Abstract
This article analyzes the changes that took place in the administrative structure of Mexico City’s town council following the visit of José Antonio de Gálvez in 1765, until the enactment of the 1813 Instruction for the economic-political government of the Provinces: first by functions, then by tribunals and finally in commissions, without essentially modifying its objective of organizing and controlling the city. It studies the establishment of honorary councilors and the creation of Mexico City’s Accounts of Income from Property Rental, Arbitrations and Community Goods, and Cádiz’s first constitutional impact. Importantly, these provisions reduced the city council’s power, in order to maintain it as an administrative institution that gradually lost its faculties.
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