10.18234/secuencia.v0i108.1727
Artículos
Emigración forzada de familias
por la violencia en el sur de Sinaloa: experiencias trágicas y complejas*
Forced Emigration of Families due
to Violence in Southern Sinaloa: Tragic and Complex Experiences
Roberto Carlos López López1, 0000-0003-0822-8504
1Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa, México, robertolopez@uas.edu.mx
Resumen:
Este trabajo estudia la migración forzada por la
violencia en México, en particular en Sinaloa, en el contexto de la “guerra
contra el narcotráfico”. El objetivo general del artículo es analizar el
proceso de la emigración forzada por violencia y la integración en la sociedad
receptora, no como etapas separadas, sino como parte de un proceso continuo de
la migración y de las experiencias de las familias. Y lo que interesa es
conocer esa experiencia del proceso, desde la emigración, el desplazamiento,
hasta la integración. Estas experiencias están marcadas por la tragedia, la
vulnerabilidad social y por el miedo. Pero, son las redes sociales y familiares
las que han permitido la sobrevivencia de las familias, principalmente. El
retorno definitivo parece lejano, porque sus pueblos fueron trastocados y no se
les han garantizado las condiciones de seguridad ni restablecido la forma de
vida de sus comunidades.
Palabras clave: emigración forzada; violencia; experiencias; integración; Sinaloa.
Abstract:
This article explores forced
migration due to violence in Mexico, particularly in Sinaloa in the context of
the “war on drugs”. The overarching aim of the article is to analyze forced
emigration due to violence and integration in the receiving society, not as
separate stages, but rather as part of a continuous process of migration, and
the experiences of families. It explores this process from emigration through
displacement to integration, marked by tragedy, social vulnerability, and fear.
The article finds that it is social and family networks that have permitted the
survival of families. A permanent return seems unlikely, however, because their
towns have been disrupted and their conditions of safety have not been
guaranteed nor has the way of life in their communities been restored.
Key words: forced emigration; violence; experiences;
integration; Sinaloa.
Recibido: 14 de marzo de 2019 Aceptado: 23 de octubre de
2019
Publicado: 24 de agosto de 2020
INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2006, al inicio de su administración como
presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa emprendió la llamada
“guerra contra el narcotráfico”, con lo que comenzó una de las etapas más
violentas que ha vivido México. Así, los grupos del crimen organizado han usado
métodos violentos para el control territorial de cultivos de estupefacientes y
narcolaboratorios, en las rutas de tráfico, y para neutralizar a las
organizaciones contrarias. Los narcotraficantes y otros grupos criminales han
sido los responsables de los miles de muertes de civiles, secuestros, amenazas
y extorsiones, entre otros delitos que han aterrorizado a las poblaciones
locales y que los ha forzado a la migración. El país parece estar en una crisis
humanitaria encubierta, porque una parte de la población, principalmente de
comunidades rurales, han sido expulsadas por los cárteles de la droga.
De acuerdo con Albuja et al. (2014), el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) y el Norwegian Refugee
Council (NRC) estimaron que, hasta 2013,
había en México entre 160 y 180 000 desplazados a causa de la violencia
criminal. Y según Desai, Ginnetti, Sémnani y Ansellini (2018), el IDMC y el NRC aseguraron
que, hasta 2017, había más de 345 000 mexicanos en situación de desplazamiento
forzado por violencia y conflictos.
En Sinaloa, a partir de la “guerra contra el narcotráfico”,
la violencia ya generalizada se hizo más extrema y cotidiana (López, 2017)
respecto a las décadas anteriores (Lizárraga, 2004), con costos sociales
evidentes que alcanzaron a todos los sectores sociales. Esta violencia mucho
más cruenta se hizo más notoria a partir del conflicto surgido en 2008, tras la
ruptura entre el cártel de Sinaloa y el grupo criminal de los Beltrán Leyva
(Gutiérrez, 2018), así como por el combate de las fuerzas policiales y
militares en contra de ellos (Meza, Cuamea y Brito, 2014); lo que ha provocado
la migración forzada, principalmente en la Sierra Madre Occidental y en algunas
zonas rurales del estado.
De acuerdo con las solicitudes de información (con folios
00234413, 00235014 y 01205618) y con una revisión de la prensa local –Noroeste, Riodoce, El Debate y El Sol de Mazatlán–,
durante el periodo 2006-2018 por lo menos trece de 18 municipios de Sinaloa,
principalmente los serranos, han tenido casos de migración forzada por la
violencia y la inseguridad. En su mayoría, las familias o personas se han
desplazado a las principales ciudades del estado para resguardarse y buscar
ayuda. Cabe señalar que existe una dificultad metodológica por parte de las
autoridades para cuantificar a estas personas, lo que dificulta ver con
claridad la magnitud del fenómeno.
El objetivo de este artículo es analizar el proceso de
esta emigración forzada por violencia y la integración de los desplazados en la
sociedad receptora, no como etapas separadas, sino como parte de un proceso
continuo de la migración y de las experiencias de las familias. Y lo que
interesa es conocer esa experiencia del proceso, desde la emigración, el
desplazamiento, hasta la integración.
El presente texto se estructura en cuatro partes: en la
primera, se exponen los conceptos que guían esta investigación, basados en la
sociología y la antropología, para enseguida presentar la metodología que se
llevó a cabo. En la segunda parte se describe la migración forzada por la
violencia en México, señalando las causas, los estados afectados, las
estimaciones y los patrones. En la tercera parte se presenta el caso de la
migración forzada por la violencia en Sinaloa; las causas, motivos, las
experiencias de las familias desde el desplazamiento y las estrategias de
supervivencia que implementaron, su integración en la sociedad receptora, la utilización
de las redes sociales y familiares como estrategias de su permanencia en la
ciudad, así como el (no)retorno.
Finalmente, concluimos que la experiencia del proceso migratorio estuvo marcada
por la tragedia, la vulnerabilidad social y el miedo. Asimismo, que la
integración de las familias a la ciudad implicó diferentes maneras de
aculturación y distintos grados de integración, en donde la utilización de las
redes sociales y familiares les permitió sobrevivir, una mayor posibilidad de
superar algunas necesidades o bien mejorar sus condiciones de vida.
MARCO CONCEPTUAL
La primera definición de Personas
Desplazadas Internamente, basada en los Principios Rectores de los
desplazamientos internos fue: “personas que, como resultado de persecución,
conflicto armado o violencia, han sido forzadas a abandonar sus hogares y dejar
su lugar habitual de residencia, y que permanecen dentro de las fronteras de su
propio país” (UNHCR, 1997, citado en Castles,
2003, p. 5). Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones,
basado también en los Principios Rectores (Doc. ONU,
E/CN.4/1998/53/Add.2), define a las Personas Desplazadas Internamente como:
Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habitual, particularmente
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de
violencia generalizada, violación de los derechos humanos o desastres naturales
o humanos y que no han atravesado una frontera de un Estado internacionalmente
reconocido.1
Existen, por diferentes causas, Personas Desplazadas
Internamente y Personas Desplazadas Externamente. A estas últimas comúnmente se
les llama “refugiados”, pero es una categoría legal bastante restringida, ya
que la mayoría de estas personas huyen por razones que no son reconocidas por
el régimen internacional de refugiados (Castles, 2003).
Migración forzada es el movimiento o desplazamiento de
personas, familias, grupos, y hasta de localidades, hacia otro lugar para
protegerse, refugiarse y vivir. “Migración forzada” se entiende como la
categoría general para incluir a todos los desplazamientos forzados y algunos
tipos de migración socioeconómica que también pueden ser forzados.
Por otra parte, Márquez y Delgado (2011), así como
Castles (2003), han hecho por separado tipologías de migración forzada y
colocan a estas migraciones de finales del siglo XX
y principios del XXI, en el contexto de las
actuales transformaciones sociales en el mundo. Entonces, existe migración
forzada por conflictos sociopolíticos y culturales; existen los desplazados del
desarrollo; los desplazados por cambios ambientales y por desastres; por
tráfico y contrabando de personas, y por la criminalidad y narcotráfico. Estos
dos últimos tipos expresan grados extremos de degradación social, Estado
fallido o debilitado, puesto que en diversos ámbitos territoriales los grupos
armados del crimen organizado pretenden imponer su dominación. Además, hay
algunas migraciones socioeconómicas que pueden ser forzadas; por ejemplo la
migración por despojo de medios de producción y subsistencia; por exclusión
social, desempleo estructural y pobreza, y por la sobrecalificación laboral
relativa, –cuando las personas no encuentran en su lugar de residencia empleos
acordes con su preparación, nivel y aspiración–. Estos tipos de migraciones se
refieren a los desajustes en los modos de vida y trabajo derivados de la
penetración, por ejemplo, de las grandes corporaciones multinacionales y la
imposición de políticas neoliberales (Márquez y Delgado, 2011).
Todas estas migraciones tienen diferentes causas, pero
coinciden en que son forzadas y en que, en el inicio no hay deseo personal de
emigrar. También, debo decir que esta tipología es operativa y no procesual, y
que las migraciones comúnmente son multicausales y en el proceso migratorio se
suman otros problemas o factores que complejizan más su diagnóstico, estudio y
resolución.
La migración forzada por violencia a la que hago
referencia en este artículo es la ocasionada por la criminalidad y el
narcotráfico que, de acuerdo con Márquez y Delgado (2011), ocurre cuando:
Las bandas del crimen organizado, que irrumpen en lugares
donde el Estado propicia vacíos de poder, agreden a la población civil mediante
acciones como asalto, extorsión, secuestro, trata de personas, violación,
tortura y asesinato. La violencia desatada confronta a las fuerzas policiacas y
militares contra las bandas criminales y grupos paramilitares, y termina por
enturbiar la convivencialidad y desmadejar el tejido social, amén de que despoja
a las familias de su patrimonio, desarticula las familias, genera paranoia y
psicosis y deteriora la presencia de las instituciones. Ante el escenario de
descomposición social, la población se ve obligada a emigrar para salvar la
vida o mantener una cierta tranquilidad personal y familiar (p. 23).
Y para comprender el tema de las consecuencias (o de la
continuidad) de la emigración forzada por violencia en familias que están
viviendo en la ciudad de Mazatlán, retomo el concepto de integración como el
proceso por el cual las personas pasan a formar parte de un todo (una
localidad, una ciudad o una sociedad), pero reconociendo las diferencias y los
afanes de los grupos. También retomo los tres tipos de migrantes aculturados
que construyó Mayer (1963, pp. 10-11) para comprender la idea y el significado
de los problemas de la aculturación en una sociedad moderna: el migrante que
tiene una “cultura doble” y que puede ir y venir en los ambientes rurales y
urbanos manteniendo el conjunto de pautas heredadas en estado latente; el
migrante “rústico”, que sigue comportándose como tal, pero extraño en la
ciudad, y el migrante “renegado”, que acepta forzosamente las nuevas pautas
culturales, pero es un inconforme en sentido cultural.
¿Por qué familia? En este trabajo se considera a la
familia como una categoría mediadora para explicar la migración. Es decir, nos
permite conocer cómo la experiencia migratoria forzada por la violencia y las
condiciones estructurales generan cambios en las familias en el curso de vida
de los individuos.
METODOLOGÍA
Para el proceso de investigación
opté por el método cualitativo a través –además de la observación– de la
entrevista a profundidad. Este tipo de entrevista permite el aprendizaje sobre
lo que es importante en la mente de los informantes: sus significados,
perspectivas y definiciones, el modo en que ellos ven, clasifican y
experimentan el mundo. Sin embargo, trabajé con entrevistas a profundidad
semiestructuradas con una guía para no perder el eje analítico y los subtemas
que se interesaba conocer; por ejemplo: la experiencia migratoria, la
integración de los miembros de las familias y la vida en la ciudad de Mazatlán.
Las entrevistas se realizaron a miembros2 de cuatro familias
entre 2014 y 2018, principalmente a los padres e hijos jóvenes y adultos. Se
analizó su discurso como perspectiva para dar sentido con base en su contexto
construido. Cabe mencionar que tres familias viven en el asentamiento irregular
San Antonio y otra en la colonia Francisco Villa de Mazatlán.
MIGRACIÓN FORZADA
POR LA VIOLENCIA EN MÉXICO
En nuestro país, la migración
forzada o el desplazamiento forzado se empezó a documentar a partir de la
insurrección zapatista en la década de 1990 en Chiapas. Desde entonces, se han
hecho públicos desplazamientos forzados por distintas causas como las étnicas,
religiosas, políticas, delictivas, agrarias, “extractivistas”, por construcción
de infraestructura, por “causas naturales” o desastres humanos. Pero, de
acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre y Norwegian Refugee
Council (2011), posiblemente la migración de mayor impacto ha sido la causada,
desde 2006, por la violencia de alta intensidad relacionada con los cárteles de
la droga y por las respuestas policiaca y militar del gobierno mexicano, que
constituye un conflicto armado interno conocido como la “guerra contra el
narcotráfico”.
Según Reynolds (2014), el país pasa por una crisis
humanitaria encubierta, ya que comunidades rurales enteras han sido expulsadas
por los cárteles de la droga, los cuales tratan de apoderarse de sus tierras y
recursos naturales. Así, familias se han visto forzadas a huir dejando sus
hogares y medios de subsistencia como consecuencia de los asesinatos
selectivos, secuestros y extorsiones.
De este modo, los grupos armados no estatales usan la
violencia para su beneficio, el control territorial de las rutas de tráfico y
para neutralizar a las organizaciones con las que compiten, a menudo en
colaboración con el propio Estado. Los traficantes de drogas y otros grupos
criminales en México fueron responsables de miles de muertes de civiles y
secuestros que aterrorizaron a las poblaciones locales; además de que las
extorsiones, las amenazas, la corrupción y la intimidación de funcionarios del
gobierno condujeron al desplazamiento forzado (Bilak et al.,
2015).
De acuerdo con Albuja et al.
(2014), el IDMC y el NRC
estimaron que, hasta 2013, había en nuestro país entre 160 y 180 000
desplazados por la violencia criminal. Según Bilak et al. (2015), los mismos IDMC y el NRC estimaron
que, hasta 2014, había en México al menos 281 400 desplazados internos,
principalmente por la violencia criminal y por la lucha del gobierno para
combatir a los cárteles y a otros grupos del crimen organizado. Hasta ese año,
los datos provenían de la sociedad civil y de fuentes académicas, pero no había
cifras oficiales. De acuerdo con Bilak et al. (2019), el IDMC
y el NRC publicaron que, hasta 2016, había 311 000
desplazados internos en México por conflictos y violencia; su principal fuente
fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero, según Desai, Ginnetti,
Sémnani y Anzellini (2018), el IDMC y el NRC aseguraron que hasta 2017 se acumularon más de 345
000 mexicanos en situación de desplazamiento forzado por violencia y
conflictos. Tan sólo en 2017 hubo más de 20 000 desplazados internos por nuevos
conflictos. Y en 2018, de acuerdo con Pérez, Bachi, Barbosa y Castillo (2019),
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 11
491 desplazados nuevos y 25 episodios de desplazamientos internos forzados
masivos, principalmente por la violencia en el país. Cabe decir que, hasta
diciembre de 2018, había en el mundo 41 300 000 personas que huyeron de la
violencia y de los conflictos en 55 países y territorios (Bilak et al., 2019).
El IDMC y el NRC advierten que, dado que el gobierno de México no
reconoce oficialmente el desplazamiento interno, las estimaciones de este
fenómeno han sido históricamente difíciles de producir y pueden variar significativamente
de una fuente a otra. Entre las razones de que haya poca información sobre los
desplazamientos forzados por violencia en México y de que esta sea no
sistemática, está que los eventos de este tipo son localizados en las entidades
y que el fenómeno no ha sido visibilizado ni reconocido oficialmente por el
gobierno mexicano. Lo que hay son estimaciones, y son realmente subregistros,
porque se hacen mucho después de las acciones violentas que ocasionan los
desplazamientos (Bilak et al., 2017).
De acuerdo con el IDMC y el NRC (2011), López (2012), Salazar y Castro (2014),
Albuja et al. (2014) y Mestries (2014), las
entidades federativas afectadas por desplazamiento interno forzado por
violencia son: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Morelos,
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México.
En los demás estados donde también operan los cárteles, los desplazamientos
forzados no han sido muy visibles, porque se trata de desplazamientos de
individuos o familias dispersas, lo que dificulta su registro.
Respecto a los patrones de los desplazamientos forzados
por la violencia en México, estos son realmente cambiantes y diversos. Algunas
personas y familias han sido desplazadas de su localidad en masa y dispersas,
ya sea de una zona rural y semirrural a una suburbana, de una zona suburbana a
una urbana, de una zona urbana a una suburbana, de una zona urbana a otra
urbana, y desplazamientos intraurbanos (IDMC y NRC, 2011; Salazar y Castro, 2014; Albuja et al., 2014; Mestries, 2014).
MIGRACIÓN FORZADA
POR LA VIOLENCIA EN SINALOA
Los desplazamientos forzados en
el estado de Sinaloa no sólo se han presentado en la actualidad; por ejemplo,
en su historia, los desastres de huracanes y las inundaciones de ríos, lagunas
y esteros provocaron, en algunos casos, que la población dejara sus pueblos,
temporal o permanentemente; asimismo, los desplazados (aún) por la construcción
de carreteras, presas, sistemas hídricos, campos agrícolas y fraccionamientos
urbanos. De acuerdo con Cañedo (2012), una situación fue la construcción de la
presa Picachos en los límites serranos de los municipios de Mazatlán y
Concordia que desplazó a varios pueblos, entre ellos a San Marcos, que ahora
está reubicado en el Nuevo San Marcos.
Posiblemente, los desplazamientos forzados más
importantes y trágicos en el estado de Sinaloa han sido los provocados por la
violencia relacionada con el crimen organizado y su combate. Un antecedente muy
visible se remite a mediados de la década de los setenta, con la llamada
“Operación Cóndor”, que consistió en la intervención del ejército en la entidad
para combatir los cultivos de enervantes y al narcotráfico, acción que generó,
entre otros hechos, asesinatos, desaparecidos, el recrudecimiento de la
violencia y la huida de la población, sobre todo en la sierra y en los lugares
donde intervinieron las fuerzas del Estado. Según Lizárraga (2002; 2004), en
las siguientes dos décadas, en los años ochenta y noventa, se consolidó el
desplazamiento forzado por la violencia. Por lo menos desde la “Operación
Cóndor”, el estado de Sinaloa ha experimentado violencia e inseguridad ligada
al narcotráfico y a su combate, de manera recurrente con etapas muy cruentas.
Cabe decir que en Sinaloa pudiera existir otra causa de
desplazamiento forzado distinta de las antes señaladas, e inclusive que
interactúa, y es por acumulación de capital por desposesión (Harvey, 2005) o
por despojos de tierras. La hipótesis la plantea Lizárraga (2016), y dice que
atrás de la violencia de los grupos criminales, así como de las fuerzas del
Estado, está el propósito por despojar de los recursos naturales a los
campesinos en un marco privatizador promovido por el neoliberalismo; es decir,
allanar los espacios a los grandes capitales como pueden ser los mineros, los
hídricos o los energéticos –tanto nacionales como extranjeros– y a otros
agentes que quieran incursionar en esas actividades.3
Sin embargo, este planteamiento está más allá de los objetivos de este
artículo, pero que puedo retomarlo después.
En 2006, el gobierno federal emprendió la llamada “guerra
contra el narcotráfico” dando origen a una de las etapas más violentas que ha
vivido el país. En Sinaloa, la violencia se hizo más extrema, con costos
sociales evidentes que alcanzaron a todos los sectores sociales. Uno de los
costos o consecuencias ha sido la migración forzada, principalmente en la
Sierra Madre Occidental y en algunas zonas rurales del estado, aunque se sabe
menos del desplazamiento forzado interurbano e intraurbano. Estos hechos de
migración en Sinaloa ocurren en el contexto de violencia extrema como
consecuencia de enfrentamientos entre grupos rivales del narcotráfico o del
crimen organizado por territorios, plazas, mercados, cultivos, tránsito,
distribución de estupefacientes y otras actividades ilícitas. Las personas y
familias que emigraron lo hicieron porque sufrieron amenazas, extorsiones o
alguien de la familia fue desaparecido o ejecutado por grupos criminales. Hay
familias que, si bien no fueron agredidas, huyeron de sus comunidades para
evadir cooptación, complicidades y/o amenazas que pondrían en peligro la vida
de cualquiera de sus miembros (López, 2017).
De acuerdo con solicitudes de información propias (con
folios 00234413, 00235014 y 01205618), vía Plataforma Nacional de Transparencia
a la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, en marzo de 2012 había 690
familias desplazadas en once municipios de la entidad, según su padrón. En
agosto del mismo año la cifra se incrementó a 1 187. Y en octubre descendió a
890 familias. Para junio de 2013 se tenían 1 173 familias reportadas. Al
siguiente año, en junio de 2014, la cifra llegó a 1 189 familias desplazadas.
En 2015 disminuyó a 1 177 familias. Y en 2016 también bajó a 590 familias. En
enero de 2018 había 1 958 personas desplazadas (653 familias, aproximadamente).
Y en septiembre de ese año solo hubo 496 familias en esta situación. Un año
después, en septiembre de 2019, el secretario de Desarrollo Social de Sinaloa
informó que en la entidad había 1 750 familias desplazadas y 572 en la zona
sur, y de estas la gran mayoría refugiada en Mazatlán (Arredondo, 2019).
Cabe decir que la Secretaría ha hecho depuraciones en su
registro de las familias que, supuestamente, han regresado a sus comunidades,
pero cuestiono ese registro, porque no todas las familias informan a las
autoridades sobre su decisión de retornar o no hacerlo. De hecho, hay familias
que no acuden a las autoridades ni siquiera por ayuda y no son registradas en
el padrón. Si bien las autoridades estatales hacen un esfuerzo por detectar los
municipios afectados y registrar el número de familias o personas desplazadas,
prevalece la dificultad de hacer un censo, porque no todos los desplazados
acuden a las autoridades para denunciar su situación. Además, no todos los
desplazamientos son masivos, sino que en muchos casos han sido dispersos, lo
que dificulta que sean visibles y contabilizados.
De acuerdo con las solicitudes de información (con folios
00234413, 00235014 y 01205618) y con una revisión realizada del periodo
2006-2018 en los periódicos de cobertura local como Noroeste,
Riodoce, El Debate y El Sol de Mazatlán, así como en medios informativos de
cobertura más amplia como Proceso, El Universal, Animal Político
y Sinembargo.mx, podemos darnos cuenta que, por lo
menos, trece de 18 municipios de Sinaloa presentaron migración forzada por
violencia y que muchas de las familias se desplazaron desde sus comunidades a
la cabecera de su municipio y a las principales ciudades del estado. Por
ejemplo, a las cabeceras de El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Guamúchil,
Mocorito, Cosalá, Culiacán, San Ignacio, Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y
en Surutato, Badiraguato. Y en algunas cabeceras se formaron asentamientos de
estas familias; por ejemplo en Guamúchil, Choix, Culiacán, Mazatlán, Concordia
y en la localidad de Surutato.
En la ciudad de Mazatlán y en la Sindicatura de Villa
Unión se formaron algunos asentamientos en zonas irregulares de familias
desplazadas por la violencia y la inseguridad que provienen de pueblos del
mismo municipio y de algunos municipios aledaños como son Concordia, San
Ignacio y Rosario. Cabe mencionar que también hay familias con esta situación
viviendo de manera dispersa en colonias de Mazatlán y de su periferia.
CUATRO EXPERIENCIAS FAMILIARES
DE EMIGRACIÓN FORZADA POR LA VIOLENCIA EN LA SIERRA DE MAZATLÁN Y CONCORDIA
De acuerdo con el testimonio de
las cuatro familias entrevistadas, tuvieron una experiencia migratoria
intempestiva que no desearon y, por lo tanto, no tuvieron un amplio margen de
planeación. Fue intempestiva, porque la violencia y la inseguridad perpetrada
por grupos del crimen organizado los obligó a abandonar sus comunidades de
improviso para ponerse a salvo en la ciudad de Mazatlán. Y fue (o es) trágica
porque dos de las familias sufrieron la muerte o la desaparición de algunos de
sus miembros o parientes, mientras que las otras fueron amenazadas para que
dejaran sus comunidades, y porque la violencia física casi se concreta con
acciones de muerte. Pero, además, nuevos problemas y dificultades tuvieron (o
tienen) que sufrir y enfrentar con la migración forzada.
Por ejemplo, la familia de Manuel y Teresa emigró en mayo
de 2013, desde la comunidad de El Tecomate, Sindicatura de La Noria, a la cabecera
municipal de Mazatlán, para protegerse de la presencia de dos grupos criminales
que buscaban el dominio de su territorio, ya que las autoridades poco hacían
para darles seguridad. Para Manuel, el peligro consistía en que, si se
enfrentaban a balazos los grupos criminales, las familias podrían salir heridas
por estar en medio del tiroteo. Según Manuel, a su familia no la molestaban
porque tenía buena relación con ambos grupos, pero a pesar de ello, les tenían
miedo, porque eran delincuentes y a su familia le tocó ver cuando exponían
cadáveres en las calles de la comunidad provocando el terror. Su hijo Juan no
quería dejar la comunidad, pero, finalmente, lo hizo por miedo y porque los
delincuentes lo acosaban y le quitaban el dinero, y revela que la población fue
amenazada para que abandonara la comunidad. Teresa, la mamá de la familia
comenta que su hija Rosa se resistía a dejar El Tecomate porque allá estaba con
su esposo e hijas. Pero la violencia alcanzó al esposo de Rosa y a otros
parientes de él en noviembre de 2014; los “levantaron”, y ella mantuvo por un
tiempo la esperanza de encontrarlo. Sin embargo, tuvo que emigrar con sus hijas
a Mazatlán con sus papás; estos antes ya habían emigrado, en abril de 2015,
porque habían sufrido amenazas.
La experiencia de emigrar para la familia de Manuel y
Teresa fue intempestiva por el miedo que ocasionaron las ejecuciones de los
pobladores de la comunidad y por las amenazas. La decisión de irse la tomaron
los padres cuando otras familias ya lo hacían en medio de la zozobra y la
desconfianza hacia el ejército que supuestamente los cuidaba. La familia pensó
que podía regresar una vez que se tranquilizara la situación, pero eso no
sucedió.
Se observa que la familia de Manuel y Teresa experimenta
una emigración forzada por el miedo a la situación de violencia y de
inseguridad de su pueblo; no es una migración voluntaria ni una con amplio
margen de planeación en la mayoría de sus miembros. Los integrantes de la
familia coinciden en la causa de emigración (la violencia perpetrada por los
grupos criminales), pero los motivos o razones detallan esas causas según la
situación de ellos.
Por otro lado, en la familia Carlos y Esperanza se pueden
ver migraciones forzadas de manera intempestiva y cruenta por la violencia
sufrida y perpetrada por criminales. La familia de Carlos y Esperanza dice que
dos veces ha emigrado desde la Sindicatura de La Noria a la ciudad de Mazatlán
por tres eventos violentos perpetrados por grupos criminales que afectaron
directamente a los miembros de la familia.
Cuentan que, a partir de 2010, la familia vive tres
acontecimientos violentos. En el primero les balacearon la casa, pero los papás
se resistieron a abandonar la comunidad porque, aparentemente, se trató de una
confusión; permanecen allí por cuatro meses. Fue hasta el segundo hecho
violento, cuando balacearon la casa del hermano de Esperanza, que los papás
tomaron la decisión de abandonar la Sindicatura y dirigirse a Mazatlán. En la
cabecera de Mazatlán permanecieron dos años y luego decidieron retornar a La
Noria, porque aparentemente se había tranquilizado la situación de inseguridad.
La familia se quedó en la comunidad algunos meses, pero sucede el tercer hecho
violento, que fue cuando “levantaron” a un hijo y a un hermano de Esperanza, y
volvieron a emigrar hacia la ciudad de Mazatlán.
Los papás –Carlos y Esperanza– dicen que decidieron irse
de la comunidad y llevarse a su familia en las dos ocasiones que han emigrado
porque era difícil la situación en la que se encontraban. El motivo principal
de abandonar La Noria fue para evitar que el grupo criminal obligara a sus
hijos varones a que se integraran a sus filas; es por eso que los agredieron a
balazos. De hecho, los hijos no podían realizar sus actividades agropecuarias
en el monte porque se convirtió en un área peligrosa donde campeaban los
criminales.
Otro caso de migración forzada es el de la familia de
Rubén y Cecilia, que decidió emigrar a la ciudad de Mazatlán porque el 24 de
diciembre de 2012 un grupo de criminales arribó a su pueblo El Platanar de Los
Ontiveros, municipio de Concordia, y ejecutó a nueve personas, aparentemente
sin estar ligados o estar en contra de ellos. Según Rubén, decidieron emigrar
cuando, en una noche que debería ser de felicidad, ocurrió una tragedia que
marcó la vida de los pobladores. El miedo y la zozobra fue lo que siguió. Todas
las familias de la comunidad entendieron que, si los criminales regresaban
seguirían ejecutando a más personas, por lo que abandonaron la comunidad, en
las primeras horas de Navidad de 2012, quedando un pueblo “fantasma”.
El siguiente caso es la experiencia de una familia que
dos veces ha sido desplazada por diferentes causas, como vemos a continuación.
La causa del primer desplazamiento de la familia de Leonor y Fabiola –de San
Marcos al Nuevo San Marcos del municipio de Mazatlán– fue porque la localidad
quedó adentro de las tierras anegadas por la presa Picachos y una tormenta
precipitó la inundación del pueblo que puso en peligro a los habitantes. El
segundo desplazamiento –de Nuevo San Marcos a la colonia Francisco Villa de la
ciudad de Mazatlán– fue por la situación de violencia que había en esa región.
Leonor y Fabiola temían ser dañadas por la violencia que
acosaba fuertemente a su pueblo y por lo desprotegidas que se sentían, ya que
no tenían más familia en el Nuevo San Marcos. Ellas emigraron intempestivamente
cuando una parte del pueblo fue amenazado y porque varios hechos de violencia
casi les tocaba. También manifiestan que emigraron forzadamente a Mazatlán
porque la hija mayor ya se encontraba en esa ciudad estudiando una carrera
profesional. En esta situación se combinaron el miedo a ser dañadas por la
violencia y la inseguridad con otros motivos como la falta de apoyo familiar,
la situación de vulnerabilidad y la reubicación familiar.
En general, las cuatro familias que dan su testimonio
manifestaron que tuvieron una experiencia migratoria forzada intempestiva y,
por lo tanto, no tuvieron amplio margen de planeación. Por lo menos, al inicio
no tuvieron deseo personal de emigrar.
La migración forzada por la violencia y la inseguridad es
grave, porque violenta la forma de vida de las personas, pero cuando va
acompañada de hechos violentos que sufren directamente los miembros de las
familias, se convierte en una tragedia.
UNA ZONA DE EMIGRACIÓN FORZADA
POR LA VIOLENCIA EN EL SUR SINALOA
Los pueblos de donde provienen
estas cuatro familias no son los únicos de la región donde ha habido migración
forzada por violencia, también se ha presentado en otros pueblos cercanos de la
sierra de Mazatlán y Concordia, que tuvieron la misma situación a partir del
año 2006, cuando empezó la lucha por el control del territorio por parte de
grupos del crimen organizado.
Por ejemplo, El Tecomate de La Noria, junto con otras
comunidades, conforman una zona de alta migración forzada por violencia. De
acuerdo con Manuel, Teresa y Juan, hay por lo menos trece comunidades que están
casi o totalmente abandonadas debido a la violencia y la inseguridad en la zona
serrana entre los municipios de Mazatlán y Concordia; esos pueblos son: El
Tecomate, El Platanar de Los Ontiveros, Zaragoza, Aguacaliente, El Tiro, Los
Laureles, El Zapote, Los Arrayanes, Guamúchil, La Chapalota, El Pueblo, La Osa
y Los Naranjos. Estos pueblos son conocidos por la prensa local como “zona de
miedo”, porque ahí campean grupos del crimen organizado que luchan por el
control del territorio, de los cultivos de enervantes y de la distribución de
drogas, lo que ha ocasionado una cruenta guerra, así como una violencia
dirigida –directa o indirectamente– a la población civil, de la cual una parte
ha emigrado a las cabeceras de Mazatlán y Concordia, principalmente.
Por su parte, Carlos y Esperanza también aseguran que hay
muchas familias que emigraron por la violencia desde La Noria y de otros
pueblos cercanos en el municipio de Mazatlán. Ellos dicen que hay otros pueblos
como San Marcos y Juantillos que también están casi o totalmente abandonados
debido a la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado. Esta familia
reconoce que La Noria está dañada, pero coincide con la familia de Manuel y
Teresa en que es aún más violenta la “zona de miedo” cercana a La Noria, en
donde las comunidades también están casi deshabitadas.
Rubén también coincide con las familias anteriores en que
los pueblos cercanos a El Platanar de Los Ontiveros, municipio de Concordia,
están casi abandonados por el fenómeno que nos ocupa. Son los casos de
Zaragoza, El Llano, El Tiro, El Zapote y Guamúchil, entre otros.
Desafortunadamente, esto nos dice que, por lo menos en esa región, el crimen
organizado ha ganado territorio al Estado, ya que este se encuentra debilitado,
posiblemente por la corrupción y la impunidad.
EL DESPLAZAMIENTO Y ESTRATEGIAS
DE SUPERVIVENCIA DE LAS FAMILIAS
En este apartado, de acuerdo con
las experiencias de las cuatro familias desplazadas por la violencia, se
presenta la ayuda familiar y la utilización de recursos disponibles como
estrategias de supervivencia de los desplazados, desde su salida de su lugar de
origen hasta su llegada y asentamiento inicial en la ciudad de Mazatlán. El
apoyo familiar se volvió muy importante –más que otra ayuda– porque permitió
que las familias lograran desplazarse con relativa certidumbre hacia el refugio
proporcionado por los familiares en Mazatlán. El apoyo de la familia viene a
cubrir casi por completo la ausencia de ayuda de las autoridades, ya que ellas
no les brindaron a las familias seguridad, protección, resguardo o asilo.
Por ejemplo, en el caso de la familia de Manuel y Teresa,
para iniciar el traslado, utilizó el apoyo de otros hijos que ya vivían en
Mazatlán para trasladarse al asentamiento donde ya los esperaban. Por lo
intempestivo del desplazamiento, la ayuda de otros integrantes de la familia y
los recursos que se tenían se volvieron muy importantes o fue lo primero que se
tomó en cuenta como estrategia de supervivencia para trasladarse a Mazatlán.
El siguiente caso de la familia de Carlos y Esperanza es
similar al anterior, donde la ayuda familiar, los recursos propios y el capital
social son lo más importante. En las dos migraciones forzadas por violencia que
ha realizado esta familia, para el traslado a Mazatlán ha contado con recursos
para rentar una camioneta y llevarse consigo las pertenencias que tenían en la
comunidad, lo que significó un ahorro, ya que no tuvieron que gastar más dinero
en cosas y utensilios básicos. Sin embargo, el apoyo de la hija de Carlos y
Esperanza fue muy importante en el primer desplazamiento, porque ayudó a su
familia con un refugio en su casa de Mazatlán. Pero la hija ya no pudo sostener
la ayuda por diferencias con su marido sobre el apoyo ofrecido. Ya con sus
propios recursos y después de rentar una casa por unos meses, Carlos decide
buscar un terreno en la invasión San Antonio donde se instala con su familia.
En el segundo desplazamiento, la familia contó con el apoyo del líder del
asentamiento irregular para obtener otro terreno y construir una casa de madera
y lamina. Aquí, se puede ver que la estrategia resultante para llevar acabo los
desplazamientos fue la utilización de la ayuda de la hija, los recursos propios
y el capital social generado durante la última migración.
Por su parte, la familia de Rubén y Cecilia aceptó la
ayuda familiar para desplazarse, así como la ayuda del ejército para regresar a
la comunidad y recuperar sus pertenencias. La familia de Rubén y Cecilia, junto
a otras familias, abandonaron en grupos la comunidad de El Platanar de Los
Ontiveros de manera inesperada al siguiente día que ocurrió el multihomicidio
de personas. Algunas familias se dirigieron a la cabecera municipal de
Concordia y otras a Mazatlán por su propia cuenta. A los siguientes días,
algunas personas como Rubén pudieron regresar por sus pertenencias, pero
escoltados y cuidados por soldados del ejército. Así, el acompañamiento que
hicieron los soldados a las familias de la comunidad para recuperar las
pertenencias resultó de muy poca ayuda, porque el ejército no dio garantías de
restablecer la seguridad y la confianza de los pobladores para retornar.
La familia de Rubén y Cecilia contó con el apoyo de los
hermanos de Rubén, primero, para trasladarse a Concordia y, después, para
establecerse en Mazatlán. Los hermanos y otros parientes de Rubén prefirieron
quedarse en Concordia. La familia vivió un mes en casa de la hermana de Rubén,
que rentaban. Luego, Rubén consiguió trabajo y continuó rentando casa por ocho
meses. Estando en Mazatlán, Rubén se enteró por su tío que podían obtener un
terreno en la invasión San Antonio, donde permanecen ahora, cerca de donde
también viven sus papás para ahorrarse el gasto de la renta y con la esperanza
de tener una propiedad. De nueva cuenta, se observa que se emigra con los
recursos y el apoyo familiar que se tiene o con el de personas de suma
confianza que son muy importantes para la sobrevivencia de la familia ante la
inseguridad y la incertidumbre. En este tipo de migración lo primero es salvar
la vida, después se planea y se valora una nueva vida.
El caso de la familia de Leonor y Fabiola es un poco
diferente porque sobresalieron sus propios recursos para emigrar desde Nuevo
San Marcos a una colonia de la ciudad de Mazatlán. Ellas aseguran que no tienen
mucha familia de apoyo, pero con la venta de sus tierras de San Marcos para que
el gobierno construyera la presa Picachos compraron la casa de Mazatlán. Leonor
se resistía a irse Nuevo San Marcos a Mazatlán, pero una vez que su hija mayor
se fue al puerto a estudiar una carrera profesional y que se agudizó la
violencia y la inseguridad en la comunidad, decidieron dejar el pueblo.
Como se observa, más que la ayuda familiar sobresalieron
los recursos propios para pagar la segunda emigración forzada a Mazatlán con
relativa planeación. A pesar de la resistencia de Leonor por dejar el pueblo, a
decir de ella, le importó más la familia para que no sufriera la inseguridad,
por lo que hizo un gasto considerable de su dinero para irse a vivir a
Mazatlán. La ayuda familiar importa, pero cuando no se tiene o es insuficiente
se recurre a la ayuda externa, pero, en este caso, fueron afortunadas de tener la
capacidad económica propia.
LA INTEGRACIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS
POR LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN
En las familias entrevistadas el
proceso de integración en la sociedad receptora es la continuidad de la
emigración forzada, puesto que se huye de la violencia y la inseguridad a otro
lugar para refugiarse y vivir. La migración forzada por violencia y la
integración son vistas, no como etapas separadas, sino parte de un proceso
continuo de la migración y de las experiencias de las familias. Del análisis de
la integración de algunos miembros de estas familias que se asentaron en la
ciudad de Mazatlán, observo que han experimentado diferentes maneras de
aculturación y distintos grados de integración a diferentes sectores de la
sociedad, a ámbitos y espacios de la ciudad, y en ello desempeñan un papel
importante la edad, el género, la educación, el trabajo, la economía, la
nostalgia, el (des)arraigo, la cultura y la misma experiencia migratoria.
Antes de continuar con el análisis de la integración,
hago una descripción de la identidad étnica de las familias desplazadas por la
violencia que viven en la ciudad de Mazatlán. Las familias provienen de
comunidades o pueblos pequeños de la sierra compartida entre los municipios de
Mazatlán y Concordia. En ellos es característico el apego a la libertad de la
naturaleza y al terruño. En la familia se implementan los usos y costumbres
tradicionales donde el padre es la máxima autoridad, el responsable y proveedor
de la familia, mientras que en el hogar la madre es la encargada de la crianza
de los hijos, y su participación más allá de este entorno es limitada; el padre
participa más en otros ámbitos del pueblo. Y los hijos tienden a reproducir
esos patrones, con algunas modificaciones que les proporcionan la televisión y
otros aparatos de comunicación. Lo social y las actividades económicas se
realizan entre el pueblo y el monte. El trabajo (no asalariado) del campo que
requiere destreza y fortaleza lo realizan los hombres, mientras que las mujeres
realizan principalmente la labor doméstica y algunas actividades agropecuarias.
La producción de alimentos es de autoconsumo, pero tienen la opción de comprar
alimentos en pequeñas tiendas.
Por su parte, para Manuel y Teresa (de 64 y 55 años,
respectivamente), padres de familia que provienen del pueblo El Tecomate del
municipio de Mazatlán, el proceso de integración y la vida en la ciudad de
Mazatlán se les ha dificultado, porque en el hogar los usos y costumbres son
diferentes, en el empleo y en la economía los requerimientos son otros, y
porque la etapa de vida en la que se encuentran hace más difícil la
integración. De acuerdo con Mayer (1963), ellos responden más al tipo de
migrante “rústico”; es decir, que siguen comportándose como tales y extraños en
la ciudad. El caso de su hijo Juan (de 36 años) se parece más al migrante
“renegado” que acepta forzosamente las nuevas pautas y normas culturales, pero
también es un inconforme de la dinámica económica y laboral que presenta la
ciudad, porque el salario no alcanza para proveer y para trabajar, además de
fortaleza física se necesitan otras cualidades educativas, psicológicas y
sociales. El caso de su hija Rosa (madre de 25 años de edad) se parece al de
sus papás, ya que gracias al ambiente ruralizado del asentamiento irregular
donde viven y a la convivencia con otras familias de su pueblo de origen, le
permite seguir conservando sus usos y costumbres de la mujer madre, por lo que
su integración coincide con el tipo de migrante “rústico”, resultando diferente
en la ciudad, donde la participación de la mujer ha ido creciendo en varios
sectores y espacios.
Para Carlos y Esperanza (de 60 y 42 años,
respectivamente), padres de otra familia, la vida en La Noria era mejor antes
de desatarse la violencia, porque allá no tenían problemas con los servicios
públicos básicos, como sí los tienen en la invasión San Antonio donde viven en
Mazatlán; además, en su pueblo tenían una producción agropecuaria de
autoconsumo y Carlos hacía carbón de madera de donde obtenía ingresos para
solventar los gastos de la familia. Para ellos, la vida en La Noria era menos
costosa y la familia tenía más recursos para satisfacer las principales
necesidades. De acuerdo con Mayer (1963), el caso de la integración de Carlos y
Esperanza es difícil de clasificarlo en un solo tipo de migrante aculturado, ya
que tiene una combinación de características. Ellos han emigrado por la
violencia dos veces de la Sindicatura de La Noria a la ciudad de Mazatlán, han
ido y regresado, conociendo y aprendiendo del medio rural y urbano (migrantes
con “cultura doble”). Pero es en el hogar y la familia, en el asentamiento
irregular, donde manifiestan más las pautas de usos y costumbres tradicionales
(migrantes “rústicos”). El caso de la integración de Inés (de 29 años), la
nuera, se parece al migrante que tiene una “cultura doble”, porque también ha
vivido y ha aprendido en ambientes rurales y urbanos en varios momentos, pero
mantiene el conjunto de pautas rurales heredadas en estado latente.
Otra familia es la de Rubén (de 40 años). El caso de la
integración de este padre de familia se da principalmente en los sectores
social y económico, porque su empleo –en el que lleva más de dos años en una
empresa de productos de limpieza– le ha ayudado a socializar en la invasión San
Antonio y en otras zonas de la ciudad, y ha apoyado a la familia con relativa
estabilidad económica. Él acepta su vida en la ciudad, pero dice que era mejor
en El Platanar de Los Ontiveros, municipio de Concordia, ya que el cambio fue
social, económico, cultural y hasta ambiental. El caso de la integración de
Rubén es diferente a los demás, porque aceptó forzosamente las nuevas normas
laborales (empleo asalariado, horario) y de la ciudad, pero ya no está
inconforme, incluso parece estar viendo su futuro en Mazatlán, porque hay más
educación y oportunidades para sus hijos. Sonia (de 17 años), la hija mayor, se
integró más rápido al asentamiento, a la escuela, al trabajo, en general a la
ciudad, por su juventud y apertura al cambio, ya que tiene otro punto de vista
de su pueblo de origen, de la vida, y porque no vivió tantos años en su pueblo
como sus papás y abuelos. Sonia parece tener una “cultura doble”, pero con
menos arraigo al conjunto de pautas heredadas. Caso contrario es el de Matilde
(de 68 años), la abuela paterna, quien ha tenido más dificultad para integrarse
a la invasión y a la ciudad, por la edad y porque vivió la mayor parte de su
vida en El Platanar de Los Ontiveros y tiene más arraigado los papeles y las
costumbres de su pueblo. Sin embargo, Matilde ha aceptado forzosamente algunas
pautas culturales referentes a la familia, el trabajo y el estilo de vida de la
invasión.
La cuarta familia es la de Fabiola (de 22 años), que
proviene de Nuevo San Marcos, municipio de Mazatlán. Ella es una madre soltera
que ha podido integrarse a la ciudad, pero al comienzo le fue difícil porque la
ciudad es completamente diferente a su pueblo. A ella le parecía diferente la
sociedad, la economía, el ambiente y hasta el clima. Pero, para Leonor (de 53
años), madre de Fabiola y soltera, le ha sido difícil integrarse y
acostumbrarse a la colonia Francisco Villa, donde viven, y a otras zonas de Mazatlán.
Fabiola ve un futuro mejor para ella en la ciudad, porque en esta puede
trabajar y hay más fuentes de empleo para las mujeres, lo que le permite
independizarse. Sin embargo, Leonor piensa que no es así para ella, porque para
personas de su edad, ya sea mujer u hombre, casi no hay empleos en la ciudad.
El caso de la integración de Fabiola es parecido al de Sonia, hija de Rubén,
porque si bien en el inicio tuvo dificultades para integrarse a la colonia y a
la ciudad, se ha integrado más rápido que su mamá, porque es joven y ha
desarrollado mayor apertura y disponibilidad al cambio. Fabiola tiene una
“cultura doble”, pero muestra menos arraigo a las pautas heredadas de su
pueblo. Caso contrario es el de Leonor, quien tiene menor apertura y se resiste
al cambio, porque ha vivido más tiempo en un ambiente rural y conserva más
arraigo. Para ella todo ha sido diferente en la ciudad y ha sido difícil
adaptarse, pero poco a poco ha aceptado forzosamente algunas pautas culturales
referentes a la familia, el trabajo, la economía y el estilo de vida de
Mazatlán.
REDES SOCIALES Y FAMILIARES
EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN
La utilización de las redes
sociales y familiares en la ciudad de Mazatlán son importantes para entender la
solidaridad, la convivencia y las estrategias de supervivencia de las cuatro
familias desplazadas por la violencia, porque ayudaron a las familias a tener
una mayor posibilidad de superar algunas necesidades, así como a mantener o
mejorar sus condiciones de vida. Estas redes vienen a cubrir o a sustituir casi
por completo la ayuda de las autoridades.
Por ejemplo, para Manuel y Teresa, la ayuda proporcionada
por los miembros de la familia y de parientes ha sido muy importante para
obtener trabajos e ingresos que, según ellos, a sus edades (64 y 55 años,
respectivamente) es difícil obtener en Mazatlán. La familia ha sido apoyada
también por otras personas con ayuda alimentaria, con vestido y con algunos
objetos domésticos. Así, Manuel y Teresa dicen contar con el apoyo económico de
los hijos, y ellos, a su vez, cuidan a los nietos más pequeños, por lo que en
esta familia, padres e hijos se apoyan mutuamente. Además, Manuel cuenta con el
apoyo de dos hermanos que viven en Mazatlán y de sus sobrinos, que lo apoyan
con trabajo en ocasiones. Por su parte, Juan señala que se reúne muy poco con
otras personas de su pueblo en Mazatlán, porque el trabajo que realiza le quita
la mayor parte del tiempo, y el tiempo libre lo dedica a la familia. Además, ir
a visitar a las personas conocidas implicaría un gasto que no puede solventar,
por lo que Juan evita hacerlo. Y Teresa dice que su familia, y otras que viven
en la invasión San Antonio, reciben apoyo regularmente, por parte de una
iglesia cristiana de estadunidenses, con despensas, comida, ropa y objetos
domésticos, lo que significa que las familias ahorran cuando son visitadas, al
menos, dos veces al mes.
En la siguiente familia, que es la de Carlos y Esperanza,
se presenta un caso de solidaridad en diciembre de 2013, cuando es asesinado su
hijo Gabriel, y tanto el líder de la invasión San Antonio como los vecinos
apoyaron a la familia con casi todos los gastos del sepelio; el apoyo que fue
muy significativo, porque los papás en ese momento no contaban con dinero para
los gastos del sepelio y no deseaban la otra opción, que era la fosa común. El
evento trágico acercó más a la familia con los vecinos y con el líder de la
invasión, con los que se vio agradecida.
Por su parte, la familia de Rubén y Cecilia estuvo poco
dispuesta a hablar sobre la convivencia con los vecinos de la invasión; quizá
por miedo y desconfianza a los vecinos que no son parte de la familia. Otro
punto que explica la poca convivencia es que la vivienda se encuentra rodeada
de pocas casas habitadas, ya que están asentados en la orilla de la invasión
San Antonio.
Leonor y Fabiola, por su parte, manifiestan que tienen
poca convivencia con personas y familias de Nuevo San Marcos, que viven en
Mazatlán, pero que tienen mayor convivencia al interior de la familia, así como
con sus vecinos en la colonia donde habitan y en los espacios de trabajo. Las
nuevas relaciones de la familia en la ciudad ha abierto a las hermanas la
posibilidad de trabajar y estudiar.
Como podemos ver, las cuatro familias realizan
estrategias de supervivencia en la ciudad a partir de sus redes sociales y
familiares que, en la convivencia con parientes, amigos, paisanos y vecinos
logran apoyo o solidaridad para cubrir ciertas necesidades básicas o para
superar algunas de sus condiciones socioeconómicas, como obtener trabajo e
ingresos.
EL (NO)RETORNO
Para los padres de las cuatro
familias, el retorno definitivo parece lejano, ya que se encuentran entre el
querer y no poder hacerlo, porque sus pueblos fueron trastocados y no se les ha
garantizado las condiciones de seguridad y menos se les ha restablecido la
forma de vida de sus comunidades. Además, en las familias persiste el miedo, la
desconfianza, la vulnerabilidad y la desprotección de las autoridades, que son
los principales obstáculos junto con los antes mencionados, que impiden a las
familias tomar la decisión de retornar y hacerlo efectivo.
Las cuatro familias dicen que las autoridades no les han
resarcido su situación de desplazadas por la violencia en sus pueblos ni en
otro lugar; lo que significa el deber de restablecerles o repararles el sistema
de relaciones entre los sectores social, económico, político, cultural y
religioso, si así lo exige la comunidad.
CONCLUSIONES
Posiblemente, las migraciones
forzadas más importantes en el estado de Sinaloa han sido las provocadas por la
violencia relacionada al crimen organizado y su combate. Un antecedente muy
visible se ubica a mediados de la década de los setenta con la llamada
“Operación Cóndor” para combatir el narcotráfico, que produjo el
recrudecimiento de la violencia y la huida de población, sobre todo en la
sierra. En las siguientes dos décadas, en los años ochenta y noventa se
consolidó el desplazamiento forzado por violencia (Lizárraga, 2002; 2004). Por
lo menos, desde esa operación el estado de Sinaloa ha experimentado violencia e
inseguridad ligada al narcotráfico y a su combate, de manera recurrente con
momentos o etapas muy cruentas.
En 2006, el gobierno federal inició la llamada “guerra
contra el narcotráfico”, dando origen a una de las etapas más violentas que ha
experimentado el país. En Sinaloa, la violencia se hizo más extrema con costos
sociales que alcanzan a todos los sectores sociales. Uno de estos costos ha
sido la migración forzada, principalmente en la Sierra Madre Occidental y en
algunas zonas rurales del estado.
Es en este contexto que se da la migración de personas y
familias que dejaron sus pueblos por la violencia y la inseguridad en el sur de
Sinaloa. Así, las familias entrevistadas al inicio del proceso no tuvieron el
deseo personal de emigrar, porque fue una experiencia migratoria forzada
intempestiva y sin amplio margen de planeación, y podría decirse que fue una
migración involuntaria; marcada por la tragedia, la vulnerabilidad social y por
el miedo.
La migración forzada por la violencia y la inseguridad es
grave, porque violenta la forma de vida de las personas, pero cuando va
acompañada de hechos violentos que sufren los miembros de las familias o del
pueblo, se convierte en una tragedia. Así, las familias en cuestión tuvieron
una experiencia migratoria trágicamente inesperada, porque la violencia y la
inseguridad perpetrada por grupos del crimen organizado los afectó y los forzó
a dejar sus comunidades para ponerse a salvo en la ciudad de Mazatlán.
La vulnerabilidad social y el miedo han aparecido desde
el comienzo del proceso afectando a las personas en sus decisiones familiares y
en las de la vida diaria, han estado presentes en las decisiones de emigrar, a
qué lugar ir y a quién pedir ayuda. El miedo a los grupos criminales que
provocó la emigración persiste en la vida de estas familias en la ciudad de
Mazatlán, ya que desean retornar de manera definitiva a sus comunidades, pero
no pueden hacerlo porque todavía se sienten vulnerables y las garantías de
seguridad y las condiciones no están dadas o restablecidas.
Los pueblos de procedencia de las familias entrevistadas
no son los únicos de la región donde se ha presentado migración forzada por
violencia, también ha habido una situación similar en otros pueblos cercanos.
Estos son conocidos por la prensa local como “zona de miedo”, porque ahí
campean grupos del crimen organizado que pelean por el control del territorio,
de los cultivos y la distribución de enervantes, así como de los
narcolaboratorios, lo que ha ocasionado una feroz guerra y una violencia dirigida,
directa o indirectamente a la población civil, de la cual una parte ha emigrado
a las cabeceras de Mazatlán y Concordia, principalmente.
Las familias en cuestión utilizaron como estrategia de
supervivencia la ayuda familiar y los recursos disponibles que se tenían, desde
el desplazamiento hasta la llegada y el asentamiento inicial en la ciudad de
Mazatlán. En esta fase el apoyo familiar se vuelve muy importante, porque
permitió que las familias lograran desplazarse con relativa certidumbre hacia el
refugio proporcionado por los familiares en Mazatlán. El apoyo de la familia
cubre casi por completo la ausencia de la ayuda de las autoridades, ya que
ellas no les brindaron a las familias seguridad, protección, resguardo o asilo.
En las familias entrevistadas el proceso de integración a
la ciudad de Mazatlán es la continuidad de su emigración forzada, puesto que
huyeron de la violencia y la inseguridad a esa ciudad para refugiarse y vivir.
Así, la migración forzada por violencia y la integración son vistas, no como
etapas separadas, sino como parte de un proceso continuo de la migración y de
las mismas experiencias de las familias. En la integración de algunos miembros
de estas familias, observo que ellos han experimentado diferentes maneras de
aculturación y distintos grados de integración a diferentes sectores de la
sociedad, a ámbitos y espacios de la ciudad. Y en esto desempeñan un papel
importante la edad, el género, la educación, el trabajo, la economía, la
nostalgia, el (des)arraigo,
la cultura, así como la misma experiencia migratoria.
La utilización de las redes sociales y familiares en la
ciudad de Mazatlán permite entender la solidaridad, la convivencia y las
estrategias de supervivencia de las cuatro familias desplazadas, porque estas
tienen una mayor posibilidad de superar algunas necesidades o mejorar sus
condiciones de vida. Asimismo, en esta fase de la vida en la ciudad, las redes
vienen a cubrir o a sustituir, casi por completo, la ayuda de las autoridades.
Por último, las autoridades municipal y estatal hacen
esfuerzos por apoyar a los desplazados por la violencia y la inseguridad; sin
embargo, esta ayuda ha tenido un carácter, principalmente asistencialista
(entrega de despensas y cobijas, brigadas de salud), pero no constante, acción
que no resuelve la problemática de fondo. Ayudaría más si a las familias
desplazadas, se les brindara, además, trabajo, vivienda o refugio, salud y
educación, mientras se les garanticen la seguridad y los derechos humanos, y
también en espera de que se les restablezcan sus condiciones de vida donde
ellos elijan.
LISTA DE REFERENCIAS
Albuja, S. et al. (2014). Global
Overview 2014. People internally displaced by conflict and violence.
Internal Displacement Monitoring Centre y Norwegian Refugee Council. Recuperado
de http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf
Arredondo, V. (septiembre, 2019). Se
compra terreno para viviendas de desplazados. TVP.
Recuperado de https://tvpacifico.mx/noticias/237254-se-compra-terreno-para-viviendas-de-desplazados-madrid?fbclid=IwAR3y3yUPhRCDM5YhGSJTyM42jeRtob37DOj1sMBXqJXTc-bOYKnFippXAfA
Bilak, A. et al. (2017). Global
report on internal displacement GRID 2017. Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian
Refugee Council. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf
Bilak, A. et al. (2015). Global
Overview 2015. People internally displaced by conflict and violence.
Norwegian Refugee Council, Internal Displacement Monitoring Centre. Ginebra,
Suiza. Recuperado de http://internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf
Bilak, A. et al. (2019). Global
report on internal displacement GRID 2019. Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian
Refugee Council. Ginebra, Suiza. Recuperado de http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2019-IDMC-GRID.pdf
Cañedo, S. (2012). La reconstrucción
de la identidad socioterritorial tras el desplazamiento provocado por la presa
Picachos. El caso del Nuevo San Marcos. (Tesis de maestría). Facultad de
Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
Cañedo S., Vizcarra, M. y Arias, S. (2019). Desplazados
por el yugo narco-minero en Sinaloa. Noroeste/Connectas. Plataforma Periodística para las Américas.
Recuperado de https://www.connectas.org/especiales/desplazados-por-yugo-narco-
minero-sinaloa/
Castles, S. (2003). La política internacional de la
migración forzada. Migración y Desarrollo, 1,
74-90. Red Internacional de Migración y Desarrollo. Recuperado de http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/StephenCastles.pdf
Desai, B., Ginnetti, J., Sémnani, S. y Anzellini, V.
(2018). Global report on internal displacement GRID 2018. Internal
Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council. Ginebra, Suiza.
Recuperado de http://www.internal-displacement.org/publications/2018-global-report-on-internal-displacement
Gutiérrez, R. (20 de noviembre, 2018). La traición de “el
chapo” que acabó con los Beltrán Leyva. La Silla Rota.
Recuperado de https://lasillarota.com/la-traicion-de-el-chapo-que-acabo-con-los-beltran-leyva/258385
Harvey, D. (2005). El “nuevo”
imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires, Argentina:
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Internal Displacement Monitoring Centre y Norwegian
Refugee Council (2011). México: desplazamiento debido a violencia criminal y
comunal. Suiza. Recuperado de http://www.internal-displacement.org/assets/library/Americas/Mexico/pdf/Mexico-November-2011.pdf
Lizárraga, A. (2002). Me agarró la
ventolera… El proceso de la migración rural al extranjero en Sinaloa. Los casos
de Cosalá, San Ignacio y El Verde. (Tesis doctoral). Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente/Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad de Guadalajara,
México.
Lizárraga, A. (2004). Nos llevó la
ventolera… El proceso de la emigración rural al extranjero en Sinaloa. Los
casos de Cosalá, San Ignacio y El Verde. México: Universidad Autónoma de
Sinaloa.
Lizárraga, A. (2016). Sinaloa:
Acumulación de capital por desposesión. Viva el Estado neoliberal.
Ponencia presentada en precongreso 2017 de la Asociación Mexicana de Estudios
Rurales, Desarrollo, Disputas Socioterritoriales y Violencia en el Medio Rural,
y Cuarto Seminario Internacional del Centro de Estudios para el Desarrollo
Económico y Social, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
López R. (2012). Efectos de la
violencia en el proceso migratorio del municipio de Tecuala, Nayarit (ejidos de
San Felipe Aztatán y Quimichis). (Tesis de maestría). Facultad de
Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
López, R. (2017). Experiencias de
emigración forzada de familias por la violencia en Sinaloa 2006-2016.
Desplazamiento interno e integración social. (Tesis de doctorado).
Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
Márquez, H. y Delgado, R. (2011). Una perspectiva del sur
sobre capital global, migración forzada y desarrollo alternativo. Migración y Desarrollo, 9(16),
3-42. Red Internacional de Migración y Desarrollo. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66021591001
Mayer, P. (1963). Townsmen or
tribesmen, urbanization in a divided society. Ciudad del Cabo: Oxford
University Press.
Mestries, F. (2014). Los desplazados internos forzados:
refugiados invisibles en su propia patria. El Cotidiano,
183, 17-25. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943003
Meza S., Cuamea F. y Brito L. (18 de septiembre de 2014).
Los nuevos dueños de la tierra. Los desplazados de la Sierra Madre (Segunda
parte de tres partes). Noroeste. Recuperado de https://www.connectas.org/wp-content/uploads/2015/02/SilberMeza-Desplazados2.pdf
Pérez, B., Bachi, D., Barbosa, L. y Castillo, M. (2019). Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México.
Informe 2018. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, A. C. Recuperado de http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2018.pdf
Reynolds, S. (julio de 2014). Las víctimas ocultas de
México. Refugees international, field report.
Washington, D. C. Recuperado de http://www.refugeesinternational.org/sites/default/files/070214%20Mexico%20Unseen%20Victims%20Spanish%20letterhead.pdf
Salazar, L. M. y Castro, J. M. (2014). Tres dimensiones
del desplazamiento interno forzado en México. El Cotidiano,
183, 57-66. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943008
* Este
artículo es resultado de la Estancia Académica Posdoctoral Primer año 2018,
patrocinada por el CONACYT en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Sinaloa.