales, de los cuales había gastado 1 052 pesos dos reales, pero advertía que su familia solventaría el costo de la casa adquirida para depósito de cadáveres, motivo por el cual sólo se debía cobrar 995 pesos cuatro reales al Ayuntamiento. Como el dinero recibido había alcanzado para atender la contingencia, pedía que se devolviera lo colectado entre la población pero el Cabildo le indicó que no se podía hacer, pues existían gastos sin solventar pero no se indicaba cuáles eran.
[56] Actas de Cabildo. Libro 44, sesión del 30 de diciembre de 1833, p. 122; Anexo de documentos de Cabildo de 1833, pp. 543-547, 652; Libro 45, sesión del 7 de enero de 1834, pp. 4-6; sesión del 17 de enero de 1834, p. 7; sesión del 20 de enero de 1834, p. 9; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 168-169. ahmx, México.
[57] Actas de Cabildo. Libro 45, sesión del 17 de enero de 1834, p. 8; sesión del 27 de enero de 1834, p. 10-11; sesión extraordinaria del 8 de febrero de 1834, p. 16; sesión del 14 de febrero de 1834, p. 19; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 39, 244, 248, 253-257. ahmx, México. El teatro inició funciones en febrero, pues los munícipes se negaron a cancelar el contrato debido a que, según ellos, les traería graves consecuencias. La presencia del teatro en una antigua iglesia generó las críticas del franciscano José Bastida, motivo por el cual el Cabildo mandó una nota al provincial franciscano de la ciudad de México para explicar el proceder de las autoridades municipales. El conflicto terminó con la salida de Bastida de Xalapa, misma que se efectuó por “convenir a la tranquilidad pública”.
[58] Actas de Cabildo. Libro 45, sesión del 14 de febrero de 1834, p. 19; sesión del 17 de febrero de 1834, p. 22; sesión del 25 de febrero de 1834, p. 24; sesión extraordinaria del 8 de marzo de 1834, p. 33; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 154-155, 206-207, 209, 428, 739-741, 746-747. ahmx, México.
[59] Actas de Cabildo. Libro 45, sesión extraordinaria del 3 de junio de 1834, pp. 63-64; sesión del 6 de junio de 1834, p. 65; sesión del 14 de junio de 1834, p. 71; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 410-413, 643. ahmx, México.
[60] Actas de Cabildo. Libro 45, sesión del 1 de julio de 1834, pp. 74-75; sesión extraordinaria del 3 de julio de 1834, p. 76; sesión del 5 de julio de 1934, p. 77; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 459-460, 466, 484-485, 642. ahmx, México.
[61] Actas de Cabildo. Libro 45, sesión del 11 de agosto de 1834, p. 90; sesión del 12 de septiembre de 1834, p. 105; sesión del 19 de septiembre de 1834, p. 108; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, pp. 646, 804. ahmx, México.
[62] Actas de Cabildo. Libro 45, sesión del 14 de noviembre de 1834, p. 129; sesión del 21 de noviembre de 1834, p. 131; sesión del 28 de noviembre de 1834, pp. 132-133; sesión extraordinaria del 31 de diciembre de 1834, p. 139; Anexo de documentos de Cabildo de 1834, p. 645, 792-793. ahmx, México.
[63] Existen importantes variaciones sobre el número de muertos registrados en la ciudad de México: Tovar y Bustamante (2000) mencionan 14 000; Alcalá (2012), 9 606; Netzahualcoyotzi (2011), 9 445, y Carbajal (2011), 6 165. Lo mismo sucede en el caso de Guadalajara: Oliver (2005) refiere que fueron 4 993; Netzahualcoyotzi (2011) y Prieto et al. (2012) coinciden en que fueron 3 275 y Carbajal (2011), 3 292. Para el caso de Campeche, Alcalá (2009) proporciona dos cifras: 6 156 y 5 574. Las variaciones en las cifras presentadas por los autores obliga a preguntarse cuáles son las causas de las divergencias y de qué manera modifican las interpretaciones del fenómeno en consecuencia. Es de advertir que las cifras proporcionadas son absolutas y no revelan el verdadero impacto de la epidemia en un determinado lugar, pues para ello se requiere calcular las tasas de morbilidad y letalidad en función del tamaño de la población. Este ejercicio ha sido realizado por varios de los autores mencionados en la bibliografía antecedente y se pueden consultar sus análisis para determinar el impacto en cada uno de sus casos de estudio. En mi investigación, en particular, se utilizaron las cifras absolutas como una forma de evidenciar el impacto generado por la enfermedad en Xalapa visto en retrospectiva con otras poblaciones.
[64] Fondo México Independiente. Caja 67, exp. 4, s. n. f.; caja 70, exp. 3, s. n. f. ahmx, México. El conflicto por la ubicación de los hospitales culminaría el 28 de mayo de 1907, fecha en la que el Ayuntamiento recibió, por permuta, el cuartel de San José de manos de Joaquín C. Aguilar y Francisco Díaz Casas, representantes del gobernador y del presidente de la república. El Cabildo indicó que en el cuartel se establecerían los hospitales de Caridad. Para 1907, tanto el Cuartel Grande, ubicado en la segunda calle de Gutiérrez Zamora, como el Cuartel Chico, localizado en la calle de Víctimas de la Patria o calle Boza, se encontraban desocupados. El cuartel de San José se situaba en la plaza Alcalde y García.
[65] Desde 1765 se estableció un cantón militar en Xalapa, pero en 1805 se fortalecería la presencia castrense cuando se instalaron cinco regimientos de tropa.