Este artículo apunta a la necesidad de comprender los movimientos de derecha como entidades complejas y dinámicas, cuyas manifestaciones locales distan de la homogeneidad. Para explorar esta premisa se presenta una aproximación a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y su activismo en dos entornos urbanos -Chihuahua y la Ciudad de México-, bajo la conjetura de que, pese a su carácter nacional, la organización muestra una notable adaptabilidad local. Para explorar dicho supuesto, este texto presenta un análisis comparativo a partir de las demandas centrales; el tipo de acciones emprendidas; las redes de apoyo; la capacidad de interlocución con actores gubernamentales y partidistas, y la capacidad de movilización de la organización en sus representaciones locales. Aquí se estipula que la supervivencia de la UNPF a lo largo del tiempo se explica por la solidez de sus demandas centrales, pero también por la flexibilidad en sus estrategias a partir de las condiciones políticas y sociales locales.

Comprender la complejidad de los activismos de derechas en México es una tarea ardua, ya que implica cuestionar el supuesto erróneo de que estos son inmutables y homogéneos. Este análisis sugiere que las manifestaciones locales de estos activismos varían considerablemente, y aunque comparten un conjunto casi inalterable de demandas, los recursos y las estrategias de comunicación, negociación y articulación que emplean dependen de las condiciones locales en las que operan.

El estudio de los movimientos de derecha ha cobrado una profunda relevancia en los últimos años, especialmente a raíz de los aparentes giros hacia posiciones políticas conservadoras en el escenario global. Buena parte de la bibliografía especializada ubica su análisis en el nivel regional1 o en el nacional,2 procurando desentrañar los activismos de derecha con base en un contexto político, social y económico más amplio. Este artículo tiene como propósito explorar sus manifestaciones en el nivel subnacional, bajo el supuesto de que las especificidades de los entornos locales dan origen a estrategias particulares. Para ello se ha elegido el caso de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en dos contextos urbanos distintos: la Ciudad de México (CDMX) y Chihuahua.

Con su larga trayectoria y un profundo arraigo en los valores familiares y educativos, la UNPF constituye un caso de estudio idóneo para indagar el modo en que las agendas de derecha se adecuan a las condiciones locales, transformando sus discursos y sus estrategias en virtud de dinámicas políticas y sociales concretas. Así, por ejemplo, en Chihuahua, la UNPF se alinea y a menudo se amplifica con las posiciones políticas conservadoras predominantes; por el contrario, en la CDMX, la organización enfrenta un entorno más liberal y diverso. En ese orden de ideas, aquí se sugiere que esta aproximación permite comparar dos extremos ideológicos y culturales del país, enfatizando la importancia de entender los movimientos de derecha más allá de los marcos generales que a menudo dominan el discurso académico.

Además de ofrecer una breve descripción sobre activismos de derecha a nivel subnacional a partir de un referente empírico en concreto, este artículo ofrece algunas reflexiones sobre la interacción entre ideología, cultura y política. Asimismo, el presente texto muestra que los movimientos de derecha pueden persistir y adaptarse a distintas condiciones espacio-temporales, desafiando la percepción equívoca de que estos son monolíticos o uniformes.

En esa lógica, se espera que este estudio contribuya a enriquecer la literatura sobre movimientos sociales y política contenciosa, desafiando las categorizaciones simplistas sobre los movimientos de derecha. A través del caso de la UNPF en dos de sus representaciones locales, aquí se propone reconocer la diversidad y el dinamismo de estas agrupaciones, así como el hecho de que los contextos específicos y las historias locales moldean la acción política.

Metodológicamente, este estudio se apoya en un ejercicio comparativo de carácter cualitativo. La información se obtuvo a través del análisis documental y la realización de entrevistas, cuyo propósito consiste en construir un relato detallado y contextualizado sobre la UNPF. Este acercamiento permite una inmersión en las realidades locales, destacando la complejidad y las particularidades de cada contexto. En otras palabras, aquí se sostiene que, para abordar los activismos de derechas, es necesario valorar la profundidad por encima de la generalización.

Este artículo se divide en cinco partes: en la primera, se construye el problema de estudio, incorporando algunas discusiones en torno a los conceptos de derecha, conservadurismo y reaccionarismo; la segunda esboza algunas coordenadas analíticas para problematizar los activismos de derechas en México; la tercera refiere el caso particular de la UNPF, destacando sus constantes, sus transformaciones, y algunos puntos de inflexión en su trayectoria; la cuarta presenta un sucinto ejercicio comparativo entre la UNPF en CDMX y Chihuahua, y en la última se presentan algunas reflexiones preliminares, pero, sobre todo, se plantean interrogantes para fortalecer esta línea de investigación.

Los últimos años han sido escenario de importantes giros hacia la derecha a nivel mundial. Este fenómeno se expresa de distintas maneras en virtud del contexto en el que se presenta; en definitiva, la agenda que defienden los grupos derechistas en Alemania no es la misma que en Turquía, en India o en México, e incluso, en cada uno de esos países, esta se modifica a partir de condiciones -y, por tanto, de preocupaciones- igualmente cambiantes.

En algunas obras pioneras sobre preferencias políticas se estipuló que la adhesión a la derecha es más probable en sociedades económicamente estables (Coleman, 1986; Downs, 1957; Inglehart, 1990; Lipset, 1960; Pzeworski, 1985). Empero, y como lo muestran algunos procesos electorales recientes en la región latinoamericana, este fenómeno se observa también en países con economías poco diversas e industrializadas, con volatilidad financiera y con altos índices de desigualdad.3 Esta coyuntura ha generado un sentido de inquietud, cuando no de alerta o de emergencia, entre personas y grupos que se autoidentifican como de izquierda, y que suelen calificar a su contraparte política de reaccionaria, conservadora, o directamente retrógrada. Pero, ¿qué significan esos apelativos? La falta de claridad conceptual deriva, con mucha frecuencia, en la pérdida de sentido en el uso de una u otra categoría.

En rasgos generales, el reaccionarismo consiste en una actitud política que rechaza los cambios políticos, económicos, sociales o culturales, y que pretende restaurar el estado previo a estos. El término surgió en el periodo posterior a la revolución francesa para referirse a los grupos que se opusieron a ella, y que sostuvieron que la autoridad y la tradición son fundamentales para preservar la sociedad (Castro, 2023). Por su parte, el conservadurismo puede entenderse como una corriente política que ve en el Estado una herramienta para mantener las identidades, instituciones y prácticas tradicionales. El concepto surgió también en la Francia posrevolucionaria (Zerolo, 2017), y ha adquirido diversos significados adaptándose a las particularidades de cada contexto. Esto último detonó el interés por comprender el conservadurismo desde una perspectiva académica.

Las décadas de 1950 y 1960 son significativas en ese sentido; los estudios en torno al conservadurismo se consolidaron como un campo de estudio autónomo, lo que permitió un análisis más profundo sobre sus principios, su evolución y sus matices a través del tiempo y el espacio. Aquí se ubican las aportaciones de precursores como Voegelin (1952), Kirk (1953), Nisbet (1953), Strauss (1953), Bell (1960), Lipset (1960) y Oakeshott (1962), quienes enfatizaron la centralidad de la tradición y la comunidad para comprender el objeto de estudio. Durante las décadas siguientes se exploró la relación del conservadurismo con la estabilidad política (Huntington, 1968), así como los cambios en el pensamiento conservador a consecuencia del neoliberalismo y la globalización (Fukuyama, 1992; Hayek, 1982). Las inquietudes en torno al tema continuaron a inicios del siglo XXI, en el que se han producido trabajos sobre su evolución política hacia el populismo (Hawkins et al., 2018; Moffit, 2016; Mudde, 2016); su relación con el fracaso de las democracias liberales (Hazony, 2018; Levitsky y Zibblat, 2018); las motivaciones para adherirse al conservadurismo político (Haidt y Graham, 2007; Jost et al., 2003; Robin, 2011); y la influencia de la educación (Apple, 2004; Eaton, 2008; McLaren y Jaramillo, 2007) y de los medios de comunicación (Bennet y Livingston, 2020; McNair, 2017) en la conformación de posiciones conservadoras, entre otros.

Pese a su valía para aproximarse al problema, estas aportaciones no han estado exentas de críticas. Entre ellas destacan la falta de conexión con problemas contemporáneos, como el cambio climático o los avances tecnológicos; la simplificación del fenómeno, comúnmente pensado como homogéneo, y la ausencia de diversidad, puesto que la mayoría se centra en entornos occidentales o hacen una lectura a partir de dichos parámetros, y no de los del contexto en el que se ubican los casos de estudio (O’Sullivan, 2013). Las últimas dos son de especial interés para el problema que se expone en este artículo.

Así, pues, el conservadurismo no es una categoría permanente, sino que se define en función de aquello que se busca preservar frente a transformaciones históricamente situadas; ello implica una profunda complejidad para clasificar a personas o grupos como conservadores (Collado, 2015). Por otra parte, vale la pena enfatizar que el rechazo al cambio no es homogéneo, ya que una posición conservadora en el plano moral no necesariamente se replica en el político o económico, y cualquiera de ellas puede cambiar a lo largo del tiempo (Cottam et al., 2004; Graham et al., 2011; Jost y Napier, 2009; Levenson y Miller, 1976). Por ese motivo, aquí se sugiere pensar las posiciones políticas como multidimensionales y dinámicas, con actores que pueden ser conservadores en un ámbito, pero no en otro, y cuyas posiciones son susceptibles de cambiar a lo largo del tiempo.

Como puede deducirse a partir de las reflexiones anteriores, las posturas de reaccionarios y conservadores coincidieron en un primer momento. No obstante, existen varios puntos que les distinguen (Uribe et al., 2023): a) el reaccionarismo no busca conservar el orden social, sino restaurar un estado previo a los cambios que han conducido a este; b) a diferencia del conservadurismo, en el que se admiten cambios graduales en la organización política, económica y social, el reaccionarismo admite transformaciones radicales siempre que signifiquen volver a lo que consideran el estado original de la sociedad, y c) quienes adoptan una posición reaccionaria suelen apoyar el autoritarismo, bajo la premisa de que sólo una autoridad fuerte es capaz de restaurar el orden político y social. Por el contrario, y pese a que la autoridad se ubica como un valor central, los actores conservadores contemporáneos expresan respeto por el régimen democrático y el Estado de derecho.

No es objeto de este artículo profundizar en las bases filosóficas ni en la complejidad que entrañan los términos aquí referidos; sin embargo, aquí se propone aclarar que en América Latina el conservadurismo, el reaccionarismo y la derecha suelen pensarse como equivalentes en virtud de una particularidad histórica. A inicios del siglo XIX, los partidos conservadores de la región procuraron mantener un proyecto político monárquico, confesional y estratificado; sin embargo, esa coincidencia de ninguna manera implica que sean sinónimos o que se desarrollen de manera paralela.

Esta confusión es más común de lo que pudiera pensarse en un primer momento. Así, por ejemplo, en el caso concreto de México, el actual presidente ha identificado como conservadores a grupos de la más variada índole, entre los que se encuentran la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), la clase empresarial, la prensa y los movimientos feministas, entre otros. Ubicar discursivamente a grupos tan diversos en la misma categoría genera distorsiones sobre qué es el conservadurismo, qué es lo que se busca conservar o por qué se pretende conservarlo. Y el panorama se vuelve todavía más complicado cuando este término aparece asociado con otros, que por definición tienen una carga ideológica distinta. Así, por ejemplo, el actual jefe del ejecutivo federal se ha referido a un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como conservador y reaccionario (Morales y Villa, 2023). Irónicamente, ambas palabras han sido utilizadas para adjetivar al propio López Obrador, a quien Reyes Orona describe como conservador, reaccionario y autócrata (Redacción AN, 2023).

Pero la ausencia de claridad no es exclusiva del uso proselitista; se aprecia también cuando se habla de grupos de la sociedad civil. El apelativo de derecha conservadora y reaccionaria parece diluir por completo las distinciones entre esos términos, y por consiguiente las profundas diferencias entre grupos como Mexicanos Primero, el Frente Nacional por la Familia, el Yunque, la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas en México (CONFRATERNICE) o el Frente Nacional anti-AMLO (FRENAA). Todas estas agrupaciones pueden ubicarse en la derecha; empero, tienen orígenes, bases de apoyo y estrategias de incidencia distintas. Y aunque comparten algunos valores, de ninguna manera puede decirse que su agenda sea exactamente la misma.

Así pues, el uso displicente de estos y otros términos, erróneamente pensados como intercambiables, conduce a la ausencia de herramientas para comprender dichas expresiones políticas. En ese mismo sentido, suele pensarse que las personas o los grupos que se ubican en esas categorías presentan características homogéneas, poseen opiniones uniformes o, peor aún, se aferran a ciertos valores porque carecen de toda lógica y capacidad de raciocinio. Pero entonces, ¿cómo se explica su creciente visibilidad en la escena política, a través de su irrupción en la opinión pública?

En el ámbito académico existen varios debates en torno a las razones por las cuales las personas se unen a movimientos u organizaciones de derechas. Por ejemplo, en algunas obras sobre acción colectiva se sostiene que existe un importante vínculo entre esta y la ideología4 o la identidad.5 Dichas aproximaciones refieren, además, la importancia de las redes, las relaciones sociales, los intereses, los recursos (Oberschall, 1993), y la obligación moral que impulsa la participación (Agostini y Van Zomeren, 2021). En otras se argumenta que el giro a la derecha es más bien un efecto de la mala gestión de los gobiernos que han adoptado medidas redistributivas y que no han logrado solucionar problemas estructurales en términos de crecimiento económico, oportunidades laborales, sustentabilidad, transparencia y seguridad, entre muchos otros temas (Kessler y Vommaro, 2021).

Con independencia de la posición de quien escribe estas líneas, aquí se propone que es necesario despojarse de prejuicios para esbozar una aproximación académica a los grupos que componen el amplio espectro de las derechas.6 Este artículo tiene como propósito problematizar el supuesto de que los activismos de derecha son idénticos entre sí, y que cada uno de ellos es inamovible, monolítico y uniforme. Con el objetivo de aportar un anclaje empírico a la discusión, esta se acotará al caso de México, y concretamente a la UNPF.

Como se ha señalado en el apartado introductorio de este texto, el término derecha se usó en América Latina para designar a quienes defendían un orden social jerárquico, anclado a un régimen monárquico y legitimado a través de la Iglesia católica. Esta especificidad histórica, heredada de Europa, resultó útil para caracterizar una agenda específica en ese momento. No obstante, en la actualidad las posiciones políticas responden a condiciones distintas y presentan una complejidad mucho mayor.

Aquí se propone que estas pueden pensarse como: a) multidimensionales, en el sentido de que abarcan más de un rubro de la vida pública; b) relativas, pues son sensibles a las particularidades espacio-temporales en las que operan (Santiago, 2015); c) diversas, puesto que es posible que se expresen entre personas con identidades y características adscriptivas distintas,7 y d) dinámicas, en tanto que no necesariamente permanecen a lo largo de la trayectoria de vida. En ese sentido, vale la pena señalar las aportaciones de Carmen Collado (2015) en torno al estudio de las derechas -y no de la derecha-, lo que da cuenta de la diversidad de valores, discursos, redes, recursos e identidades de quienes se ubican en esa categoría.

La idea anterior arroja luz sobre las múltiples confusiones a las que está sujeto el concepto: si en las derechas se ubican personas y agrupaciones heterogéneas, con demandas distintas e incluso contrapuestas en algunos puntos, ¿entonces qué es lo que les hace de derecha? En sus reflexiones al respecto, y tras una amplia revisión del estado de la cuestión,8Bohoslavsky (2023) sostiene que la tolerancia o el impulso a las desigualdades sociales, sustentada en uno o varios criterios de distinción, es constante en todas las expresiones de derechas.9

Ahora bien, el hecho de que algunos actores se ubiquen en las izquierdas y otros en las derechas no resulta problemático en sí mismo. Sin embargo, dichas posiciones no se limitan a la individualidad o a la esfera privada; por el contrario, los sujetos las reproducen a través de sus relaciones sociales, de su interpretación sobre el espacio público, y eventualmente de su compromiso por construir un orden social acorde con ellas. De aquí se deriva la noción de activismo; es decir, la participación a partir de repertorios de acción10 que se sostienen a lo largo del tiempo y que tienen como finalidad transformar el espacio público (Tilly, 2004).

En el caso específico de México, es común señalar el terremoto de 1985 en la Ciudad de México como un parteaguas para la activación de la sociedad civil (Monsiváis, 1989; Poniatowska, 1988). En efecto, dicho evento constituye un punto de inflexión en ese sentido; sin embargo, el activismo asociado a las derechas le antecede. A decir de Carmen Collado (2015), parte del desconocimiento en la materia se explica por el predominio del partido oficial durante ese periodo, y por la consecuente descalificación de aquellos grupos que operaron al margen y que se consideraron enemigos del nacionalismo revolucionario. En el discurso oficialista las derechas fueron referidas como la reacción, lo que contribuyó a oscurecer las diferencias entre las agrupaciones que se clasificaron en dicha categoría.

Además, la mayoría de los estudios sobre la mal llamada reacción se centraron sobre todo en la Iglesia católica y su relación con el Estado laico, identificando periodos de estabilidad y de tensión entre ellos a partir del siglo XIX (Collado, 2015). No hay duda de que la producción académica al respecto es valiosa; empero, esta dejó de lado la importante labor de la feligresía y de su participación a través de organizaciones civiles (Aspe, 2008; Torre, 2006; Vilchis, 2022). Eso mismo ocurre con otros grupos que no se vincularon con dicha Iglesia, sino con otras expresiones religiosas y espirituales (Garma, 2020).

A pesar de ello, existen algunos esfuerzos loables por sistematizar el estudio de las derechas en México a través de categorías o corrientes históricamente situadas, entre los que destacan los de Márquez (2015), Muñoz (2011) y Hurtado (2013).11 En este artículo se retoman las aportaciones de Víctor Muñoz (2011), quien propone una clasificación a partir de tres categorías: a) la derecha tradicionalista, caracterizada por su rechazo a las leyes “antirreligiosas”12 y por su compromiso con salvaguardar la integridad de la familia, la santidad del matrimonio y la moralidad pública; b) la derecha conservadora, vinculada con la Doctrina Social de la Iglesia Católica (DSIC), y que, por tanto, defiende la libertad religiosa, de expresión, de enseñanza, de investigación y de opinión, así como la reivindicación de la persona humana en la colectividad y la creación de un Estado de derecho con el municipio como base política,13 y c) la extrema derecha,14 representada por grupos ultranacionalistas, católicos, pronazis, anticomunistas y falangistas (Muñoz, 2011). Es importante señalar que estas categorías no son excluyentes; es decir, que existen grupos en los que se manifiestan las características de más de una de ellas. Asimismo, y en congruencia con el supuesto de que las posiciones políticas son dinámicas, puede inferirse que las personas, grupos y organizaciones que se ubican en las derechas no necesariamente se mantienen de forma permanente en uno de estos rubros.

Esta propuesta ofrece varias ventajas para explorar el caso que aquí interesa: se sitúa en las condiciones políticas y sociales de México; considera las expresiones de derechas que surgieron en los siglos XIX y XX, y establece como criterio de clasificación el núcleo de convicciones en torno al orden público. Ello permite apreciar la evolución de los activismos de derechas en el país, en un inicio vinculadas directamente con la Iglesia católica, y que se complejizaron en la medida en que surgieron disputas internas, reformas institucionales o transformaciones en el propio sistema político mexicano (Collado, 2015; Hurtado, 2011; Torre, 2006). Pero entonces, ¿dónde puede ubicarse a la UNPF?

La UNPF nació en la ciudad de México en 1917, mediante la colaboración de Manuel de la Peza, Rafael de la Mora, Francisco Arce y Eduardo Hernández, entre otras personas que expresaron su preocupación por la recién promulgada Carta Magna (Pérez, 2015). En esta última se radicalizaron varias de las disposiciones del texto constitucional de 1857, a partir de las cuales se limitó a las organizaciones religiosas en general y a la Iglesia católica en particular.15 Esto es especialmente relevante en materia educativa; aunque la instrucción laica se había instaurado en la Constitución anterior; durante el régimen porfirista se permitió la existencia de escuelas católicas y protestantes (González, 2019).

La consolidación del Estado revolucionario representó un punto de inflexión en ese sentido. El hecho de que la educación pública fuera laica, gratuita y obligatoria implicaba la imposibilidad de que menores de edad de escasos recursos recibieran una formación integral.16 Además, su obligatoriedad tenía como propósito generar una identidad nacional homogénea,17 al margen de cualquier expresión religiosa. En esa tesitura, la UNPF se creó con el objetivo de defender el derecho de padres y madres de familia para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos e hijas, bajo la premisa de que el proceso formativo es ante todo un derecho y una responsabilidad de la familia (Molina, 2024). De aquí se deriva que la educación pública impulsada por el Estado posrevolucionario se percibiera como una imposición, un punto recurrente todavía en el discurso de quienes hoy forman parte de la organización.

En décadas posteriores las confrontaciones entre la UNPF y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se exacerbaron en virtud de otras decisiones en materia educativa: la instauración de la educación socialista en 1934, a través de una reforma que luego fue derogada (Montes de Oca, 2008); la introducción de los libros de texto gratuitos en 1959 (Díaz, 2013); la inclusión de la educación sexual en el currículum oficial a partir de 1974 (Camacho y Padilla, 2017), y las modificaciones a dicho programa para transitar a a) la planificación familiar; b) la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y c) la transversalización de la perspectiva de género (Díaz, 2014). En todas esas coyunturas, quienes forman parte de la UNPF enfatizaron la urgencia de respetar la libertad de enseñanza.

Estas confrontaciones pueden entenderse mejor a partir de la DSIC, en la que se establecen cinco principios fundamentales respecto a la educación: 1) el acceso universal a esta; 2) el derecho a una formación que promueva el desarrollo integral de la persona, incluyendo aspectos intelectuales, sociales, morales y espirituales; 3) el papel primordial de los padres en la educación de sus hijos e hijas; 4) la colaboración entre familia, sociedad y Estado, y 5) la importancia de la ética, para promover el respeto a los derechos humanos, la paz y la reconciliación (Muñoz y Burgos, 2016; Rodríguez, 2016).

Existen dos puntos de acuerdo entre la DSIC y el Estado mexicano: el acceso universal a la educación y la colaboración con la sociedad y la familia. El resto de los principios que procura la primera, y a los que se apega la UNPF, representan irremediablemente puntos de choque con el proyecto estatal. En tanto que este está permeado por el principio de laicidad, la educación pública no puede incluir aspectos morales ni espirituales; se reconoce la importancia de responsables de familia, pero el Estado adquiere una posición de supremacía para tomar decisiones en esa materia; y la ética se interpreta de una forma distinta, pues los derechos humanos, la paz y la reconciliación se entienden con independencia de los preceptos del catolicismo.

La contraposición entre estos dos proyectos educativos constituye un punto de cabal importancia por varios motivos: a) porque la escuela goza de reconocimiento social como un espacio de aprendizaje; b) porque en ese espacio se adquieren conocimientos académicos y habilidades cognitivas, pero también valores, y c) porque se asume que la formación escolarizada incide en el comportamiento de las y los estudiantes a lo largo de su curso de vida (Molina, 2022). En ese sentido, lo que está en disputa es la influencia en las conciencias de las generaciones jóvenes para generar una ciudadanía responsable. A ojos de quienes forman parte de la UNPF, el proyecto estatal está incompleto: no toma en cuenta los aspectos espirituales ni la moral; no impulsa la participación desde las bases sociales -una cuestión mucho más clara durante las primeras décadas del Estado posrevolucionario-, y coloca su autoridad por encima de cualquier otra institución, ya sea religiosa -como la Iglesia católica- o social -como la familia-.

Tomando como punto de partida las reflexiones anteriores, esta organización parece fluctuar entre las dos primeras categorías de la clasificación sugerida por Muñoz (2011).18 Aquí se argumenta que esa fluctuación puede explicarse a partir de las especificidades temporales y espaciales en las que se ubica. En estricto sentido, la UNPF no se formó para contravenir la laicidad del Estado, sino para reivindicar el derecho de elegir el tipo de educación con el que se desea formar a menores de edad. Pese a ello, en sus orígenes puede pensarse como parte de la derecha tradicionalista, en tanto que denunciaba las leyes “antirreligiosas” al tiempo que defendía a la familia como el núcleo social más importante. La primera demanda se diluyó eventualmente, en especial tras la victoria de las fuerzas estatales en la guerra cristera y la instauración del modus vivendi. La segunda permaneció, aunque con el transcurrir de los años adquirió un nuevo significado: a la importancia de la familia se sumó la supuesta necesidad de defender su composición tradicional.

A partir de la década de 1930 la organización transitó más bien hacia la derecha conservadora, caracterizada por la defensa de la libertad religiosa, de expresión y de enseñanza, entre otras demandas. Y aunque la UNPF ha estado presente por más de un siglo, lo cierto es que sus actividades adquirieron un nuevo impulso después del Concilio Vaticano II, en el que se promovió la participación de los laicos en la vida religiosa y social, la difusión de los valores familiares desde una perspectiva católica renovada, y el diálogo con el mundo moderno (Marauri, 2016).

Como se ha referido en el apartado anterior de este artículo, las demandas y la participación de esta organización son sensibles al contexto en el que se ubican; en ese sentido, el activismo de la UNPF ha mantenido su defensa de la libertad de enseñanza y de la supremacía de la familia como educadora. Pese a ello, sus prioridades, discursos y estrategias de acción se han modificado en función de la coyuntura. Aquí se sostiene que, además de los episodios de confrontación con el Estado antes citados, la década de 1990 representa un punto de inflexión crucial en su proceder.

En 1992 se realizaron reformas constitucionales y se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público (LARCP). A partir de entonces se reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas, siempre que se registren como asociaciones ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Ello constituye un hecho sin precedentes en la historia de México; no sólo restablece las relaciones entre Estado e Iglesias, también reconoce derechos y responsabilidades de las segundas, regula sus actividades en el espacio público -hasta entonces legalmente prohibidas-, y reivindica la autonomía de cada sector (Blancarte, 2004; Garciadiego y Peschard, 2004).

Esta modificación significó un giro en la forma de entender el régimen de laicidad mexicano, hasta entonces pensado a partir del anticlericalismo y de la relegación de lo religioso al espacio privado. Asimismo, estuvo acompañada de otros procesos que vale la pena referir. En materia educativa, el entonces presidente Carlos Salinas impulsó un programa para fortalecer la educación pública, el cual contemplaba el acceso a espacios formativos, la asignación de recursos para mejorar las condiciones de las escuelas, la capacitación del personal docente, y la adopción de mecanismos de evaluación constante. Además, se procuró impulsar la participación de las autoridades locales en la toma de decisiones y se promovió activamente la participación de la sociedad civil, incluyendo a padres de familia y organizaciones no gubernamentales, para supervisar las instituciones educativas y mejorar la calidad de la educación (López et al., 2020). Esto resulta de cabal importancia para comprender la trayectoria de la UNPF y de otros actores que, aunque se constituyeron como organizaciones civiles, estuvieron vinculadas con la DSIC a través de los laicos; es decir, de creyentes comprometidos con los valores del catolicismo pero que no pertenecen a la estructura eclesial.

Para García (1996), la supervivencia de la UNPF en la sociedad civil por más de un siglo se debe a la dinámica de participación de sus integrantes; su carácter elitista; sus bases; sus formas de organización y sus estrategias de protesta. Aquí se propone que, adicionalmente, quienes militan en ella mantienen un fuerte compromiso, bajo la auténtica convicción de que sus demandas no sólo son legítimas, sino trascendentes para impulsar una educación de calidad que coadyuve a la construcción de un orden social bueno y justo. Por ese motivo, en sus 106 años de existencia, la organización ha procurado “generar y motivar la participación social en los ámbitos familiar y educativo, mediante la acción organizada de los padres de familia en lo cultural, lo jurídico, lo económico y lo político”,19 lo que supone la defensa del Estado democrático y de derecho. Aquí se sostiene que las condiciones políticas actuales permiten a la UNPF incidir de una manera cualitativamente distinta a la de sus primeros 70 años de vida. Además de las reformas antes referidas, la alternancia en el poder, la apertura a la participación ciudadana y el acceso a medios digitales permiten promover su agenda a través de otros espacios.

Sin embargo, y como se ha señalado en numerosos estudios al respecto, la democratización es un proceso de largo aliento que se expresa de distintas maneras en el territorio nacional (Behrend, 2012; Sevilla, 2018). Partiendo de esa premisa, en este artículo se estipula que la heterogeneidad de las condiciones en las que opera la UNPF deriva en la diversificación de sus demandas, recursos, redes de apoyo y repertorios de participación. El siguiente acápite tiene como propósito destacar esas distinciones a partir de dos casos específicos.

La UNPF tiene alcance nacional y posee representaciones en todas las entidades de la república mexicana. Aquí se postula que la forma en la que opera dicha organización varía en virtud de la escala en la que se ubica, pero también de las condiciones políticas, sociales y culturales de la zona geográfica en la que se encuentra.

Para explorar esa conjetura se han seleccionado los casos de Chihuahua y la CDMX. La primera se ha elegido en virtud de su larga tradición de activismos de derechas auspiciados por la Iglesia católica (González, 2023). Asimismo, debe señalarse que, desde 1992, esta entidad ha alternado gubernaturas del PRI y el PAN, con una agenda predominantemente conservadora. A diferencia de otros estados, los procesos electorales chihuahuenses no han dado la victoria a partidos que se asumen de izquierda. Además, ha sido escenario de cuando menos tres debates en materia educativa en los últimos seis años: la iniciativa del Pin Parental;20 la aprobación del programa Formando Corazones21 en escuelas públicas y privadas; y la suspensión de la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos (LTG), impulsada por la actual gobernadora María Eugenia Campos. Estas condiciones parecen contrastar con el acelerado incremento de la población no religiosa en la última década,22 así como con las crecientes demandas de grupos feministas que han proliferado a raíz de la violencia en contra de las mujeres en la entidad.

En cuanto a la CDMX, esta se ha caracterizado por activismos que pueden ubicarse en un amplio rango ideológico y con demandas de la más diversa índole. Además de ser sede de la capital del país, esta entidad ha sido pionera en el reconocimiento de derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT+.23 Desde 1997, la jefatura de gobierno ha estado ocupada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, con un solo periodo de alternancia iniciado en 2018 y hasta la actualidad. Dicha administración corresponde al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que surgió a partir de una escisión del PRD (Montaño, 2022). Por otra parte, la CDMX es escenario de una diversidad religiosa visible.24

En ese orden de ideas, los casos que se exploran en este artículo muestran que la visibilidad de los activismos de derechas no es coyuntural ni improvisada. Por el contrario, esta refleja un cúmulo de recursos, redes y estrategias que responden a dinámicas políticas locales. En otras palabras, el hecho de que la UNPF se enarbole como una organización de carácter nacional de ninguna manera significa que es monolítica, o que opera de manera homogénea en todas las entidades del país. En todo caso, el ejercicio comparativo que aquí se plantea permite distinguir entre: a) aspectos que constituyen el núcleo de la organización y que, por tanto, se mantienen incólumes con independencia del tiempo y el espacio, y b) cuestiones que, aunque son igualmente importantes, albergan una laxitud que les permite adecuarse al entorno en el que opera la organización.

Para identificar los factores que pueden ubicarse en cada rubro se realizó una investigación documental a través de fuentes primarias25 y secundarias,266 procurando ubicar puntos de inflexión en la trayectoria organizacional a nivel nacional. Con el propósito de contrastar dicha información, y sobre todo de indagar en las particularidades de cada caso subnacional, se realizó también una serie de entrevistas con liderazgos e integrantes de la UNPF.27 El contacto con informantes clave permitió bosquejar el desarrollo de la organización en cada localidad, pero sobre todo apreciar detalles sutiles respecto de la formación de cuadros y a las estrategias de comunicación política en virtud de las oportunidades políticas que se presentan en dichos entornos.28

Partiendo de las consideraciones anteriores, el ejercicio comparativo que se esboza en este texto se articula con base en cinco ejes: 1) Demandas centrales, entendidas como el conjunto de pretensiones de reivindicación de ciertos valores morales como núcleo de las actividades emprendidas por el Estado para solucionar los problemas públicos; 2) Tipo de acciones emprendidas, cuyo objetivo consiste en visibilizar, canalizar y satisfacer sus demandas;29 3) Redes de apoyo, que se definen como el conjunto de relaciones a partir de las cuales se establecen vínculos solidarios entre actores con preocupaciones y demandas similares;30 4) Capacidad de interlocución con actores gubernamentales y partidistas, que se refiere a las posibilidades reales para entablar el diálogo con representantes públicos, personas que forman parte del servicio público e integrantes de partidos políticos,31 y 5) Capacidad de movilización, entendida como la posibilidad real de instar la participación política de los actores individuales y colectivos con el propósito de visibilizar, defender o impulsar sus demandas en el espacio público.32 Es menester advertir que aquí no se pretende desarrollar una descripción exhaustiva de la UNPF en la CDMX y en Chihuahua, sino esbozar una sucinta comparación con base en los ejes antes referidos.

En cuanto a las demandas centrales de la UNPF, hay cuatro que pueden identificarse desde su origen y que se mantienen en la actualidad: la libertad de enseñanza; la libertad de expresión; la participación ciudadana, y la educación verdadera. Como se ha referido anteriormente, estas consignas se generaron en abierta oposición al régimen posrevolucionario, laico, autoritario, centralizado, y en el que se impulsó un proyecto educativo orientado a crear una identidad nacional homogénea. Resulta llamativo que dichas demandas se ubican con claridad en el discurso oficial de las representaciones locales aquí estudiadas, y también en el diálogo que se sostuvo con sus integrantes. Esta congruencia parece mostrar que quienes forman parte de la UNPF en CDMX y Chihuahua son conscientes de la agenda de la organización y, por supuesto, de la importancia que adquiere impulsarla en el espacio público.

En estricta relación con estas demandas, pero en un plano más bien coyuntural, se ubica el rechazo a los LTG diseñados durante la presente administración, y que comenzaron a difundirse en 2023. En ese rubro se aprecia una diferencia importante en la narrativa de quienes concedieron una entrevista a la autora de estas líneas. Aunque en ambas localidades se refieren la ausencia de criterios pedagógicos claros y de un proceso de transición ordenado hacia el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, únicamente quienes residen en Chihuahua afirman que los libros presentan contenidos poco aptos para los grupos de edad a los que están dirigidos. Al profundizar sobre la materia, se refieren particularmente temas como la sexualidad y la representación gráfica de grupos minoritarios que “aparecen sobrerrepresentados, lo cual es engañoso. Los niños no tienen un criterio formado a esa edad, y son vulnerables a la ideología”.33

Todas las personas entrevistadas en Chihuahua retoman esta preocupación, y la vinculan con las demandas permanentes de la UNPF a nivel nacional. Consideran que el gobierno federal en turno no es sensible a las necesidades de las niñas y los niños, y que obedece a una agenda ideológica en la que los derechos de las minorías se colocan por encima de otros elementos formativos. Quienes forman parte de la organización en CDMX manifiestan también su inconformidad con los LTG; empero, se refieren, sobre todo, a la estrategia pedagógica y a los errores detectados en sus contenidos, y no a las temáticas que abordan o a la representación de las minorías. En palabras de quien preside la organización: “Primero hay que resolver los errores básicos de los libros y la forma en que aprenden los niños, y cuando eso quede resuelto entonces podemos preocuparnos por lo demás. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo más importante es que tengan una educación de calidad.”34

Las acciones emprendidas por la UNPF en estas localidades también presentan visibles similitudes. Entre ellas se incluyen: a) las manifestaciones en el espacio público, especialmente en lugares con un peso simbólico relevante como la SEP, los órganos legislativos o las oficinas del poder ejecutivo local; b) el apoyo a propuestas para modificar leyes y políticas públicas en materia educativa, entre las que destaca la iniciativa del Pin Parental; c) la realización de cursos para padres de familia, en los que se enfatiza la responsabilidad para educar a sus hijos y se brinda un marco de acción para orientarles en cada etapa de su proceso formativo; d) la organización de talleres con base en materiales de consulta impresos, digitales o en video, en torno a temas de interés tanto permanente como coyuntural; e) la generación de espacios de encuentro que se extienden al entorno familiar y personal a través de retiros, días de campo o celebraciones, y f) el acercamiento a grupos, organizados o no, con preocupaciones similares sobre la importancia reivindicar un conjunto de valores a través de la educación.

Si bien ambas representaciones coinciden en el tipo de acciones a partir de las cuales se impulsan sus demandas, lo cierto es estas son sensibles al contexto local. La información obtenida a través de las entrevistas da cuenta de ello: a decir de quienes dialogaron con la investigadora, Chihuahua presenta condiciones sociopolíticas mucho más favorables que la CDMX para visibilizar su presencia. Al respecto, las y los informantes coinciden en que algunos grupos de la sociedad chihuahuense muestran un profundo interés por “la educación como tradición”; es decir, por dar continuidad a valores que se consideran cruciales en el proceso formativo. Entre ellos destacan, por supuesto, la función de los padres como guías para orientar a sus hijos, la familia como núcleo social básico y el compromiso con una educación “verdadera” cuyos contenidos se adapten al desarrollo cognitivo de las personas. En ese sentido, se asume que quienes cursan el nivel primario no cuentan con elementos suficientes para comprender temas relacionados con la sexualidad, y que las discusiones sobre género son poco fructíferas en una sociedad cada vez más individualizada e ideologizada.

Así, las y los informantes aseveran que en Chihuahua han encontrado apoyo por parte de algunas escuelas para realizar talleres y cursos de capacitación afines a sus valores. Desde su perspectiva, el escenario en la CDMX es mucho más complejo en virtud de la cantidad de población que alberga, pero también de su diversidad y de la escasez de tiempo. Estas condiciones representan obstáculos logísticos, pues es más complicado entablar el diálogo, establecer lazos de confianza o construir espacios de convivencia con otras personas. Asimismo, las personas entrevistadas consideran que las manifestaciones en el espacio público son menos visibles en la capital de la república; su extensión geográfica hace que los canales de tránsito se diversifiquen, y la frecuencia con la que ocurren estos actos hace que se pierda la sensibilidad ante ellos.

Esto mismo es lo que explica, a ojos de quienes concedieron una entrevista para el estudio, el hecho de que la formación de alianzas resulta más sencilla en Chihuahua que en la CDMX. En ambas entidades se identifican algunos actores con demandas similares, tales como la Red Familia o el Frente Nacional por la Familia (FNF), que a su vez articula varias organizaciones laicas y religiosas que mantienen un compromiso con la defensa de la vida, la familia y el matrimonio desde una perspectiva tradicional. En el caso de Chihuahua, se identifica además un vínculo con la organización Formando Corazones, cuyo activismo se centra en promover programas educativos desde los valores, que van dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia desde el nivel preescolar hasta el bachillerato.

En palabras de sus integrantes, las iniciativas de la UNPF (y de organizaciones afines) tienen una mejor recepción en Chihuahua que en la CDMX. Esto se explica por su extensión geográfica, su densidad demográfica, la disponibilidad de tiempo y el compromiso con la educación tradicional, que parece diluirse en la segunda. Empero, los sujetos entrevistados identifican con claridad un factor adicional: el partido político que ostenta el poder local. Quienes pertenecen a la UNPF Chihuahua aseveran que suelen mantener contacto con representantes públicos y partidistas. En ese orden de ideas, reconocen la apertura de quienes han ocupado la presidencia municipal y la gubernatura en los últimos años, y enfatizan el apoyo de figuras relacionadas con el PAN y en menor medida con el PRI. Por el contrario, quienes militan en la UNPF CDMX expresan que se han enfrentado a múltiples dificultades para entablar el diálogo con las autoridades capitalinas, y que dicha situación se ha tornado aún más complicada desde la llegada de MORENA.

Como puede advertirse, aunque la UNPF es una organización que se erige en el nivel nacional, sus acciones locales se adaptan a las circunstancias específicas de cada región. El activismo de quienes la conforman en Chihuahua es conservador, pues la entidad está imbuida de una agenda política predominantemente de derechas y vinculada con valores tradicionales. Por su parte, los discursos y estrategias de acción en la CDMX son más bien cautelosas; lo cual puede explicarse por la amplitud de su diversidad ideológica y por la inclinación de los gobiernos locales al progresismo.

La información que se presenta en este apartado revela que la UNPF mantiene un núcleo de demandas consistentes a nivel nacional, pero adapta sus estrategias para posicionarse en la opinión pública en función de las necesidades y oportunidades políticas locales. En ese orden de ideas, aquí se sostiene que la UNPF habría de pensarse como una organización compleja, dinámica y heterogénea, con la capacidad de adecuarse al cambiante escenario político y social de los entornos en los que opera.

Como muchos otros objetos de estudio, la complejidad de los activismos de derechas apunta a la urgente necesidad de plantear aproximaciones académicas espacial y temporalmente situadas. Más allá de cuestionar el supuesto de que estos son inmutables en el tiempo, aquí se sugiere que sus expresiones varían ostensiblemente en virtud del nivel en el que se desarrollan; es decir, que sus demandas, repertorios y redes nacionales difieren de las locales. En ese mismo sentido, se propone que las condiciones de cada localidad inciden notoriamente en los rubros anteriores y, por tanto, en las estrategias de operación de dichos activismos. La UNPF proporciona un caso de estudio de especial interés para poner a prueba esa conjetura. Su larga trayectoria y su presencia en la totalidad de las entidades de la república permiten aprehender la forma en que opera en condiciones espacio-temporales diversas, identificando las rupturas y continuidades que le caracterizan. En este artículo se ha procurado dar cuenta de ello a través de una aproximación a los casos concretos de Chihuahua y CDMX.

En su representación nacional, la UNPF se pronuncia por la defensa de la libertad de enseñanza y la promoción de valores tradicionales, argumentando que la familia es la principal responsable en la formación integral de las personas. Este compromiso, apreciable en ambos entornos, muestra la congruencia ideológica del movimiento y su objetivo de preservar valores, reglas y estructuras que, desde su punto de vista, procuran el orden social. Ahora bien, la unidad en las convicciones y en la responsabilidad moral de quienes conforman la organización se presenta a la par de un proceso de diversificación en sus estrategias sensible a las condiciones en las que se sitúa. En otras palabras, la supervivencia de la UNPF resulta de: a) la solidez de sus demandas centrales, y b) la flexibilidad de sus repertorios de acción.

En esa lógica, la información obtenida en este estudio da cuenta de que los contextos sociopolíticos aquí referidos modelan significativamente las operaciones de la UNPF. En Chihuahua, la proximidad ideológica con el conservadurismo tradicional facilita la resonancia con sus bases e incluso la ampliación de estas. En contraste, en la CDMX, la organización se enfrenta a un escenario plural, en el que mantiene una posición menos visible. Estas distinciones repercuten indudablemente en la recepción de sus demandas y, por tanto, en sus repertorios de acción.

En este artículo se ha procurado abonar al estudio de los activismos políticos, subrayando la importancia de capturar su complejidad, su dinamismo y su variabilidad. Ello adquiere particular relevancia en el caso de los activismos de derechas en México, frecuentemente pensados como estáticos u homogéneos. El análisis de la UNPF en dos entornos urbanos arroja luz sobre la pertinencia de considerar las particularidades locales para evaluar el paisaje político nacional. Vale la pena advertir que este ejercicio constituye una aproximación preliminar al problema. Mucho queda por explorar en torno a la propia UNPF en otros espacios de operación, a la solidez de las demandas y la flexibilidad de las estrategias de otras organizaciones, y a la multidimensionalidad de las posiciones políticas tanto a nivel agregado como a nivel individual.