10.18234/secuencia.v0i114.1980

Artículos

Delitos, territorios y sujetos en el Veracruz colonial. Una exploración desde la Inquisición novohispana

Crimes, Territories and Subjects in Colonial Veracruz. An Exploration from the Perspective of the Novohispanic Inquisition

 

Oscar Fernando López Meraz¹* https://orcid.org/0000-0002-1185-6424

 

¹Escuela Normal Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, México. osclopez@msev.gob.mx

 

Resumen:

El objetivo de este artículo es presentar una aproximación a los delitos y los sujetos conocidos por la Inquisición novohispana en la segunda mitad del siglo xviii para el caso del actual estado de Veracruz. El método se basa en la minería de datos y el análisis documental. La originalidad del trabajo es presentar, desde un ejercicio exploratorio y descriptivo con algunos avances analíticos, quiénes fueron los actores históricos denunciados por romper el orden social y simbólico. Entre los hallazgos se identifica que la aplicación de las reformas borbónicas propició una mayor vigilancia de la sociedad veracruzana colonial, y que la Inquisición se mostró vitalizada incluso al final del periodo virreinal.

Palabras clave: minería de datos; población veracruzana colonial; orden social y simbólico; reformas borbónicas; vigilancia.

Abstract:

This article seeks to examine the crimes and subjects known to the Novohispanic Inquisition during the second half of the 18th century for the case of what is now the state of Veracruz. The method is based on data mining and documentary analysis. The originality of the article lies in its use of an exploratory, descriptive exercise with state-of-the-art analytical instruments to portray the historical actors denounced for destroying the social and symbolic order. The findings show that the adoption of the bourbon reforms led to greater vigilance of colonial Veracruz society, and that the Inquisition was still active at the end of the viceroyalty period.

Keywords: data mining; colonial Veracruz population; social and symbolic order; bourbon reforms; surveillance.

Recibido: 30 de abril de 2021 Aceptado: 24 de agosto de 2021
Publicado: 18 de agosto de 2022

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se posiciona desde un ejercicio exploratorio, basado en el análisis documental y la minería de datos, para acercar, sistematizar y enmarcar, de manera espacial y temporal, la información contenida en el texto Inquisición de Veracruz: catálogo de documentos novohispanos en el agn (2009), en el cual se recopilan los procesos y las causas conocidas y promovidas por el Santo Oficio en la arquidiócesis de México y los obispados de Puebla y Oaxaca del periodo virreinal, correspondientes a regiones del actual estado de Veracruz, y que comprendían otras entidades contemporáneas como Tamaulipas y Tabasco. Lo que significa que no existe un “Veracruz colonial” como entidad civil o eclesiástica; por lo tanto, lo que se presenta aquí debe considerarse una proyección de la jurisdicción civil hacia el pasado novohispano.

El Catálogo ofrece un listado de referencias sobre la Inquisición en Veracruz en relación con la ciudad de México y viceversa, así como con otras ciudades y provincias con las que tuvo alguna conexión. Constituye un panorama muy completo de los registros, tanto de denuncias como de elementos administrativos de la Inquisición, a partir de una primera selección de los 96 ramos que conforman la Unidad del Virreinato en el Archivo General de la Nación (agn).1 Aunque carece de los expedientes completos de cada caso, presenta información detallada que permite construir algunas conjeturas y caracterizaciones de los asuntos relacionados con el Santo Oficio.

De esta manera, resulta una fuente de información muy valiosa para la construcción de acercamientos a las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales, manifiestas en lo cotidiano, y permite conocer prácticas sociales, profundizar en la vida cotidiana de aquellos sujetos históricos procesados y de la sociedad a la que pertenecieron. La exploración de dichos documentos permite adentrarse en el estudio de las mentalidades e imaginarios impuestos pero colectivos, procesos sociales relacionados con el reconocimiento y el rechazo de ciertos valores prevalecientes en algunos sectores de la población, como los casos de negros, indígenas o gitanos. Si bien es cierto que nuestra atención gira en torno a los delitos registrados, estos forman evidencia de lo que se consideraba un crimen contra la fe y una conducta reprobable en el terreno judicial.

A partir de lo anterior, las preguntas rectoras de ese estudio son: 1) ¿cuál fue el desarrollo de los delitos espacial y temporalmente?, ¿cuáles son los delitos más frecuentes y dónde se presentan con más intensidad?, ¿quiénes son algunos de los actores vinculados con los delitos cometidos? Para dar respuesta a nuestras interrogantes, este texto se ha dividido en una pequeña sección historiográfica, la presentación de la metodología, la contextualización enfocada en la geografía espiritual y política, tendencias demográficas y étnicas de la población veracruzana novohispana, el análisis de los periodos 1754-763, 1764-1773, 1774-1783, 1784-1793,2 desde lo espacial y la caracterización de lo social y, por último, las conclusiones y referencias.

BREVE ACERCAMIENTO A ESTUDIOS SOBRE LA INQUISICIÓN Y DELITOS CONTRA LA FE

El término inquisición ha sido estudiado, entre otros, por Torres Puga (2019, p. 17), para quien “inquisición” aludiría a la actividad judicial y, por lo tanto, remitiría a las instituciones reguladoras de justicia.3 La Inquisición novohispana ha sido estudiada desde diferentes ángulos de observación. Los clásicos Richard Greenleaf (1985) y Solange Alberro (1988) se muestran interesados más en una historia de corte institucional, mientras que el tema de jurisdicción también ha sido abordado con más atención desde los jueces eclesiásticos y mucho menos con registros de las autoridades civiles (Greenleaf, 1965; Luzán, 2018).

También destacan los conflictos jurisdiccionales sostenidos entre las autoridades eclesiásticas y civiles, donde, como es evidente, los juegos de poder no faltaron, como lo manifiesta el trabajo de León Cázares (2000). Por supuesto, no puede faltar el ángulo de análisis sobre la justicia eclesiástica de Traslosheros (2014) y los trabajos de Torres Puga (2004), que han permitido rectificar, desde la historia institucional y política, la idea de una Inquisición decadente en las últimas décadas del periodo virreinal, además de precisar que no era una institución impopular, incluso entre varios de los insurgentes. No menos importantes son los estudios dedicados a las actividades de los funcionarios del aparato inquisitorial en una dimensión local, como los trabajos de Pedro Miranda Ojeda (2007), “Los comisarios del Santo Oficio. Fundación y funcionarios en la estructura inquisitorial de Yucatán, 1571-1820” y el de Luis René Guerrero Galván (2010), De acciones y transgresiones. Los comisarios del Santo Oficio y la aplicación de justicia inquisitorial en Zacatecas, siglo xviii.

Muchos otros autores como Roberto Moreno de los Arcos (1990), Ana de Zaballa Beascoechea (1994), Jorge Eugenio Traslosheros Hernández (2004) y Gerardo Lara Cisneros (2014) se han sumado al conocimiento de los delitos contra la fe cometidos por la población india, conocidos por la Audiencia Episcopal. Actualmente, los acercamientos etnohistóricos interesados en estudiar la idolatría y la hechicería indígena se presentan como una de las apuestas más interesantes para comprender resistencias y continuidades de los pueblos originarios, y algunos de sus exponentes más importantes son John Chuchiak (2000) y David Tavárez (2002). Asimismo, destaca el trabajo de Olivia Luzán (2018), quien estudia la jurisdicción civil sobre las hechicerías en Tlaxcala.

Respecto al estudio de los infractores para el caso colonial veracruzano, la literatura especializada es escasa. Se cuenta con el trabajo de Solange Alberro (1999) “Templando destemplanzas: hechiceras veracruzanas ante el Santo Oficio de la Inquisición, siglos xvi-xvii”, el de Úrsula Camba Ludlow (2008), “Altanería, hermosura y prosperidad: reflexiones en torno a conductas de negras y mulatas (siglos xvii-xviii)”, el de Adriana Naveda y Rosa María Spinoso (2010) “La magia del chocolate y las hechiceras veracruzanas ante la Inquisición”, así como algunas referencias en Antonio García de León (2011), la tesis de licenciatura de Rosas (2013 )“La suerte de la rebelde: la persecución de la hechicería en Veracruz, 1571-1625”, el texto de Rosa María Spinoso (2009) para el caso xalapeño “Pensamiento religioso y poder: brujería, hechicería y superstición femenina en Xalapa, siglos xvii-xviii”, o el de Aracely Campos (2012), “Un tipo popular en Nueva España: la hechicera mulata. Análisis de un proceso inquisitorial”.

Como se observa, los estudios basados en acercamientos cualitativos son los más comunes. Es notoria, por tanto, la ausencia de ejercicios más generales que intenten ofrecer una mirada panorámica. Ahora bien, es precisamente para contribuir en la superación de esa carencia analítica, que nuestro esfuerzo se concentra justamente en sumar al campo de conocimiento desde una aproximación exploratoria inicial, pero con interés en desarrollar el análisis en una dimensión meso y macro de los espacios novohispanos posteriormente.

En el ámbito de los cálculos para el caso novohispano, Solange Alberro (1988, pp. 205-207) estimó que el Santo Oficio atendió aproximadamente 12 000 trámites durante el periodo 1572-1700, lo que se tradujo en 2 000 procesos y quince juicios por año.4 Para el caso específico de la entidad veracruzana, no existen trabajos similares al de Alberro, por lo que el ejercicio aquí presentado aportará datos generales5 para investigaciones posteriores interesadas en profundizar en dinámicas de los sujetos que participaron directamente en los procesos en espacios específicos.

METODOLOGÍA

El análisis documental de este trabajo se basó en la contextualización de los documentos y su contenido para una reconstrucción lo más precisa posible sobre los delitos en función de su desarrollo temporal y espacial, la identificación de los sujetos participantes en las diferentes causas conocidas por la Inquisición, ya sea como acusados o acusadores, así como la comprensión de los significados y alcances de cada uno de los delitos analizados. Para lograr una mayor comprensión del documento, se utilizó como herramienta principal la minería de datos,6 comprendida como el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, a partir de grandes volúmenes de datos, pero con la finalidad de alcanzar un objetivo (González, 2006), y en tanto que se transformó información cualitativa en tablas de análisis cuantitativo. Lo anterior permitió, por un lado, organizar la información de corte descriptivo por características específicas y, por otro, ir haciendo preguntas más específicas de acuerdo con las tendencias registradas y observadas al hacer el análisis.

Considerando las características de la información, vale la pena hacer algunas precisiones sobre el tratamiento de los datos. Si bien se intentó analizar la información en intervalos de diez años, en el ejercicio general ya desarrollado, la falta de registros en años específicos nos obligó a variar los intervalos y las secuencias para construir una información estadísticamente significativa. Por lo pronto, lo presentado en esta entrega para el análisis sí corresponde a cuatro periodos de diez años.

Se trabajó con varias categorías de análisis: superstición; blasfemia y sacrilegio; hechicerías; bigamia y poligamia; proposiciones; genealogía y limpieza de sangre; contra otras religiones y herejía; delitos varios; brujería; pacto con el Diablo; contra el orden; adivinar; solicitantes, y más.7 Casi todas responden a las palabras que expresan los expedientes inquisitoriales, pero algunas, como blasfemia y sacrilegio, delitos varios, contra el orden, y más, han sido construidas exprofeso.

Los documentos no indican la categoría sacrilegio, pero los actos que motivan el caso pueden considerarse como tal, pues estuvieron dirigidas al daño de imágenes y otros objetos sagrados, por ejemplo. Por delitos varios comprendemos los procesos en los cuales hay más de un delito imputado a los acusados; por ejemplo “proposiciones, blasfemias propiamente diabólicas y escándalos públicos” o “hechicerías y por calumnias a otras mujeres”. Contra el orden incluye casos en donde los comportamientos de los acusados van en contra de los representantes del poder, se usurpan funciones, se quiebra el orden público, no se cumplen los sacramentos, existen excesos contra otras personas. Por último, en la categoría más se registran casos en los que la información disponible imposibilita ubicarlos en las otras clases.

Es significativo recordar que los espacios coloniales hoy veracruzanos estuvieron vinculados a diócesis específicas, a saber: Pánuco, a la arquidiócesis de México; Guachinango, a la arquidiócesis de México (Cihuatentla, Guachinango y Tlaola) y el resto a la diócesis de Tlaxcala; Guayacocotla perteneció a dos diócesis: arquidiócesis de México (Huayacocotla, Tlachichilco y Zontecomatlán) y el resto a la diócesis de Tlaxcala; Orizaba, Papantla, San Juan de los Llanos, Tuxtla y Cotaxtla, Veracruz Nueva y Vieja, Xalapa de la Feria y Córdoba estuvieron ligados a la diócesis de Tlaxcala; mientras que Cozamaloapa perteneció a las diócesis de Antequera (Chacaltianguis y Otatitlán) y Tlaxcala (Amatlán y Cosamaloapan); y Guazacoalcos y Villa Alta, a la diócesis de Antequera (López, 2009, pp. 46-57).

En las regiones actuales se puede identificar a Pánuco, Guachinango y Huayacocotla como espacios centrales de la región Huasteca; Papantla a la región Totonaca; Orizaba y Córdoba a Grandes Montañas; Veracruz Nueva y Veracruz Vieja y Tuxtla a Sotavento; Xalapa a la región centro, y Guazacoalcos y Cosamaloapan a Selvas.

Ahora es momento de presentar cómo estaban organizadas la geografía de lo espiritual y la geografía política, así como una breve caracterización de la población novohispana colonial como elementos necesarios para comprender mejor el contexto de las décadas estudiadas.

CONTEXTUALIZACIÓN

Geografía de lo espiritual

El Tribunal del Santo Oficio estuvo integrado por diversos actores que le ayudaban a cumplir sus deberes. En el punto más alto de la pirámide de ese cuerpo estuvo el sumo pontífice, quien nombraba al inquisidor; después, esta decisión recayó en el rey con la anuencia del papa. También existía un consejo, cuyos miembros eran nombrados por la corona. Una de las principales funciones de los inquisidores fue perseguir las conductas calificadas como heréticas, para lo cual fue necesario un importante aparato burocrático (alcaldes, secretarios, etc.). Para el caso de los territorios americanos, la organización recayó en tribunales de Distrito, como el de Lima o el de México, en donde participaban, nombrados por los inquisidores de distrito, otros funcionarios como fiscales, familiares, comisarios, verdugos, etc., quienes gozaban de privilegios. Una de las figuras más importantes de esta estructura fueron los comisarios (Gutiérrez, 2018).

Los espacios que debía atender el Tribunal en Nueva España comprendían, además de esta, de acuerdo con la real cédula de 1570, Filipinas, Guatemala y Nicaragua. Debido a estas enormes dimensiones y al crecimiento de la población no india en villas, pueblos y reales de minas, se dio el proceso de nombrar comisarios en esos lugares (Miranda, 2010). Esto significó una ruptura con el modelo diocesano del siglo xvi, siendo una de sus principales características su sentido urbano (Miranda, 2006). No resulta menor tampoco el número de denuncias generadas en lugares diferentes a las cabeceras.

Es claro que las nuevas comisarías, principalmente construidas durante el siglo xvii, desempeñarían un papel central para la vigilancia y el control de las desviaciones del orden establecido ahora en espacios semi o completamente rurales. Para Miranda (2010), la “geodemografía inquisitorial” requeriría de la fragmentación de los distritos de las comisarías para introducir funcionarios en la mayor cantidad de lugares que dependían del tamaño de la población no india. Uno de los ejes más importantes de la acción de estos actores fue la advertencia y el ejemplo del castigo de quienes infringían el orden sancionado por el derecho inquisitorial, posibilitando la transformación de la dinámica social local. Evitar la heterodoxia y servir como instrumento de vigilancia de la sociedad novohispana fueron objetivos de las comisarías.

Las comisarías8 se encargaban de iniciar las causas y los procesos, de tal manera que examinaban a los testigos y daban seguimiento a las ratificaciones. Posteriormente, informaban al Tribunal para que continuara o no con el proceso. La relación entre las comisarías y el Santo Oficio fue de control por parte del segundo sobre las primeras, pero también de distancia por la ausencia de visitadores. Si bien la acción de los comisarios podía prolongarse hasta recibir indicaciones desde el Tribunal, permanentemente desarrollaron acciones para recordar los deberes de conciencia para evitar que se rompiera el código prescrito; así desempeñaron la rectoría de ideas, conductas y prácticas cotidianas (Miranda, 2010).

De acuerdo con Miranda (2010), a finales del siglo xvii, el Santo Oficio logró instaurar 258 comisarías distribuidas en los quince distritos inquisitoriales. Para el caso del Veracruz novohispano, el cuadro 1 ayuda a identificar las comisarías presentes en ese espacio durante la mencionada centuria.

 

Cuadro 1. Comisarías “veracruzanas” en el siglo xvii

Distrito		Año		Comisaría		Comisario
Tlaxcala		1622		Villas de Jalapa y de Izúcar		Bernardo de la Higuera y Amarilla
		1626		Partido de Orizaba		Pedro Fernández de Solís
		1637		Pueblo de Amatlán y Puerto de Río de Alvarado		Luis Godínez
		1644		Puerto de Tamiahua		Francisco del Castillo
		1672		Pueblo de San Juan Cuezcomatepec		¿?
México		1693		Pueblo de Huayacocotla		Juan Muñoz de Villavicencio y Martel
Antequera		1634		Villa de Coatzacoalcos		Antonio de Barros
		1637		Pueblo de Amatlán		Luis Godínez Brochero Maldonado
		1693		Partido de Tuxtla		Antonio Ramírez de Aguilar

Fuente: elaborado con base en Miranda (2010, pp. 45-57).

 

Espacio político y población

El actual territorio veracruzano estuvo organizado por alcaldías mayores cuyos centros fueron: Pánuco (1537-1787), Huayacocotla (1600-1787), Huejutla (1600-1787), Huachinango (1583-1786), Papantla (1570-1787), Xalapa (1553-1787), Córdoba (1618-1787), Orizaba (1575-1787), Veracruz Vieja (1529-1787), Veracruz Nueva (1600-1629), Tuxtla y Cotaxtla (siglo xviii), Cosamaloapan (siglo xvii-1787) y Coatzacoalcos (1525-1787). Cada una de estas jurisdicciones tuvo diferentes organizaciones políticas antes de ser alcaldías mayores. Algunas, como Pánuco (1522-1534), tuvieron un gobierno militar, o fueron ayuntamientos, como la Villa Rica de la Veracruz (1519-1600) o el Ayuntamiento de la Villa del Espíritu Santo (1522-1525). La gran mayoría tuvo su origen en corregimientos, y todos incluían en sus demarcaciones pueblos.9

En el tema político también hubo otros espacios como las villas y las ciudades, pero fueron las menos. De las primeras, se puede mencionar las siguientes: Villa de San Esteban de Pánuco, Villa de Córdoba, Villa de Orizaba, Villa de la Vera Cruz, Villa Santiago Tuxtla, Villa del Espíritu Santo (abandonada en 1587), y al final del periodo virreinal la Villa de Jalapa (1791), y entre las ciudades sólo se contaban a Veracruz Nueva y San Juan de Ulúa.

Para la segunda mitad del siglo xviii, con la aplicación de las reformas borbónicas, el orden administrativo se tradujo en la instauración del sistema de intendencias. Para el caso novohispano, estas se pusieron en marcha en 1787. Hacia finales del mismo año se funda la intendencia de Veracruz, dividida en doce partidos, a saber: La Antigua, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Tuxtla, Cosamaloapan, Acayucan, Xalacingo de Perote, Misantla, Papantla, Pánuco y Tampico, y la Nueva Veracruz, que, además de fungir como capital de la intendencia, se convirtió en cabecera política de cinco poblaciones: Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Alvarado, Medellín y Boca del Río (Ducey, Ortiz y Méndez, 2011, p. 168).

En cuanto a la población, no hay ninguna duda de que la conquista disminuyó dramáticamente a la nativa en la antigua Mesoamérica. A este tema se le sumó el de la sequía y el de las epidemias, que provocaron reducciones significativas. Para el caso veracruzano, los descensos demográficos dependieron de la región y otros elementos como el clima, siendo las costas los escenarios donde más se observarían. Si es evidente la enorme reducción de los naturales, también lo es el flujo migratorio procedente de España y África.10 Las “venas” europea y negra significaron una importante modificación al elemento racial, provocando un verdadero mosaico. Los españoles decidieron asentarse en los principales espacios, particularmente relacionados con el comercio. Así, Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa fueron localidades muy importantes. La tendencia de este grupo poblacional en las ya señaladas jurisdicciones, durante el periodo 1530-1791, se presenta en el cuadro 2.

 

Cuadro 2. Tendencia poblacional española en el Veracruz colonial

Jurisdicción		Población española				Población castas
		1743		1791		1743		1791
Pánuco		481ª				481
Huejutla				685				457
Huayacocotla				239				960
Huachinango				200				1 398
Papantla				15				500
Jalapa		3 500		5 943		2 125		2 800
Córdoba		500		1 220		950
Orizaba		1 550						3 000
La Antigua (Veracruz Vieja)		150		35				120
Tuxtla y Coatlaxca				20				6 500
Veracruz (Nueva)		1 500		2 200				2 000
Cosamaloapan				240				1 165
Coatzacoalcos				182				3 567

ª El número corresponde al número de vecinos (padre de familia). Las celdas vacías indican ausencia de datos.

Fuente: García y López (2010, pp. 154-155).

 

En el cuadro 3 se presenta el comportamiento de la población india y mulata a finales del siglo xviii.

 

Cuadro 3. Población de tributarios en la provincia de Veracruz, 1785-1794

Fechas de las matrículas		Jurisdicciones		Tributarios indios		Mulatos		Total de tributarios		Porcentaje
Agosto 18 de 1790		Acayucan		3 068				3 068		10.00
Junio 30 de 1790		Cosamaloapan		899		4		903		2.94
Marzo 18 de 1785		Misantla		677				677		2.17
Abril 5 de 1792		Pánuco		3 490				3 490		11.37
Agosto 15 de 1790		Papantla		2 197				2 197		7.16
Junio 3 de 1793		Tuxtla		2 323				2 323		7.57
Noviembre 12 de 1790		Veracruz		611		18		639		2.05
Junio 12 de 1786		Villa de Córdoba		2 956		97		3 053		9.95
Febrero 11 de 1794		Villa de Orizaba		7 028		748		7 777		25.34
Mayo 16 de 1793		Jalapa de la feria		4 232		372		4 605		15.00
Noviembre 25 de 1790		Xalacingo		1 939		43		1 982		6.46
		Total		29 420		1 282		30 694		100.00

Fuente: Ducey, Ortiz y Méndez Maín (2011, p. 168).

 

A partir de las anteriores tendencias se puede observar cómo la población española tuvo un incremento notable en casi todas las jurisdicciones, destacando los casos de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. En 1791, las familias de origen ibérico ascendieron a 9 785, mientras que la población indígena fue de 29 420, la de mulatos ascendió a 30 694 y la de las castas a 22 467. Identificar lo anterior es importante porque la “geodemografía” inquisitorial (como la califica Miranda) tomó en cuenta los criterios de población y espacio para instalar las comisarías.

A partir de ellas se puede desarrollar el análisis de la relación de procesos y fenómenos sociales radicados en lo cotidiano. Así, comportamientos, actitudes y prácticas de los actores sociales pueden ser observados. Desde el espacio local se podría conocer si existía ignorancia o corrupción de la norma, si existían rupturas con la ortodoxia, si la sexualidad no se limitaba a los cánones establecidos, si el orden se alteraba, y un largo etcétera. Es claro que la vigilancia de las comisarías tuvo mayor importancia en los lugares donde fluían personas, mercancías e ideas, de ahí que el Puerto de Veracruz, por ejemplo, fuera uno de los espacios con mayor supervisión de toda Nueva España.

Cuarenta años de estudio

El periodo elegido para el análisis (1754 a 1793) corresponde al inicio y la madurez de las reformas borbónicas. A inicios del siglo xviii, la Casa Borbón impuso una serie de reformas en todos los ámbitos. Así, lo político, lo económico y lo social se vieron transformados por la nueva política de la corona. Para el caso americano, esos cambios fueron implementados con la llegada de José de Gálvez, en 1765, visitador general de Nueva España. En síntesis, esas reformas buscaron dos objetivos principales: extraer, para el beneficio de la metrópoli, la mayor cantidad de recursos económicos, y afianzar, mediante la imposición de funcionarios, el control político del monarca.

Otro interés de las mencionadas reformas fue perfeccionar la sistematización de la información para lograr un mayor control de la población, para lo cual echó mano de organismos de control. Para el caso que aquí nos interesa, como lo ha demostrado Miranda (2021), las reformas borbónicas pusieron fin al proceso de ralentización de las comisarías en los distritos del Santo Oficio en Nueva España, iniciado a finales del siglo xvii. La base para ampliar los espacios de control fue la descripción de lugares hecha por Pedro de Medina Rico (1654-1662), como lo indica Miranda (2021). Es claro que el propósito fue introducir el mayor número de comisarías posible para ejercer mejor el control sobre la población. Una muestra de ello se puede apreciar en el cuadro 4.

 

Cuadro 4. Comisarios para el territorio veracruzano durante el periodo 1754-1793

Año		Nombre del comisario		Provincia
1756		Francisco Miguel de Ortega		Huexutla, Pánuco-Tampico
1756		Francisco Xavier Vázquez Mellado		San Andrés Tuxtla
1759		Joseph Antonio Pérez Cano		San Juan Tenantitlán
1759		José Pérez Cano		Tenantitlán-Chinameca
1759		José Suárez		Jalapa
1760		Nicolás Ruiz de la Torre		Tlacotalpan
1766		José Leyba Valero		Córdoba
1766		Joachin Joseph Camacho		Jalapa
1767		Francisco Camacho		Jalapa
1767		Antonio de Sarabia		Orizaba
1773		José Pérez Zamora		Cosamaloapan
1773		Francisco Xavier Sains de Santa María		Jalapa
1774		José Ignacio Pereira y Castro		Cosamaloapan
1775		Mateo Ignacio Domínguez		Papantla
1775		Joseph Benítez de Alfaraz		Jalapa
1776		José Pérez Zamora		Cosamaloapan
1776		Junípero Serra		Pánuco-Tampico
1777		Alonso Joseph Gatica		Jalapa
1777		José Luis Antonio Junquito		Córdoba
1780		José Bernardo de Soto		Acayucan
1781		Francisco de Zubia		Córdoba
1781		Joseph Antonio Rodríguez Valero		Córdoba
1781		Thomás Díaz		Coscomatepec
1782		Francisco Caveros		Otatitlán
1782		Miguel Antonio Manzano		Santiago Tuxtla
1784		Manuel Ignacio Ramos		Amatlán
1786		Juan Joseph Ugalde y Arostegui		San Juan de la Punta Veracruz
1786		Jacinto Roque Juárez		Pánuco-Tampico
1786		Francisco Ángel del Camino		Jalapa
1787		Manuel Isaac Ramos Berenguer		Córdoba
1787		José Antonio Buenhombre		Orizaba
1787		Miguel Josef Nogales		Tuxpan
1788		Manuel Ignacio Ramos Berenguer		Amatlán de los Reyes, jurisdicción de Córdoba
1788		Antonio Ximénez de Vera		Perote
1790		Joaquín Antonio Ladrón de Guevara		Cosamaloapan
1792		Joseph Antonio Navarro		San Juan Bautista de Tuxpan
1793		Atanasio José de Ureña		Córdoba o Papantla

Fuente: elaboración propia con base en López (2009, pp. 512-513).

 

Una vez que se han descrito las organizaciones espirituales y políticas, así como conocido rasgos generales de los pobladores del Veracruz colonial, como parte del contexto necesario para ubicar la “geografía del delito”, ahora se presentan los 40 años analizados que van de 1754 a 1793, organizados en periodos de diez para observar mejor las permanencias y los cambios, así como para describir a los sujetos involucrados en los procesos conocidos por la Inquisición, en donde lo cotidiano, las mentalidades y las representaciones se encuentran presentes y comunicadas con las dinámicas sociales y culturales características de la sociedad veracruzana colonial.

En los primeros diez años se identificó que el principal delito registrado fue el de la “solicitación”, cometido por religiosos pertenecientes a órdenes mendicantes. Destacan los franciscanos Joaquín Camacho (Veracruz) y Manuel González (Orizaba), ambos en 1757; Francisco Montfort (Jalapa), en 1761; Francisco de Vera (Orizaba), en 1762; así como los carmelitas Bartolomé de San José (Veracruz) en 1754; Diego del Santísimo Sacramento (Orizaba), en 1763, y el dominico José Río del Rosario (Veracruz), en 1756. Otros religiosos acusados por el mismo delito fueron el capellán del navío “La Nueva España” Alonso de Herrera, en 1754, después Antonio Solís, presbítero y confesor, en 1763, así como el sacerdote confesor Francisco Arrollal, todos ubicados en Córdoba; además de Manuel Páez de Villa Nueva, de quien no se precisa cargo religioso, en 1757, en el mismo lugar. De todos estos casos, el acusador fue el señor fiscal en siete.

En segundo lugar se ubica la blasfemia, con tres casos en Córdoba (1759 y 1761), dos en Veracruz (1759 y 1760) y uno en Jalapa (1755). Destacan algunos de los dichos pronunciados por los acusados. En Jalapa, Lucas pidió a una mujer un cigarro y comentó: “que ese tabaco que le daba era el que chupaba nuestro Señor Jesucristo cuando andaba enamorado en el mundo”. En Veracruz, cuatro años después del caso anterior, el teniente de justicia del pueblo de Boca del Río afirmó que la “simple fornicación es lícita”. En 1761, en Córdoba, José Serrano le dijo a una hija de confesión: “que más había pecado en engañar a un hombre que la solicitaba que si hubiera tenido cinco o seis hijos con él”. En tres de los casos quien acusa fue el señor inquisidor fiscal, y entre quienes fueron acusados se encuentran un locero, un teniente, un soldado que es originario de Ceuta, y Francisco Garrido, natural de Galicia.

Otro delito relacionado con sexualidad fue la bigamia. De los seis casos registrados, existen tres españoles (Pedro de Afluestegui, 1754; Pedro Reynaldo, 1761; José Casimiro Altamirano, 1763), el mulato esclavo José Domingo (1761) y la mestiza María Manuela (1759), y uno no identificado. Este delito resulta interesante porque muestra cómo la variedad étnica no fue ningún impedimento para contraer nupcias y muestra cómo existía la posibilidad de varias parejas sin concluir necesariamente con la primera. Don Pedro de Afluestegui resulta significativo porque se une en matrimonio con una mulata esclava, y después con la española doña Josefa Martínez, ambos casamientos en el puerto de Veracruz. Algo parecido vivió José Casimiro Altamirano, quien se casó con Olaya Jertudris y después con la castiza Francisca Josefa, en Córdoba.

Los espacios donde se registraron fueron Orizaba (2), Córdoba (2), Veracruz (1) y Alvarado (1). Respecto al tema religioso, existió un caso de herejía en Acayucan en 1760 y el acusado fue el (supuesto) médico francés don Francisco de la Barrera. Muy cercano a esto, estuvo la adivinanza de las habas, una práctica frecuente entre sectores femeninos, como sucedió en Jalapa en 1755, de cuyo caso sólo se conoce a la acusadora: Antonia Josefa Blanco Navarrete. Otras alternativas religiosas fueron vigiladas en el territorio veracruzano, y una de ellas fue el judaísmo desarrollado en Jalapa en 1755, en donde se vieron involucrados dos varones: el acusador, don José Garzón, y el acusado, don Miguel de Espejo, muy probablemente ibéricos. En 1763, en Córdoba también hubo una denuncia que atentaba contra el orden. En ella, don Gregorio Pérez Torillo, después de confesar a una mujer, le aconsejó “se valiera de un cirujano o boticario para que le diesen remedio y disimular que no era doncella y poder casarse”, lo que sin duda demuestra la importancia del matrimonio para la sociedad novohispana, el requisito de la virginidad para acceder a ese sacramento y la posibilidad de resolver, en caso de que ya no existiera, la condición de “doncella”.

Por último, es necesario destacar la presencia del Diablo. Existe un pacto demoníaco en Veracruz en 1758, el cual se conoce por la autodenuncia de Manuel Ortega Montañez. En ella, este varón afirmó haberle entregado su alma, por escrito, a Satanás. También destaca la participación de Manuel en una misa sin ser religioso ordenado. Un año después, en el sur del actual estado de Veracruz (Acayucan) fueron denunciadas dos mujeres de nombre Pascuala por maléficas, siendo una de ellas viuda y la otra mujer de un carpintero. Interesante la complicidad de las acusadas, verdadera para el Santo Oficio, porque se habrían unido como aliadas del demonio para atentar contra la fe católica y hacer daño a seres cercanos a ellas. En ambos casos, no se sabe quién acusa, y no se conoce la procedencia étnica de los involucrados.

Por otro lado, durante los primeros dos años del periodo 1764-1773 sólo se presenta un caso en cada uno, en dos espacios centrales para la geografía espiritual veracruzana: Orizaba y Jalapa. Los acusados son europeos (francés y español) y de profesión médico y barbero. Al primero se le investigó por hereje y al segundo por blasfemia, dos de los delitos más perseguidos por el Santo Oficio. En 1766 se registraron cuatro acusaciones, y se ven representados tres espacios: Orizaba, Jalapa y Veracruz. Hubo dos tipos de delitos: los relacionados con la sexualidad, como bigamia, poligamia y solicitación, y el motivo de la fundación de la Inquisición: la herejía, calificada para la ocasión de “protestante”.

Integrantes del clero fueron, una vez más, acusados por el delito de solicitación, como lo demuestra la presencia de fray Lázaro o fray Lorenzo Berruecos. Un año después hubo cuatro casos, pero tres localizados en el sur, destacando Acayucan, y casos de hechicería y pacto demoníaco, así como la participación de mujeres, como Pascuala Ventura y Pascuala Cervantes. Orizaba se mantiene como un espacio importante, y se manifiesta como escenario del polígamo y mulato José Domingo Gaitarro.

El año 1768 es caracterizado por acusados europeos: dos originarios de las Islas Canarias, un sevillano, un francés y un holandés, de quienes, con el esclavo Juan González, alías José Salvador, han quedado rastros en los archivos del Santo Oficio Novohispano. Casos de bigamia, blasfemia y herejía (janseísta) son los más significativos, mientras que de los oficios ejercidos por los acusados destacan un granadero y un músico. El siguiente año, la región Grandes Montañas, representada por Orizaba y Córdoba, registró cuatro casos, mientras que Veracruz tres, y hay otros tres casos: uno sin lugar específico y otros dos relacionados con la ciudad de México.

El caso más significativo de los registrados para este año fue el de Lorenzo de Burgos Fernández, soldado distinguido del regimiento de la corona, acusado de herejía, externa y mixta, pacto implícito con el demonio y actos maléficos. Otro militar fue acusado de herejía, y uno más por blasfemia, mientras que los frailes Francisco Javier de Bendieta y Manuel Matías de Saldalla generaron investigaciones por solicitantes. Además, el inglés carpintero Ullin Jalasan fue registrado por el comisario del puerto de Veracruz como sospechoso de la fe.

Los siguientes cuatro años (1770-1773) ya no se presenta un número tan alto de delitos, como en 1769, pero sí existe una línea sostenida de cuatro casos, salvo en 1773, donde hay dos. En cuanto a los espacios, además de Jalapa (que registra dos en 1772), hay datos de Tamazunchale y Tlacotalpan, siendo el resto repartido entre Grandes Montañas y Veracruz. Todos los acusados son varones, salvo la mestiza y bígama Leonarda Josefa Posadas, o de la Santísima Trinidad, vecina de Córdoba en 1773. La otra participación femenina en estos cuatro años fue la acusación presentada por María Rita Viveros contra un sacerdote, por solicitante, radicado en Jalapa hacia 1772. Un año antes, en Veracruz, existe la vigilancia sobre un posible judío (por ser nieto de uno) porque se vestía de oro, plata y seda, lo cual no le estaría permitido.

El tercer periodo de análisis inicia sin casos registrados en Veracruz (o su región), y en su lugar tres espacios del centro (Jalapa, Orizaba y Córdoba) encabezan las denuncias, con dos cada uno. En los dos primeros hay procesos contra Francisco Resnd [sic] y la española María Guadalupe Antonia, por practicantes de la herejía mixta; además, resulta interesante que los dos hayan sido casos de autodenuncias. En Córdoba se da el único caso registrado sobre maleficios, acusando a María Zuazu. También se puede observar la permanencia del delito de solicitación a manos del carmelita y conventual de Orizaba fray Gabriel de Jesús María, y del juez eclesiástico Andrés Gómez, acusado por María de Pilar Flores, esposa de José Antonio de Leyba, en Huayacocotla, y el cura Diego Perdomo, con domicilio en el obispado de Puebla. 1775 presenta casos en cuatro de las regiones hoy conocidas como Sotavento, Grandes Montañas, Totonaca y Selvas.

Tanto en Acayucan como en Veracruz, las denuncias están relacionadas con acusados de cargos administrativos, como un administrador de alcabala y el guardia de la aduana, respectivamente, y los delitos fueron poligamia y blasfemia. En Papantla, el religioso Nicolás Ceballos, del curato de Olintla, fue denunciado por solicitante, mientas que, en Córdoba, un europeo es acusado por polígamo. Con mucho menos intensidad se presenta el siguiente año, con dos casos: uno en Perote y otro en Nueva Veracruz. En el primer lugar, Bárbara María de Echegarai acusa al cura Antonio Ximénez, mientras que, en el segundo, el soldado de la corona, José Pérez, es señalado por blasfemo.

1777 fue un año intenso con ocho registros, distribuidos en Jalapa, Veracruz, Macuspana, Acayucan y Córdoba. Salvo la parda Dominga Magdalena Hernández, acusada de bigamia, todos los otros acusados son varones. La participación femenina también se observa en la acusación hecha por Antonia Rodríguez contra su propio esposo, Antonio Pliego. Otros de los delitos con connotaciones sexuales fue la “cohabitación” de un mozo con una burra, en Córdoba, y la solicitación del vicario de Jalapa, Mariano Carmona. Además, destaca el caso de Juan Luis, negro esclavo acusado de curandero, supersticioso y adivinador. El año siguiente, Veracruz fue el lugar de los delitos, con cuatro de los siete casos; los otros se registraron en Jalapa y Córdoba. Los delitos más frecuentes fueron la bigamia y las proposiciones, y destaca la denuncia de Micaela Ulloa hacia el español Juan Mieyr. Los registros permiten conocer el oficio de dos acusados: relojero (Myer) y maestro mayor de las Obras de San Juan de Ulúa (Juan Boca Corona), acusado de bigamia.

Entre 1779 y 1780, Veracruz reportará cinco casos, mientras que Córdoba y Cosamaloapan uno. Mulatos destacaron como acusados de poligamia, como sucedió con Manuel Pablos Caraballo (Córdoba) y María Isabel (esclava en Veracruz), y más interesante el caso del negro José Antonio Columba, acusado de curandero, supersticioso y fingirse hechicero, con una historia en La Habana de donde fue desterrado, en 1773. También destaca la autoacusación de Pedro de Águila de Valle, por cometer solicitación en Cosamaloapan, el blasfemo sevillano Juan José de Silva y León (Veracruz), y el presbítero José Fernández de Vivero, investigado por herejía mixta y oculta.

En los siguientes tres años, Orizaba aporta tres casos al igual que Veracruz y Jalapa y Otatitlán, uno cada uno. Destacan el hereje luterano Severo Anzurez, holandés enfermo en el Hospital de Montes Claro; la mestiza bígama María Gertrudis Ballugera, alias “María Xaviera Frique”, acusada en Otatitlán, y la negra Rosalía Valdovinos y Petrona, alías “La Habanera”, acusada de sortilegios y hechicerías. Otro caso interesante es el del blasfemo Ignacio López, pardo libre, quien afirmó en Jalapa que “Jesucristo no había muerto en la Cruz ni estaba en la hostia consagrada”, en una platería de la calle nueva. En pelea del honor, Felipe Pliego acusa en Orizaba a Agustín de Anaya, esposo de su hermana Petra, por bigamia.

Por último, en los primeros dos años del periodo 1784-1793 hay tres delitos “clásicos” registrados: bigamia, solicitante y herejía, en tres espacios diferentes: Orizaba, San Andrés Tuxtla y Jalapa. Destaca la denuncia hecha por la española Josefa García, viuda de Antonio Cavada, contra José Manuel Montero, presbítero en el obispado de Oaxaca, y la acusación de María Bárbara Echegaray por ilusa y hereje. En 1786, Jalapa aporta los casos de un solicitante y proposiciones heréticas; los protagonistas fueron el franciscano Ramón Hidalgo y el comerciante Felipe Figueiras. En el norte del estado, Tuxpan específicamente, se le acusó al visitador de la renta del tabaco, José Alcaraz, por proposiciones. Por último, en Veracruz, se investigó al carpintero Felipe Flores por herejía mixta.

1787 fue un año sumamente intenso, con diez casos, siendo Veracruz el escenario que reporta el mayor número, con tres. Otros lugares representados fueron Córdoba y Orizaba, con tres, la región de Jalapa-Perote con dos y la región norte con dos (Chicontepec y Pánuco). Lo delitos tuvieron la siguiente representación: proposiciones (tres), poligamia (dos), contra la fe (dos) (un turco y un judío), blasfemia, superstición y sospechoso de la fe. En cuanto a los actores, destaca Matías de Torres, negro esclavo acusado de blasfemia y preso por asesinar al español, y su dueño, Cayetano Udron. Es en prisión donde se le observa pisar una estampa de Cristo crucificado. También resulta interesante la presencia de militares: un soldado del Regimiento de la Corona fue acusado de superstición por un carmelita descalzo, un teniente capitán de las milicias urbanas del partido de Tamapache generó investigación por sospechoso de la fe y se le relaciona con Teodoro Alemán del Águila, así como con el español Francisco Cárdenas, cabo segundo de la octava compañía del primer batallón, acusado por proposiciones. Existen dos expedientes contra supuestos representantes de otras religiones, como el turco José María Sigala y el judío Manuel Vázquez.

El año siguiente presenta una reducción en el número de acusados, por lo que sólo hay tres. En Veracruz, hubo dos casos de proposiciones, siendo uno de los acusados el soldado de regimiento Luis González. En Orizaba, el mulato Joaquín Santa María, trabajador de un trapiche, fue acusado de bigamia por Joaquina Vicenta Saquero. En 1790 los delitos aumentan y doblan los registrados el año anterior. Veracruz y Tamiahua son los escenarios de acusaciones por proposiciones, mientras que en el segundo también se presentaron denuncias por renegar de Dios y una solicitación. Un elemento importante de este año es el del espacio. No sólo el de procedencia, que va desde Venecia hasta Galicia, pasando por una breve estancia en Inglaterra por parte de uno de los acusados. Asimismo, los lugares donde se encontraban cuando se perpetraron los delitos resultan interesantes. Recluidos en conventos, como el de carmelitas o de franciscanos en Veracruz, o presos en el Castillo de San Juan de Ulúa, cometieron proposiciones, renegaron de Dios o fueron solicitantes. A Tomás Cabrera se le denuncia por proposiciones heréticas debido a su afecto por las doctrinas cultivadas en el reino de Inglaterra.

Enseguida se presenta una nueva reducción de casos, siendo Veracruz y Orizaba los espacios donde los hubo. Proposiciones y solicitación fueron los delitos, y en ellos se vieron involucrados Juan Pietri, maestre de la goleta Elizabeth, procedente de las islas de Trinidad de Barlovento, y el carmelita Pedro Ruiz, respectivamente. En 1792 hubo cuatro delitos, persistiendo el de la solicitación cometida por el cura de Pantepec, Fernando Villamil, reincidente ya en Papantla. Los otros tres estuvieron relacionados con la participación diabólica. Destaca la partera Agustina Carrasco, acusada de maléfica, y el dieguino Manuel de Arizmendi, acusado de proposiciones, blasfemias diabólicas y escándalos públicos en Córdoba, y cuyo caso queda abierto por si hubiese nuevas acusaciones.

Por último, en 1793 se presentan seis casos, de los cuales la mitad se ubica en Veracruz. Los acusados fueron el franciscano Antonio Vega, denunciado por solicitante y pactario, y quien era fugitivo de La Habana; el maestro mayor de panadería de la fortaleza de San Juan Ulúa y español Antonio de Atacha, por proposiciones; y el gestador en el castillo de San Juan de Ulúa, Francisco Jiménez, por blasfemo, mismo delito por el cual fue acusado Tomás Anselmo Florentino, quien vociferó palabras obscenas contra Dios nuestro señor, su madre santísima, y contra todos los santos. En Misantla, María Petrona Ortega denuncia al cura José Clemente Pérez por solicitante, y en Jalapa hubo noticias sobre el hechicero y curandero supersticioso e indio Bartolomé Francisco, denunciado por Juan Félix.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha aportado información sobre sujetos históricos prácticamente desconocidos por la literatura especializada. Los acusados desarrollaban diferentes oficios como religiosos, médicos, panaderos, militares, relojeros, hechiceros, curanderos, músicos, carpinteros, maestros de obra, y otros más. Étnicamente, también hubo una importante variedad: españoles y otros europeos, turcos, mulatos, negros, indios. Orígenes tan diversos como la variedad de delitos que protagonizaron: superstición, blasfemia, hechicería, proposiciones, contra otras religiones, herejía, brujería, pacto con el Diablo, y solicitación.

A partir del documento Inquisición de Veracruz: catálogo de documentos novohispanos en el agn se han podido reconstruir los delitos que conoció la Inquisición en una muestra de cuatro décadas. La observación detallada permite identificar a un Santo Oficio con mucha energía que, apoyado de comisarios cuyo número se incrementó debido al empuje de las reformas borbónicas, deseó controlar y vigilar a la sociedad veracruzana colonial. También es significativo recordar que el Santo Oficio aportó información sobre el orden social, cultural y religioso.

En este sentido, se coincide con el trabajo de Gabriel Torres Puga (2010) sobre la vigencia de la Inquisición al final del periodo novohispano. Para sostener lo anterior, se puede afirmar que sólo tres periodos en la historia del Veracruz novohispano tuvieron más casos conocidos por la Inquisición: 1598-1607, 1608-1818, y 1619-1629,11 con 64, 61 y 52 denuncias, respectivamente, y que antes de nuestro periodo de estudio hubo menos casos: de 1720 a 1730 sólo hubo 27 casos, de 1731 a 1741, 24, y de 1743 a 1753, 18. No menos importante resulta señalar que durante el periodo 1794-1808, la Inquisición conoció 34 casos, una de las cifras más altas del periodo colonial para la hoy entidad veracruzana, y que sólo en el lapso que va de 1809 a 1818, se pueden identificar menos denuncias conocidas por el Tribunal, con cuatro.

En cuanto al número de delitos, de un total de 592 registrados para el periodo que va de 1540 a 1818, en las décadas de estudio hubo conocimiento del Santo Oficio de 163 delitos; es decir, más de la tercera parte del total. Es claro que la importancia del Puerto de Veracruz explica en mucho el número tan alto de denuncias debido al carácter plural de sus habitantes y, por tanto, de su necesaria vigilancia. Además, el alto número de denuncias en asentamientos como Orizaba, Córdoba y Jalapa, en donde hubo un aumento de población española, como se anotó en las dinámicas poblacionales, favoreció en esos espacios un aumento en el trabajo de los comisarios.

En los 40 años analizados se puede observar la presencia de delitos en todas las regiones del actual estado de Veracruz. Si bien es cierto que Veracruz se presenta como el espacio donde más casos registrados hay, también se aprecia que “grandes montañas” y Jalapa se quedan atrás por poco; incluso en algunos años, como en 1774, no hubo casos en el puerto más importante de Nueva España. Además, se pueden identificar relaciones espaciales más allá de los límites geográficos veracruzanos. Como es normal para el contexto colonial, existen rastros de África, sujetos procedentes de La Habana, pero también de otros lugares como Venecia, Holanda, Inglaterra, Francia, y, claro, de varias partes de España. Asimismo, los espacios donde se cometían los delitos siempre sobrepasaban lo íntimo. No importa si los acusados se encontraban en conventos, cárceles o la calle, siempre habría alguien dispuesto a denunciarlos por romper el orden social y simbólico.

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